Fondo del Bicentenario, una nueva deuda con el federalismo
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En el marco de los clásicos e irresueltos debates respecto del federalismo argentino, el recientemente creado y polémico Fondo del Bicentenario viene a sumar una nueva deuda en la materia.
Probablemente esta cuestión haya pasado desapercibida, ya que la posibilidad de federalizar el fondo no ha sido abordada seriamente por ninguno de los principales referentes políticos del país y hasta el momento no se ha producido un debate entre los principales especialistas.
Por el contrario, los enfrentamientos entre oficialismo y oposición, caracterizados más por la crispación que por la búsqueda de propuestas sólidas respecto de la política implementada por el Gobierno para pagar la deuda externa del Estado nacional, han centrado el eje sobre si es correcto o incorrecto utilizar las reservas del Banco Central para tales fines.
No es el objetivo de estas líneas tomar partido en este entrevero. Sin embargo, sí queremos señalar que ni los promotores ni los detractores del Fondo del Bicentenario parecen advertir que la problemática del endeudamiento y del financiamiento no sólo atañe a la Nación, sino también al conjunto de las provincias y municipios. En otras palabras, al sector público argentino en su totalidad. De hecho, se calcula que el déficit consolidado de las provincias ascenderá en 2010 a $ 11.000 millones, mientras que la deuda fue, en 2009, superior a los $ 90.000 millones. Por supuesto que coexisten situaciones muy diferentes, con provincias que tienen elevados déficit, deudas y proyecciones preocupantes, y otras que cuentan con finanzas públicas más equilibradas y con menores urgencias.
Quienes apoyan el pago de la deuda con reservas afirman que esa política permitirá el retorno de la Argentina a los mercados voluntarios de crédito a la vez que disminuirá el costo del financiamiento del Estado nacional y, por esa vía mejoraría también el acceso al financiamiento de las provincias a mejores tasas. Ahora bien, el hecho de que dichos beneficios vayan a derramarse hacia las provincias no constituye hasta el momento ninguna certeza.
Un panorama dispar
El sentido común nos indica que no necesariamente las provincias accederán a nuevas líneas de financiamiento a tasas razonables, más aún teniendo en consideración la complicada situación fiscal que están atravesando y que se prevé para 2010, salvo contadas excepciones. Además, de ocurrir, nada asegura que el acceso a los mercados voluntarios de crédito se encuentre disponible para todas las provincias por igual.
En otras palabras, si se produce una nueva reestructuración de la deuda soberana del Estado nacional y ello conduce a una reducción de las tasas de interés para financiar el déficit público de manera conjunta con el acceso a los mercados internacionales voluntarios, esto no necesariamente ocurrirá con cada una de las provincias. Entonces, ¿cuál sería la situación de las jurisdicciones subnacionales si tras la implementación del Fondo del Bicentenario y el canje de la deuda en default continuaran sin acceder a los mercados de crédito?
Al observar esta problemática desde una perspectiva federal, debemos preguntarnos por qué no podrían utilizarse las reservas excedentes de libre disponibilidad para saldar tanto los compromisos de deuda soberana como los provinciales. Claramente, una respuesta maliciosa a esta pregunta podría afirmar que esto generaría incentivos para que los gobiernos provinciales se endeuden sin velar por la sustentabilidad de los compromisos asumidos ya que, en caso de que se presentasen problemas para honrar la deuda, contarían con las reservas para hacerlo. Si bien ello podría eventualmente suceder, el mismo razonamiento puede aplicarse al gobierno nacional.
En este marco podría pensarse que los legisladores buscarán pisar sobre tierra firme y negociar recursos ciertos como contrapartida de votos a favor del Fondo, en lugar de recaer sobre promesas inciertas de acceso a los mercados. De hecho, algo de esto es lo que han tratado de poner sobre la mesa algunos sectores de la oposición (mediante intentos seductores de coparticipación del impuesto al cheque, regulación de los ATN, entre otras cuestiones). Sin embargo, una situación en la que las reservas son utilizadas no sólo para cancelar deuda nacional, sino también para atender la situación de las provincias (en forma directa y no como posible palanca para el acceso a los mercados financieros), no es lo que hasta aquí parece haber quedado claro.
En ese caso cabe preguntarse cuánto será el monto total de recursos afectados y cómo se distribuirá. Ambas cuestiones son relevantes tanto desde el punto de vista económico como del político.
En cualquier caso, así como la matriz impositiva argentina lesiona la estructura federal argentina, condenando a las provincias a depender de los recursos que discrecionalmente les conceda el Estado nacional, la conformación del Fondo del Bicentenario podría agregar una nueva deuda pendiente en materia de federalismo. Por lo tanto, en el marco del fragor del debate suscitado por ese Fondo resulta imprescindible que emerja la problemática de la sustentabilidad de la deuda provincial para comenzar a construir un consenso entre autoridades nacionales y provinciales para resolver esta cuestión y, probablemente, para comenzar a encarar los irresueltos problemas de la coparticipación.
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