En agosto se achicó 9% la deuda pública por el pago de préstamos y la falta de acceso a crédito nuevo

Sin acceso al crédito y por la obligación de precancelar algunos de los préstamos recibidos de bancos internacionales, la deuda pública nacional registró una importante baja, mayor al 9%, entre julio y agosto: cayó de US$339.416 millones a US$307.750 millones.

El dato, que surge de la actualización que cada mes realiza la Secretaría de Finanzas de la Nación del pasivo total en situación de pago normal, implica el menor monto desde mediados de 2017, cuando había llegado a US$307.300, tras la fuerte expansión que significó la regularización de la deuda que se mantenía en default y tenía sentencia de pago, y las recurrentes emisiones que hizo la administración Macri para financiar un déficit que no bajaba de los 5 puntos del producto bruto.

A la baja en el total del pasivo, según la información preliminar oficial, también aportó la sostenida devaluación del peso que "licúa" el peso de la deuda pública emitida en esa moneda a los fines de esta estadística que se realiza en dólares. Vale recordar que el tipo de cambio saltó $45 a $60 tras las PASO del 11 de agosto.

Sin embargo, el principal aporte viene de la cancelación obligada de los préstamos que el Tesoro Nacional había recibido de un consocio de bancos internacionales, quienes ejecutaron su opción de cobro anticipado por el castigo que recibían los bonos de la deuda argentina: esa cancelación anticipada, contemplada en el contrato de financiación, permitió rescatar bonos por un valor nominal de US$12.800 millones.

La información oficial detalló que en esa operación se rescataron US$5948 millones en Bonar 2024, US$4019 millones en Bonar 2025 y US$ 2842 millones en Bonar 2037. Para poder hacerlo, el Tesoro tuvo que desembolsar a fines de agosto US$2615 millones, que, al eliminar los intereses a pagar a futuro, significó una baja de la deuda cinco veces mayor, pero significaron una erosión importante para las reservas del Banco Central (BCRA).

La información actualizada no capta el "reperfilamiento" parcial de los vencimientos de la deuda local de corto plazo (Letes, Lecaps, Lecer y Lelink en manos de personas jurídicas), porque la medida fue anunciada precisamente a fines de ese mes. Esa maniobra extiende plazos de pago y supone traspasarle a la nueva administración obligaciones por unos US$13.000 millones que debían ser canceladas antes del fin del actual mandato presidencial.

Esa decisión, y el cierre total de los mercados que derivó de ella, hace que el Estado se vea obligado a realizar todos los pagos que no puede refinanciar (lo hace sólo con los organismos oficiales, mediante colocaciones directas y sin cotización de mercado), una especie de ajuste por las malas y con fuerte impacto sobre la economía, pero que provoca una baja del pasivo total.

La deuda pública total creció en US$67.000 millones (28%) desde diciembre de 2015 (cuando estaba en US$240.000 millones en total, aunque había US$17.962 millones en condición irregular) a la fecha.