Crisis laboral: solo tienen empleo pleno cuatro de cada 10 trabajadores

La mayor parte del universo de personas activas está en ocupaciones precarias o informales o en el desempleo
La mayor parte del universo de personas activas está en ocupaciones precarias o informales o en el desempleo Fuente: LA NACION - Crédito: Aníbal Greco
La informalidad y la vulnerabilidad en el mercado de trabajo son problemas de larga data sobre los que no hay debates de fondo; el impacto es sobre los derechos actuales y sobre el sistema previsional
Silvia Stang
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13 de diciembre de 2020  • 00:00

Ser asalariado y estar debidamente registrado, o hacer tareas por cuenta propia con continuidad en el tiempo y aportando al sistema de seguridad social, es una situación minoritaria en la Argentina de, por lo menos, los últimos diez años. De cada 100 personas que declaran estar laboralmente activas (es decir, trabajan o buscan trabajo), 43 están en una condición de "empleo pleno": más allá de ocupar un puesto en relación de dependencia o de desempeñarse de manera autónoma, son formales, y por ellos el régimen jubilatorio recibe contribuciones.

¿Y el resto? Según datos recientemente difundidos por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), casi 30 de cada 100 personas que integran la fuerza laboral están en situación de "empleo precario": son asalariados que no tienen descuentos jubilatorios, o bien cuentapropistas no profesionales que no están registrados, o bien patrones o empleadores que se mueven por fuera de los límites de la formalidad.

Otro 14,8% de la población activa, en tanto, está en el "subempleo inestable", haciendo tareas temporarias por las que reciben poco dinero, trabajando sin salario, o haciendo tareas como contraprestación de un plan de empleo. Y un 14,2% del universo de quienes están laboralmente activos sufre el desempleo; es decir, no tiene ocupación pero la busca y está disponible para trabajar.

Los datos surgen del relevamiento hecho entre julio y octubre de este año por la UCA y, si bien la pandemia y la cuarentena empeoraron el mapa laboral y social de la Argentina, la problemática de las elevadas tasas de informalidad y precariedad es de larga data. En 2010, el primer año de la serie del trabajo del mencionado observatorio, la tasa de empleo pleno era de 43,8%, muy similar a la de 43,6% registrada este año.

En el período, el índice más alto se dio en 2011 (45,1%) y el más bajo, en 2016 (41,4%). Así, más allá de algunos altibajos, no hubo cambios sustanciales en una realidad que afecta los derechos actuales de millones de personas y que desafía el presente y el futuro del régimen jubilatorio.

Sin que se previeran soluciones de fondo a la problemática de las personas que llegan y que llegarán a la edad de retiro sin los aportes requeridos por el sistema, en los últimos tiempos se recurrió al parche de las moratorias previsionales, que no estuvieron acompañadas por un análisis de costos y de necesidades de financiamiento. En 2016 se dispuso la vigencia de una prestación no contributiva, la PUAM que, entre los aspectos que algunos señalan como cuestiones a corregir, otorga igual nivel de ingreso mensual (el 80% del haber mínimo), sin importar si la persona nunca tuvo aportes o si, en cambio, sí los tuvo pero no llega a los 30 años exigidos para la jubilación.

Este año se observó, en comparación con 2019 y con los años previos, una caída de la participación que tienen los subempleados inestables en el total de personas que conforman la fuerza laboral (de 20,6% a 14,8%), y un incremento de la tasa de desocupación (de 10,9% a 14,2%). El comportamiento de esas variables confirma el dato que ya se había conocido por informes del Indec (referidos al segundo trimestre del año, en el que la cuarentena fue más estricta), respecto de que las restricciones dispuestas para ejercer actividades golpeó en forma mucho más fuerte a los hogares más vulnerables. Es, en rigor, lo que pasa en cada crisis.

Si se mira el segmento de la población de nivel socioeconómico más bajo, siempre según los datos difundidos por la UCA, se observa que el empleo pleno solo es una realidad este año para el 7,7% de los laboralmente activos. Y en este caso sí hubo un deterioro fuerte respecto de 2019, cuando ese índice era de 12,3% (un nivel también, claro está, muy bajo). En este grupo, el desempleo subió de 15,1% a 25,8% entre 2019 y 2020, considerando un período (julio a octubre) en el que seguían las restricciones pero había pasado ya el momento en el que más limitada estuvo la actividad.

Otra manera de observar las diferencias en la dinámica del mercado laboral que desfavorecen a los más desprotegidos, es a partir de los datos de la situación de los trabajadores según su condición de "pobres" o "no pobres". En el primer caso, la desocupación se incrementó de 17,6% a 28,3%, y el subempleo inestable cayó de 40,8% a 24,6% de la población activa, entre 2019 y 2020. Ganaron participación quienes tienen empleo pleno, pero no por un crecimiento de las ocupaciones de calidad, sino porque los trabajadores formales fueron los menos afectados, mientras que muchos de los que estaban en tareas precarias dejaron de pertenecer al universo de personas activas (sobre el cual se calculan esos porcentajes), al pasar a la inactividad laboral.

Entre los trabajadores no pobres, el desempleo se mantuvo casi sin cambios, en el 7,4%, y el subempleo inestable cayó de 12,0% a 10,1%.

El índice de desempleo, de todas formas, está impactado por las particularidades de este año. Al tiempo que hubo una muy fuerte pérdida de ocupaciones (pérdida temporaria en algunos casos y definitiva en otros), también ocurrió un incremento de la tasa de personas inactivas, es decir, del porcentaje de quienes no buscan una ocupación. Y ello, por las limitaciones para hacer tareas y también para encarar una búsqueda. Según un ejercicio de simulación hecho por los analistas de la UCA, si no hubiera estado el "efecto desaliento" entre los trabajadores, la desocupación hubiera sido cercana al 28,5%.

El relevamiento del que surgen los datos, que reflejan la complejidad de la problemática social y laboral en la Argentina, incluyó a 5728 hogares de centros urbanos con 80.000 y más habitantes.

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