El orden jurídico, en riesgo por falta de fondos

Para concretar una presentación judicial, un abogado necesitaba saber si un cheque era o no endosable. Llamó a un colega para consultarlo, quien a su vez acudió a un estudio de especialistas en derecho comercial. La respuesta fue curiosa: "Para estar seguro, andá mañana al banco y preguntale al cajero".

La anécdota real ilustra el estado de confusión en que se encuentran las normas argentinas, superpuestas y contradictorias. Para poner orden, una ley dispuso la realización de un Digesto Jurídico Argentino, es decir, la recopilación ordenada de todas las leyes, decretos, normas y disposiciones. La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ganó en 1999 la licitación para elaborarlo.

Ahora, el proyecto, que lleva 22 meses de trabajo, corre el riesgo de quedar inconcluso: el Ministerio de Justicia, encargado de proveer mensualmente los fondos, no los entrega desde enero último, cuando envió el dinero correspondiente a julio de 2000.

"Han pasado años de legislación desordenada. Vivimos un estado de inflación legislativa, con normas que se dictan una sobre otra", resumió Atilio Alterini, director del proyecto en la facultad. La Argentina tiene unas 25.000 leyes, de ellas se calcula que hay casi 4000 vigentes.

"Ni los jueces ni los abogados conocen a ciencia cierta la legislación vigente", disparó Daniel Altmark, coordinador ejecutivo del proyecto. A él le preocupa "la enorme inseguridad jurídica del sistema, que perjudica las inversiones extranjeras. Las áreas con mayor desorden son los temas impositivos, de aduana, lo vinculado al sistema financiero y las disposiciones del Banco Central".

Los primeros fondos del proyecto se usaron para la construcción de un espacio que centralizara el trabajo: un conjunto de ambientes y oficinas en el tercer piso del edificio de la avenida Figueroa Alcorta.

Durante los primeros 16 meses trabajaron los equipos técnicos. "Un equipo de analistas legislativos leyó todo el Boletín Oficial desde 1853 hasta hoy, día por día", contó Altmark. Clasificaron todas las normas en 26 áreas -Derecho Administrativo, Aduanero, Bancario, monetario y financiero, Civil, Comercial, Constitucional, Penal, Recursos Naturales, Seguridad social, entre otros- y determinaron las relaciones de cada norma con otras (si deroga alguna o es derogada por otra, por ejemplo). En total, ya tienen 45.000 normas registradas y organizadas. La segunda etapa, ya en marcha, reúne a equipos académicos de cada especialidad.

Según el contrato, el trabajo terminado -una base de datos en soporte informático- debe estar listo el 31 de enero de 2002 para ser revisado por un equipo de especialistas del Ministerio de Justicia y luego enviarse al Congreso para su aprobación.

Sin embargo, el final del proyecto permanece incierto. El Ministerio de Justicia se comprometió a aportar $10 millones, que se pagarían a la facultad en cuotas mensuales, previa demostración de que una cantidad determinada de normas se había revisado ese mes. Sólo una cuota se pagó en término. Los atrasos comenzaron en noviembre de 1999 . El total de la deuda, sumando intereses, llega a $ 2.300.000.

"La facultad sostuvo el proyecto con recursos de su presupuesto y con lo que fuimos ahorrando de los primeros pagos", dijo Alterini. Según el decano, Andrés D’Alessio, "el Estado ya invirtió en el proyecto, que está avanzado en un 60%. Pero no sabemos si vamos a poder continuarlo."

En el Ministerio de Justicia admitieron los atrasos, pero aseguraron que "la financiación no se va a interrumpir. Son las demoras derivadas de la reducción y reasignación de gastos. Estamos trabajando para solucionarlo", dijo a LA NACION Juan Antonio Travieso, asesor del secretario de Justicia, Melchor Cruchaga, a cargo del proyecto.

Por Raquel San Martín

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