Impuesto a las Ganancias: por qué sube el peso sobre los salarios y qué puede pasar en 2021

Con un salario bruto promedio mensual de $90.000 en 2019, un empleado que declara deducciones por dos hijos (y no por su cónyuge, quien tiene ingresos propios) pagó ese año en concepto de impuesto a las ganancias, un monto equivalente al 5,5% de su sueldo neto de descuentos a la seguridad social. Concretamente, tributó $49.008 en el año ($4084 por mes, en promedio), cifra que surge de incluir en la base de cálculo los ingresos de los 12 meses y el aguinaldo.

Con un ingreso equivalente en términos de poder adquisitivo se tributa, en el actual 2020, una tasa efectiva del 7,9%. Es decir que el descuento en la práctica será de casi dos puntos y medio porcentuales más en comparación con el del año previo. Esta última tasa efectiva de Ganancias corresponde a un salario mensual promedio de este año de $126.630, que es el número resultante de sumarle a los $90.000 el 40,7% de inflación que hubo en el período interanual al mes de agosto. En este caso, el descuento por la obligación tributaria será en todo el año de $100.120 ($8343 por mes, en promedio).

El ejercicio descripto en los párrafos anteriores muestra los efectos que tiene, en cuanto a un incremento de la presión impositiva, la insuficiente actualización de las variables que definen quiénes pagan Ganancias y con qué alícuota. Según lo que establece la normativa, el reajuste del llamado mínimo no imponible y de los valores de la tabla que definen qué alícuota se aplica, se hace cada año considerando la variación interanual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).

Los datos de referencia para el cálculo son los correspondientes a los dos últimos meses de octubre. Por ejemplo, para determinar el esquema de Ganancias de 2021 deberá tenerse en cuenta la variación ocurrida entre el décimo mes de 2019 y el mes en el que estamos ahora.

Con esa dinámica, cuando los salarios avanzan menos que la inflación, se produce una mayor carga fiscal sobre ingresos de igual o incluso de menor poder adquisitivo.

Otro ejemplo indica que un asalariado con un ingreso promedio bruto mensual de $70.000 en 2019 (el monto incluye el proporcional del aguinaldo), tributó en promedio $1534,7 mensuales, un 2,6% del sueldo neto. Alguien con un salario de igual poder adquisitivo (actualizado en función de la inflación interanual a agosto último), pagará este año por Ganancias el equivalente al 5,2% de su salario neto. En el caso de alguien que deduce cónyuge y dos hijos, con una remuneración promedio de $90.000 en 2019 tenía un descuento impositivo equivalente al 3,3% del ingreso neto, mientras que con $126.630 de salario promedio este año, la carga alcanzará el 5,2%.

En el caso en particular de este año, el salario mínimo no imponible subió solo 20,2% en comparación con el que rigió en 2019, un período en el que la actualización de las bases del impuesto le empató a la inflación. Pero esto último ocurrió, en realidad, por una medida de excepción: en agosto, tras perder las elecciones en las PASO, el gobierno de Mauricio Macri decidió generar un impacto positivo en los ingresos incrementando parte de las bases del impuesto en un 20%, como una medida adicional al ajuste de 28,29% que se había aplicado al inicio del año según la variación del Ripte. Eso produjo un aumento adicional de mínimo no imponible y mejoró la posición de todos los ingresos frente a Ganancias, no solo para los meses siguientes al decreto, sino para la totalidad del año 2019.

El mecanismo de actualización por Ripte rige desde 2018, por disposición de una ley. Antes de eso, lo que pasaba con el impuesto que impacta en los ingresos de asalariados, jubilados y autónomos, dependía de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo. Así, en las últimas décadas se generó una fuerte distorsión en el esquema de la carga fiscal por el efecto combinado de la inflación y la falta de reajustes adecuados.

El año de mayor presión fiscal fue 2015; en ese entonces, se daban también fuertes inequidades en el sistema, causadas por un decreto de Cristina Kirchner de 2013, que había provocado, por ejemplo, que quedaran exentas algunas personas con ingresos superiores a los de otras que sí debían tributar.

En la primera actualización del impuesto hecha según la evolución de los salarios, el mínimo no imponible y los valores de la tabla que definen las alícuotas según tramos de ingresos se ajustaron un 28,77%. Eso ocurrió para los valores que rigieron en 2018, un año en el que hubo una inflación de 47,6%, mientras que la de 2017 había sido de 24,8%, siempre según el Índice de Precios al Consumidor del Indec.

Más allá de lo ocurrido en 2019, y como la medida de excepción tomada tras las PASO no se convalidó para 2020, la comparación entre el avance del mínimo no imponible y la inflación desde 2018 es algo que permite observar cómo le fue en sus primeros años al mecanismo de actualización, según apunta el contador Ezequiel Passarelli. ¿El resultado? La inflación acumulada en 2018 y 2019 fue de 127%, mientras que las bases para el cálculo de Ganancias se incrementaron mucho menos: 85%.

De hecho, en 2018 pagaba Ganancias un asalariado sin cargas de familia a partir de un salario neto promedio mensual de $29.855,7, mientras que hoy ese valor es de $55.261,1; es decir, un 85% más alto, algo que no compensa la inflación de los dos años. En el caso de un trabajador dependiente que deduce cónyuge (puede hacerlo si la persona no tiene ingresos propios) y dos hijos, la cifra más baja para tributar era de $39.494,7 en 2018 y es de $73.102 en 2020.

¿Qué pasará en 2021? Para saberlo, y de no haber cambios normativos, debe esperarse a diciembre, que es cuando se publica el Ripte de mes ahora en curso. Hasta julio (último dato disponible), la variación interanual de la variable fue de 39,6%, con alta volatilidad en el valor de los índices mensuales (lo cual hace difícil prever los resultados hacia adelante).

"Luego de la muy mala experiencia, es bastante difícil sostener el uso del índice Ripte" para la actualización, considera Passarelli. Y agrega que los empleados se vieron perjudicados en sus ingresos de manera doble: en primer lugar, porque "claramente, el sueldo promedio subió muy por debajo de la inflación, con una pérdida de poder adquisitivo muy grande" y, en segundo término, porque "además de eso, muchos empezaron a pagar impuesto a las ganancias cuando antes no pagaban, y muchos otros pasaron a pagar con alícuotas más altas" que las que se las aplicaba anteriormente.

Passarelli cree que la solución "más concreta y sencilla" sería tomar directamente la inflación, en vez del Ripte. Y advierte que, para que el esquema sea realmente justo, debería haber una compensación por lo ocurrido en los últimos años. Una alternativa, agrega, sería usar una combinación de ambas variables (sueldos y precios) y tomar la de mayor evolución, o bien mantener el uso del índice de las remuneraciones, pero agregándole algún límite para evitar la situación de que se pague más carga impositiva con menor poder adquisitivo.

"Para que se cumpla el objetivo de que los empleados paguen más impuesto solo en la medida en que tengan mayor sueldo en términos reales, los conceptos que pueden utilizarse para bajar la carga [las deducciones generales aplicables a todos y las deducciones por gastos en particular] deberían ajustarse por inflación, según el índice de precios al consumidor del Indec", opina la contadora Fernanda Laiún. Según su criterio, la mayor carga tributaria causada por usar para la actualización del impuesto un índice menor al de la variación precios, es una situación que probablemente se agrave tras un año con un retroceso significativo de la economía, tal como lo es 2020.