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El sector yerbatero es promotor de pobreza
Por Claudia Peirano Para LA NACION
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El sector yerbatero es uno de los más importantes de la provincia de Misiones. Involucra en la actualidad a alrededor de 18.000 productores (de los cuales 15.000 tienen predios de menos de 25 ha de yerba), alrededor de 16.000 tareferos (cosechadores de hoja), unos 200 secaderos y unos 100 molinos. Se puede estimar que más del 50 por ciento de las familias rurales que viven en Misiones obtiene ingresos del sector yerbatero. Por lo tanto, lo que sucede con esta actividad tiene un fuerte impacto tanto económico como social.
La actividad yerbatera se encuentra en crisis desde 1996. Después de 50 años de estar regulado, el sector dejó de estarlo, pero la desregulación no fue acompañada con las políticas públicas mínimas que permiten a un mercado funcionar eficazmente. Como consecuencia se tiene un sector donde la evasión causa estragos. Según estimaciones de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), un 80 por ciento de los trabajadores de esta industria es informal.
El sector tarefero es el más pobre entre los pobres. Una gran mayoría trabaja en condiciones deplorables; tiene ingresos de indigencia y no cuenta con protección social.
Lo peor es que arrastra a su familia con él. Los hijos son retirados de las escuelas para la tarefa y, con ello, se les coarta cualquier oportunidad futura. Esto se denomina técnicamente "transmisión intergeneracional de la pobreza". Esta situación no es nueva. Sin duda, ha contribuido a que la provincia de Misiones se encuentre entre aquellas con menor desarrollo humano -y mayor pobreza- en el país.
El efecto en el consumidor
Una retribución baja del trabajo también implica un ingreso bajo para el pequeño productor, que realiza la cosecha con su familia. El costo de la mano de obra representa más de la mitad del precio obtenido.
Además, está el efecto en el consumidor. Por un lado, éste se ha beneficiado con mejores precios del producto que podía adquirir en góndola. Pero la falta de controles bromatológicos lo exponen al riesgo de adquirir un producto de baja calidad para el consumo.
La caída del precio real de la yerba mate desde 1996 produjo una crisis en todo el sector. Por presión de los productores, este año se creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), cuyo objetivo es el de mejorar la situación del sector, estableciendo un precio "justo" y sistemas de control.
En sus primeras medidas, el INYM ha fijado un precio -que es obligatorio- por encima de lo que se estaba pagando en el mercado. Según estimaron informantes calificados, algunos secaderos e industriales han encontrado métodos para evitar pagarlo. Siendo que el sector está sobreofertado, tratar de imponer un precio mayor a los que existen actualmente en el mercado sin resolver los problemas estructurales que tiene esta industria es quimérico.
Supongamos, sin embargo, que el precio fijado se pagara efectivamente, ¿qué posibilidades existen para que esto se refleje en mejores condiciones laborales para el tarefero, en mayor seguridad alimentaria para el consumidor y en un cambio de ingresos significativos para el pequeño productor? Realmente, nulas.
¿Cómo se podría resolver está situación? El INYM podría ayudar favoreciendo un sello de "responsabilidad social".
Este sello se les otorgaría a aquellas firmas que cumplan un protocolo establecido que contemple la protección al trabajador (protección social, condiciones de trabajo adecuadas y prohibición del trabajo infantil), controles de calidad que asegure las condiciones bromatológicas del producto y sustentabilidad ambiental. El control del protocolo lo debería realizar una auditoría externa, en lo posible internacional.
Por el lado de la demanda, el consumidor debería ser educado en el siguiente criterio: al no comprar un producto con el sello de "responsabilidad social" puede estar apoyando el trabajo infantil y el mantenimiento de la pobreza extrema.
El Estado, en tanto, debería estar obligado a comprar sólo yerba certificada; de lo contrario, estaría convalidando la evasión y la informalidad laboral. Las cadenas de supermercado, además, podrían favorecer esta medida promocionando su apoyo a las empresas que sean capaces de asegurar la responsabilidad social en sus procesos.
Menor riesgo
Esto, sin duda, implicará un mayor costo para muchos. Pero siendo que el precio de la yerba se forma localmente, retribuir adecuadamente el trabajo se reflejará en un mayor precio de la yerba mate y, con ello, en mejores ingresos para los colonos. El riesgo alimentario disminuirá para los consumidores. Y el riesgo social también.
Para completar una reestructuración del sector, se debería mejorar el funcionamiento del mercado e impulsar medidas que permitan aumentar la productividad -y con ello, el ingreso- de los productores, continuando el desafío de generar nuevas oportunidades de producción rentable.
Desorganización
Afrontémoslo: el sector yerbatero -como está desorganizado- es un promotor de pobreza, no de riqueza, para la mayoría de sus integrantes. Y esto, independientemente del precio que se fije. Sin embargo, la solución está dentro del sector. Con diagnósticos objetivos, liderazgos competentes, políticas apropiadas y teniendo como objetivo el bienestar de todos, la situación se puede revertir.
De nosotros depende.
La autora es economista del Ieral, de la Fundación Mediterránea.
