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Empresas en crisis. Los motivos que frenan una avalancha de concursos
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Las señales de auxilio de un sector privado endeudado y casi sin ingresos por la cuarentena total empezaron a aparecer de a poco. Cheques rechazados en aumento,defaults de deuda corporativa y acuerdos con los trabajadores. Pero, hasta el momento, hay pocas noticias del proceso judicial que había vuelto con fuerza en los últimos años por los problemas financieros en las empresas: el concurso de acreedores.
Lejos de lo que ocurre en Chile donde, por ejemplo, la compañía Enjoy, que maneja el exConrad en Punta del Este, se presentó en un proceso judicial de este tipo, en la Argentina no hubo muchas noticias de concursos de acreedores más allá de la luz verde para que se tramitara el primer procedimiento remoto de este tipo para una minera con inversiones en Neuquén.
Para esto, hay una primera razón más evidente: los tribunales están en feria judicial y solamente atienden casos urgentes. Las compañías que estaban pensando en presentarse a un concurso para sanear sus finanzas y poner sus deudas al día todavía están expectantes respecto de las medidas que tomará el Gobierno para morigerar el impacto de la cuarentena total.
Los estudios contables y de abogados alegan que reciben varias consultas por día, "consultas 'por las dudas'", dicen, pero que todavía recomiendan esperar. Esto no es 2001, cuando explotaron los acuerdos extrajudiciales para renegociar deudas en dólares. No es un problema financiero: las empresas tienen un problema operativo, de flujo de cajas. Y es difícil que un concurso lo resuelva: es más, hasta lo puede agravar.
Algunas precisiones sobre los concursos: ante todo, son una herramienta defensiva para evitar la quiebra y renegociar deuda con AFIP, bancos o proveedores y de costos operativos. Pueden llevar de 12 a 18 meses -si hay buena predisposición del deudor y de los acreedores- y son caros. Se necesitan como mínimo $300.000 para ponerlo en marcha, estima la contadora Silvia Gómez Meana, presidenta de la comisión dedicada a concursos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Los gastos de un concurso incluyen la publicación de edictos en diarios y la intervención de al menos cuatro profesionales: abogado, contador, síndico y escribano (o martillero, en el caso de que el proceso derive en una quiebra).
"Por ahora, no hay una avalancha de concursos porque la ley actual no está contemplando lo que necesitan las pymes en cuestiones de costos y de plazos", resume Gómez Meana. Por el momento, resistirán a pesar de que los datos demuestran que no están en su mejor momento: los últimos datos de Nosis dan cuenta de 228.225 cheques rechazados en abril, un 650% más que en enero. Es decir, de una cadena de pagos rota.
Los abogados y contadores consultados por LA NACION coinciden en que, en este momento extraordinario, lo más probable es que los acreedores no salgan corriendo a reclamar las deudas que tienen con ellos, por lo que los concursos probablemente no se vean en los próximos meses, aun cuando los tribunales estén funcionando con normalidad.
El abogado transaccional José Martínez de Hoz, del estudio MHR, lo ejemplifica con el caso de los bancos: "Le están poniendo el pecho a la situación y acompañando a sus clientes, porque tienen muy claro que este es un problema transitorio de liquidez que en muchos casos las compañías no han tenido nunca; no tendría sentido ahorcar aún más a las firmas que hoy están con el agua hasta el cuello", señala.
En el caso de los bancos, los especialistas coinciden en que el nivel de morosidad aún no es lo suficientemente alto como para que tengan que salir a pedir quiebras de manera masiva. La deuda con AFIP, suponen, se canalizará a través de planes de pago ("nadie va a concurso solamente por deuda con el fisco", dicen los que saben) y la de proveedores y de costos operativos se resolverá, estiman, con la cautela que le imprime el contexto de pandemia global.
Este es el escenario en lo inmediato y para quienes tengan que resolver deudas con cierta urgencia: los abogados coinciden en que los deudores podrán apelar a la buena fe de los acreedores. El año que viene, 2021, suponiendo que la pandemia quedó atrás, ya es otra historia.
"Un concurso es vergonzoso"
En este contexto, estima Fernando Hernández, socio de Marval, O’Farrell & Mairal especializado en insolvencia y reestructuraciones, los concursos podrían no ser suficientes. Al problema de caja por la pandemia, se le sumarían las dificultades propias de un proceso de esta índole, detalla.
"Históricamente, cada vez que una empresa entra en un proceso de insolvencia, si bien tiene beneficios como dejar de pagar la deuda preconcursal automáticamente, se queda sin crédito hacia adelante", explica.
No hay que olvidar que un concurso de acreedores, al menos en el mundo de los negocios tal como lo conocíamos antes de la pandemia, tiene mala prensa. Así lo explica el contador Miguel La Vista, del estudio La Vista Casal: "Cuando las empresas operan en un mercado chico, donde muchos se conocen, una pregunta que opera antes de concursarse es ‘¿cómo voy a quedar yo?’ o ‘¿qué va a pensar la gente?’; es el miedo a quedar expuesto porque dirigiste mal tu firma y por eso llegó a ese punto, aunque seguramente se termine por estas circunstancias".
Además, detalla, históricamente se modifica la relación con quienes están cerca de la compañía: por ejemplo, hay proveedores que pueden decidir dejar de transaccionar con la empresa o pedir pagos por adelantado.
Esa situación podría desalentar la presentación en un momento en el que no se sabe cuándo volverá a crecer la economía y a recuperarse el consumo. Se suma otro riesgo: si un deudor está en proceso de consumo, cualquier reclamo de una deuda postconcursal lo llevará a la quiebra automáticamente, explica Hernández.
Alternativas low cost
La crisis de 2001 dejó lecciones en lo que respecta a concursos de acreedores, por lo que la pandemia también podría dar origen a otras alternativas. Por aquel entonces se popularizaron los APE, los acuerdos preventivos extrajudiciales. Estos procesos llevan unos seis meses y requieren acordar con la mayoría de los acreedores para poder avanzar, pero la idea es, como en el concurso, evitar la quiebra, pero de manera exprés.
En ese sentido, hay proyectos en el Congreso para que se agilicen los trámites, con nuevas figuras que llevarían unos 180 días y que prometen ser más baratas -aunque aún no está claro cómo-, y otros para que no se corte el crédito durante un proceso de insolvencia. Sobre este último punto, hay ejemplos en otros países: Hernández explica que en Estados Unidos, por caso, existe la herramienta del DIP financing o financiamiento al deudor que está en un proceso de bancarrota.
Uno de los proyectos es de Juntos por el Cambio; se presentó la semana pasada y ya está siendo tratado en comisiones. Pretende crear el "PRES" o Procedimiento de Reestructuración Empresaria Simplificada.
Fernando Zoppi, del estudio MHR, asegura que recibe muchas consultas de parte de sus clientes, pero que son consultas que tienen el acento en una instancia anterior al concurso. "Siempre se termina colando como último punto", afirma. El APE, del que no se escuchaba hacía muchos años, está de nuevo en la mesa. "Pero la situación actual se resuelve por esfuerzos entre los privados que traten de evitar llegar al APE o al concurso", apunta.
De todas maneras, si la avalancha de concursos finalmente llega, ya sea en el segundo semestre o en 2021, Hernández dice que probablemente tenga final feliz. "En la Argentina es mejor ser deudor que acreedor, porque la Justicia es pro-negocios y va a querer evitar la quiebra", cierra.
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