1
Exceptuados. Cuánta gente puede salir a trabajar en la cuarentena total
1 minuto de lectura'
LA NACIONPaula Urien
Alrededor de cuatro millones de personas están exceptuadas de cumplir con la cuarentena. Se trata de una cifra estimada que no contempla aquella población de riesgo que está en estos sectores y que debe quedarse en su casa, y tampoco aquellos que trabajan de manera informal y que no están contabilizados en los registros oficiales, pero que cumplen tareas "esenciales" (aunque es difícil para ellos probarlo).
Los números del empleo establecen que hay, según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA (Odsa), 45 millones de habitantes, con una Población Económicamente Activa (PEA) de 18 millones a nivel urbano, de los cuales 12 millones están registrados. El 26% de la PEA tiene un trabajo precario sin seguridad social, 20% son trabajos inestables, como changas, y hay un 10% de desocupados.
El empleo informal no está debidamente registrado y por ello no se puede hacer un seguimiento fehaciente de su actividad. Con respecto al resto, sobre unos 6 millones de trabajadores que están en el sector privado formal, hay 2,3 millones que están exceptuados de realizar la cuarentena, según el análisis de Nuria Susmel, economista de FIEL, y también del economista de la consultora Orlando Ferreres, Fausto Spotorno. Esta cifra es en base al Boletín de empleo registrado, la última apertura del mercado laboral del sector privado formal de 2018. Son una 63 categorías y se toma la totalidad de personas que trabajan en ellas, aunque puede ser que algunas estén trabajando en forma remota.Sin embargo, para Juan Luis Bour, economista senior de Fiel, hay que tener en cuenta que muchas empresas y personas no tuvieron tiempo de ajustarse a un sistema de teletrabajo. "Hay quienes no tienen una infraestructura adecuada para muchas cuestiones del trabajo remoto. Para empezar, se necesita una buena conexión, cosa que no siempre ocurre", sostuvo. Hizo referencia a lo que sucede en los servicios públicos, por ejemplo, donde "no hay un ambiente de negocios que permita la expansión de los servicios públicos de una manera competitiva, por lo que toda la inversión queda relegada".
Concuerda Spotorno: "El problema de la Argentina es que no se venía trabajando en el tema del teletrabajo. No había casi nada...En los organismos oficiales todavía te piden el sello, la firma etc. Todas cosas que son presenciales". Como consecuencia, hay quienes están exceptuados de la cuarentena, pero podrían trabajar desde sus casas, y no lo hacen.
En materia de informalidad, "hay 7 millones de personas que van a ver sus ingresos disminuidos en estos días. Se está haciendo un ajuste en el sector privado porque no se baja la carga tributaria, mientras que el sector público gasta más", agrega Bour.
Entre el 30% y el 40% de la economía es informal, según los números que maneja Spotorno. Aquí se juega entonces otro inconveniente, y es que la gente que trabaja en este sector de la economía no tiene cómo probar que cumple una función "esencial", aunque lo haga y tiene inconvenientes para acercarse a su lugar de trabajo.
Por su parte, Bour estima que más de la mitad del sector público, que tiene 4 millones de empleados, está trabajando, algunos en temas administrativos que no tienen la tecnología para el trabajo remoto.
Además, según datos del Cippec de 2015, hay por lo menos 680.000 trabajadores en Seguridad y Defensa y 450.000 en el ámbito de la Salud en el sector público.
Quiénes pueden trabajar
Según el artículo 6° del DNU firmado por el presidente Alberto Fernández, quedan exceptuadas del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de circular, "las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia".
Son, entre otras, Personal de Salud, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico aéreo. También autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades. Personal de justicia, diplomático, prensa, quienes deban asistir a personas con discapacidad, quienes trabajan en la obra pública, en el agro y la pesca, entre otros.
