Trabajadores estatales: el ranking de las provincias donde el empleo público supera al privado

No son pocas las provincias argentinas donde el número de personas con empleo público supera al de empleados del sector privado registrado. Aunque las disparidades son muy marcadas entre una punta y otra de la Argentina, algo en parte explicado por las altas tasas de informalidad que hay en ciertos distritos, es un debate que vuelve a reavivarse en épocas de elecciones a gobernador y la dependencia que eso puede generar de cara a los comicios. Un círculo vicioso que se fue retroalimentando con las reiteradas crisis económicas y que la única forma de cortar, según los economistas, es con mayores incentivos para la creación de puestos en la actividad privada.

A nivel nacional, el 37% de los asalariados registrados desarrolla sus actividades en el sector público, según los últimos datos disponibles del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) e incluyendo a las provincias que tienen cajas previsionales propias para su empleo estatal. El número contempla tanto a empleados nacionales, como provinciales y municipales. Y en algunas provincias la mencionada relación se duplica.

El primer lugar lo ocupa Formosa, donde el 70% de los empleados con aportes tiene un puesto estatal. Las otras provincias que completan el ranking y tienen más empleo público que privado registrado son La Rioja (67%), Catamarca (65%), Santiago del Estero (61%), Jujuy (59%), Chaco (56%), Misiones (55%), Corrientes (52%) y San Luis (50%).

“En las provincias hay un problema estructural. El empleo público, ¿es causa o consecuencia de las reiteradas crisis económicas? Se podría decir que los dos. Tener un Estado grande y sin financiar nos lleva a un estancamiento de la economía, a la inflación actual. Pero también es respuesta, porque a la falta de oportunidades y de desarrollo productivo real, en muchas provincias la salida a la crisis se convirtió en la creación de empleo público. Es un círculo vicioso que se retroalimenta, con pocos incentivos a desarrollar el empleo privado en las provincias, y que termina teniendo un componente político que no es menor”, analizó Milagros Gismondi, economista de Empiria Consultores.

Una aclaración: los datos son sobre el empleo en blanco. Por lo que, en parte, las diferencias abismales podrían deberse a que esas provincias registran altas tasas de informalidad. De acuerdo con un estudio que realizó Ieral sobre la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el 45,5% de la economía argentina se encuentra no registrada. Pero en Chaco esa cifra asciende a 63,8%; en Salta, a 61,1%, y en Jujuy, 60,4%. Hecha esa aclaración y siguiendo con los datos del Ieral, en 13 de las 23 provincias argentinas el empleo público supera al empleo privado formal.

“Hay mucha disparidad en la producción del PBI Nacional. A partir de ahí, uno puede intuir por qué hay una mayor proporción de empleo público. Por ejemplo, Capital Federal produce el 22%, la provincia de Buenos Aires un 30% y Córdoba, 8%. Pero después hay un montón de otras provincias que no aportan ni el 1% del PBI”, señaló Matías de Luca, economista de LCG.

No obstante, al analizar qué ocurrió durante los últimos diez años, en casi todas las provincias argentinas aumentó más la cantidad de empleo público que el número de puestos en el sector privado. Mientras que en Tierra del Fuego el trabajo privado cayó un 3%, el estatal aumentó en un 49%. Un caso similar al de San Juan, donde el empleo registrado privado se contrajo un 7%, pero la cantidad de trabajadores del Estado ascendió en un 27%.

“Ocurre que el empleo privado formal está prácticamente estancado desde 2011, en términos de la población. Y el empleo público crece inercialmente, especialmente en jurisdicciones más dependientes del gobierno nacional y menos creyentes en la economía del sector privado”, consideró Marcelo Capello, economista de Ieral.

