Hay más frigoríficos con nuevos dueños

Las compras y ventas de frigoríficos entraron en una zona de silencio luego de que el grupo Macri salió a desmentir una versión que indicaba la posible adquisición de la tradicional planta rosarina de Cocarsa.

Pero cuando las expectativas sobre esa posible operación aún no se apagaron, la nueva versión es que Cresud, la inversora agropecuaria de George Soros, ya habría firmado una opción de compra de un frigorífico del sur del Gran Buenos Aires cuyo nombre se mantiene en estricta reserva.

La planta que adquiriría Cresud es del tipo "ciclo 2", que dentro de esta industria corresponde a los establecimientos que no cuentan con planta de faena y que centran su actividad en el procesamiento de los cortes.

Este frigorífico, pese a su capacidad relativamente pequeña, cuenta con una buena participación en los mercados en los que actúa, tanto internos como externos.

Fuera de toda especulación, el establecimiento que en las últimas horas cambió de dueños es el frigorífico Casilda, que salió del juzgado comercial donde se tramitó su quiebra y fue a parar a manos de frigorífico Rafaela por el precio base: 2.562.500 dólares.

Aunque con una única oferta, la venta muestra el resurgimiento del interés que despierta en estos momentos la industria frigorífica tras la inminente apertura del mercado norteamericano para las carnes frescas argentinas y el ingreso del país dentro de los productores libres de aftosa con vacunación.

La subasta del Casilda se concretó el lunes último, luego de dos intentos fallidos realizados en los últimos seis meses y que obligaron a bajar la base.

La planta tiene una capacidad de faena de aproximadamente 14.000 cabezas mensuales y posee habilitaciones para exportar, entre otros mercados, a los Estados Unidos, la Unión Europea y Chile.

Piden frenar la privatización del Correo

Los tres consorcios que fueron excluidos de la privatización de Encotesa no se resignan a perder el tren. Todos han iniciado movimientos estratégicos para lograr reingresar a la carrera o, por lo menos, trabar el proceso licitatorio.

El consorcio encabezado por la aerolínea brasileña VASP presentó una medida cautelar de "no innovar", que impediría seguir avanzando con la venta del Correohasta tanto la Justicia revea su pedido de acceder al data room, donde el Correo brinda información sobre su situación. El consorcio también presentó un "recurso administrativo" en la Jefatura de Gabinete, pidiendo que se reconsidere su situación.

Mientras tanto, Roggio, otro de los grupos que no pasaron la instancia de precalificación, presentó un escrito en la Comisión de Admisión y Preadjudicación exigiendo la devolución de los 500 mil dólares que depositaron para ejercer el derecho a la impugnación. El grupo aclara en el mismo escrito que se reserva la posibilidad de iniciar acciones legales en los próximos 90 días.

Juicio

Algunas versiones citaban la posibilidad de que Roggio inicie un juicio a los integrantes de la Comisión: Germán Kammerath, Julio Cáceres y Arturo Puricelli, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Fuentes de Roggio aclararon que ésa podía ser una, entre tantas, de las medidas por adoptar.

Por su parte, aunque no realizó declaraciones, se supo que el tercer consorcio que quedó afuera, ING Barings, también envió una nota de tres folios a la comisión exigiendo la devolución de los 500 mil dólares.

La comisión determinó que, de los seis consorcios que se habían presentado, sólo tres cumplían con los requisitos del pliego. Los que no resultaron precalificados podían apelar la decisión, previo depósito de medio millón de dólares en una cuenta del Banco Nación. Este dinero fue a parar al Fondo de Financiación de las Privatizaciones.

Correos oficiales

En el caso del grupo Roggio y de ING Barings, la comisión entendió que los asesores técnicos presentados eran consultoras dependientes del correo canadiense y holandés, respectivamente, pero no el operador oficial de cada país.

Que la operación técnica estuviera avalada por correos oficiales de países integrantes de la Unión Postal Universal era una condición excluyente del pliego. En cuanto al Consorcio Postal del Cono Sur, integrado por VASP, Spadone, Andreani y el Banco del Chubut, la causa por la que quedó afuera fue que, según entendió la comisión, no había presentado un plan de inversiones lo suficientemente detallado para realizar en el Correo.

