Fondos reservados. A dónde va la plata que se destina al espionaje

Los anuncios de alto impacto político pueden resultar menos trascendentes puestos en una planilla de cálculo y contrastados con la contabilidad del Estado. Es una aproximación posible al proyecto del presidente Alberto Fernández de retirarles los gastos reservados que hoy tiene el espionaje argentino para aumentar las partidas de su plan contra el hambre.

Fernández aseguró ayer ante la asamblea legislativa que los fondos reservados de los espías "no solo dejarán de ser secretos, sino que serán reasignados para financiar el presupuesto del Plan contra el Hambre en Argentina".

El Presidente no dio detalles sobre los recursos en juego, aunque hizo la mención cuando anunciaba la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el organismo que nuclea la mayor parte del espionaje en el país.En la práctica, todos los fondos que maneja la AFI, hasta ayer en manos de Gustavo Arribas, son reservados. Eso ocurre desde 2016, cuando el expresidente Mauricio Macri les devolvió el carácter secreto a los recursos de los espías. Lo hizo a través del decreto 656 del 6 de mayo, que ayer fue denostado por su sucesor.

Fieles a su trabajo furtivo, los espías no suelen dar precisiones sobre sus tareas ni sobre el destino de los fondos, por los que hay escasa documentación al respecto. Dejan sus huellas en unos pocos papeles del Estado.

Según la denominada Cuenta de Inversión, una enciclopédica memoria que la Casa Rosada le envía cada año al Congreso, el presupuesto de la AFI el año pasado fue de $2.178,7 millones, que gastó casi todo para reunir y analizar información "referida a los hechos, riesgos y conflictos que afectaron la Defensa Nacional y la Seguridad Interior, a través de los Organismos que forman parte del Sistema de Inteligencia Nacional". Poco más de uno de cada dos pesos fueron a pagarles a sus empleados.

Con esa plata, la AFI produjo inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos relativos al terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, los ciberdelitos y "atentatorios" contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra poderes públicos y el orden constitucional, según describe el organismo.

Para el año próximo, el gasto previsto en inteligencia por la gestión de Macri superaba los $10.100 millones (la cifra incluye los recursos de la AFI, pero también de otros organismos). Es el equivalente, a modo ilustrativo, a casi 718.000 jubilaciones mínimas o 1336 departamentos de dos ambientes según el precio promedio en la Ciudad de Buenos Aires.

Difícilmente Fernández se haya referido como fondos reservados a la totalidad de los gastos de la AFI, porque destinar esas partidas a la lucha contra el hambre implicaría el final del organismo superior de inteligencia. Después de todo, una política pública comienza con su presupuesto.

Dentro de los gastos de los espías hay otro ítem mencionado específicamente como "gastos reservados". Se trata de la partida 3.9.2, que posiblemente resulte diezmada.

En un contexto de austeridad, el presupuesto enviado este año al Congreso por el exministro de Hacienda, Hernán Lacunza, les asignó a los gastos reservados en Inteligencia $1.540,8 millones, según información proporcionada por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).

Si bien Fernández anticipó que no tomará en cuenta ese presupuesto, es la última referencia sobre el tema. Por mucho, los mayores beneficiados con los gastos reservados eran los miembros de la AFI, con $1471,2 millones (el 95% del total, que representa más de 100 jubilaciones mínimas, para poner un ejemplo), pero no eran los únicos.

Aunque no todos lo saben, hay otros organismos que hacen espionaje. Estaba previsto que la Armada tuviera más de $5 millones para esa tarea, la Fuerza Aérea, $2,5 millones y el Ejército, $7,4 millones, con un 0,48% del total.

También estaban contemplados $9,5 millones para el Ministerio de Defensa y otros $45,1 millones para el de Seguridad.

El caso del Ejército merece una mención aparte. Si bien es el organismo más favorecido entre las tres fuerzas militares, ha perdido terreno con respecto a las épocas de Cristina Kirchner.

Cuando el kirchnerismo echó de a ex Secretaría de Inteligencia a su jefe de Operaciones, Jaime Stiuso, y reconvirtió al organismo en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) al mando Oscar Parrilli, comenzó un cambio en el uso de los recursos. Por caso, según una recopilación de LA NACION, en 2008 el Estado destinó $ 661,24 millones a tareas de inteligencia. La Secretaría de Inteligencia se llevó el 62% de los recursos, mientras que el gasto total del Ejército en ese rubro representó el 13% de esos fondos.

Desde ese momento, los espías dirigidos por Stiuso comenzaron a perder terreno en la participación total del gasto para espionaje, mientras que el Ejército fue en aumento. El año 2013 -el polémico exjefe del Ejército, César Milani , asumió su conducción en esa fecha–fue clave, ya que nunca en los nueve anteriores el Ejército tuvo tanta participación para espionaje. Alcanzó el 25% de los fondos, mientras que los espías tradicionales redujeron su porción hasta el 40%, algo que se sostuvo el año siguiente.

El paso de Patricia Bullrich por Seguridad volvió a cambiar los números. Las previsiones para el año próximo indicaban que un 36% caería en manos de la AFI, un 17% iría para Gendarmería, un 16% para la Policía Federal y un 11% para el Ejército. Cerraban la lista la Fuerza Aérea, la Armada y el Ministerio de Defensa.