En la última década, solo en tres provincias se dio la relación inversa: Catamarca (20% privado versus 18% público), Córdoba (6% versus 4%) y Neuquén (37% versus 34%). “Es sorprendente cómo en el último año creció el empleo privado en Catamarca (+20,3% interanual). El gobernador generó mecanismos de incentivos, con exención de impuestos y el desarrollo de sectores como el litio, que se convirtió en modelo”, destacó Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Hay otras maneras de medir el empleo público en las provincias. La Bolsa de Comercio de Córdoba llegó a la conclusión de que mientras mayor sea el nivel de transferencias per cápita que ejecuta la Nación hacia las provincias, mayor es el nivel de ocupados en la administración pública cada 1000 habitantes.

Según los últimos datos disponibles, en este caso el ranking es liderado por Tierra del Fuego, con 125 empleados estatales cada 1000 habitantes. Le siguen Catamarca (con 113), La Rioja (109) y Neuquén (106). En el otro extremo está Córdoba (34 empleados públicos cada 1000 habitantes), Buenos Aires (36) y Santa Fe (40).

“En las provincias más grandes, inclusive Mendoza (46 por cada 1000), la relación es más baja porque son provincias muy pobladas. En cambio, en las que más empleados públicos hay son lugares más bien despoblados. Pero, aun así, la tendencia general es que el empleo estatal ha ido creciendo en los últimos años, cuando en realidad la relación debería quedar estable frente al crecimiento poblacional”, agregó Ariel Barraud, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Para Gismondi, la ley de coparticipación no genera “los incentivos correctos”. Se creó el 1° de enero de 1988 como un régimen transitorio de distribución de recursos entre la Nación y las provincias, pero nunca se cumplió con las actualizaciones previstas en la reforma constitucional de 1994.

“Hoy, las provincias que más reciben coparticipación en relación con lo que aportan, son las que más empleo público tienen. En vez de obligarlas a desarrollarse productivamente, poder recaudar más y así tener autonomía, esa plata sirvió para hacer crecer al Estado”, remarcó. El consenso fiscal firmado en 2017, durante el gobierno anterior, había buscado cambiar esa dinámica. Pero ese objetivo fue quedando en el olvido en los últimos años.

La paradoja del empleo público y el superávit fiscal

En los últimos diez años, la planta de asalariados del sector público registró un crecimiento del 26,5%, según un informe de Argañaraz. De un nivel inicial de 2.707.000 trabajadores en enero de 2013, actualmente hay 3.423.000. Una cifra que, incluso, aumentó 17,4 puntos porcentuales por encima del crecimiento poblacional.

Sin embargo, se dio una paradoja: en los últimos años, algunas provincias empezaron a registrar superávit fiscal. Esto se explica por la caída en términos reales que tuvo el valor de los salarios de los trabajadores estatales, producto de la inflación. Aunque las provincias y la Nación siguieron recaudando más vía impuestos, en términos nominales, el ajuste del presupuesto llegó por salario y la consecuente pérdida de poder adquisitivo.

“Teniendo en cuenta el tamaño relativo de la economía, el sector público argentino gastó en 2022 un 2% del PBI menos en salarios públicos que lo que debería haber gastado en caso de tener una planta de personal un 13% inferior (lo cual hubiera significado seguir la tasa de crecimiento poblacional desde 2013) y un salario real un 25% mayor al actual (un mantenimiento del salario real de 2013)”, advirtió.

En el mismo sentido, apuntó Gismondi, quien agregó que el 14% de los empleados formales públicos se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Es decir, a pesar de trabajar para el Estado, sus ingresos son insuficientes para comprar los bienes y servicios mínimos que se necesitan para satisfacer las necesidades básicas.

“Está claro que se necesita el empleo público para el desarrollo de varios bienes y servicios. Policías, maestros, investigadores, médicos. Pero no es un modelo que se pueda seguir, más allá de la viabilidad política que encuentran para asegurar ciertos votos. Hay que desarrollar al sector privado, que es el que tracciona la economía, porque con el esquema actual perdemos todos”, concluyó la economista.