Arcor compró a LIA y exporta más

CORDOBA.- El grupo Arcor, uno de los de crecimiento más dinámico en el Mercosur sigue expandiéndose: tomó el control mayoritario de la cordobesa LIA (La Industrial Alimenticia SA), y con ello pasará a concentrar una quinta parte del mercado argentino de galletitas.

El holding cordobés, que el año último facturó $ 514 millones, se acercará a los $ 630 millones con la incorporación de LIA.

Arcor cuenta con 27 plantas en 8 provincias argentinas. En 1996 registró un aumento del 10% en sus exportaciones, que ascienden a U$S 160 millones anuales. Arcor pagó alrededor de $ 90 millones, en una operación que incluyó a Bertolo & Cía., la distribuidora de LIA en el interior del país, y de Versalles SA, productora de alimentos en conserva que LIA había adquirido el año último.

Arcor, que tiene su base principal en la localidad cordobesa de Arroyito, ya tenía el 20% del paquete accionario de LIA, con la que estaba asociada en otras dos fábricas de galletitas: Pankrek, instalada en Villa del Totoral, y Carlisa, en Recreo, Catamarca.

La incorporación de estas dos fábricas de galletitas por parte de Arcor, que ya cuenta con Biscotti (Salto, Buenos Aires), llevará a la empresa a ubicarse en tercer lugar en ese sector del mercado, detrás de Bagley y Terrabusi. LIA aportará dos marcas bien posicionadas, como son Vocación, entre las dulces, y Media Tarde, entre las crakers.

La compra de LIA por parte de Arcor se inscribe dentro de una estrategia de este grupo que privilegia crecientemente los mercados externos. El 80% del mercado de LIA, precisamente, está en el exterior. La operación no sólo representará un incremento de alrededor del 10% en las exportaciones de la empresa de Arroyito, sino también la consolidación en algunos mercados y el ingreso en otros. Gran parte de las transacciones de LIA se concentran en Chile -donde tiene un convenio con Malloa para la utilización recíproca de los canales de distribución- y a través de los puertos chilenos concreta operaciones con los mercados asiáticos, un área de especial interés para Arcor por su potencial de crecimiento.

Se politiza una causa

La causa abierta contra las autoridades del Banco Central (BCRA) por supuesto fraude e incumplimiento de los deberes de funcionario público en el cierre del Banco Integrado Departamental (BID) ingresó esta semana en un impasse, luego del pedido de recusación hacia el juez actuante, Claudio Bonadío, que elevó el actual titular de esa entidad, Pedro Pou, y que fue rechazado por el magistrado.

El BID, que conducía Roberto Cataldi (hoy en prisión), fue uno de los bancos que cerró tras la fuga de depósitos que provocó el denominado efecto tequila en la plaza local. Pero antes de su caída, la entidad recibió líneas de redescuentos que le permitieron quedarse con otros dos bancos en problemas: el Aciso y el de la Ribera.

Ahora la Justicia investiga la posibilidad de que esas líneas le hayan sido otorgadas tras el pago de coimas a los funcionarios que decidían el auxilio a las entidades en problemas.

La investigación alcanza a varios de los más estrechos colaboradores del ministro Roque Fernández, quienes por entonces lo acompañaban en su gestión al frente del BCRA. Y también implica al actual titular de esa entidad, Pou, quien ya fue citado a declarar en la causa y deberá hacerlo el 14 del mes próximo, si la Cámara Federal en lo penal económico no hace lugar a su recusación.

El pedido de Pou se fundamenta en una denuncia que hizo el propio Cataldi, quien acusó al juez Bonadío de extorsionarlo para que declarase contra las autoridades del BCRA.

La imputación no motivó al juez a presentar cargos contra Cataldi por "falsa denuncia", lo que movió a los asesores legales de Pou a presentar la recusación por "falta de garantías", un paso que podrían dar próximamente otros funcionarios implicados en la causa.