Hidrovía: impugnaciones y sospechas entre los contrincantes en la licitación para dragar el Paraná

Había cuatro propuestas para ganar el atractivo contrato para dragar el Paraná presentado por las principales operadoras del planeta. Pero sucedió algo que levantó sospechas entre los contrincantes: tres fueron descalificadas por no cumplir con los requisitos técnicos. La consecuencia de esta decisión, que dejó una sola en carrera, es concreta: si no se pasa el sobre técnico, pues no se abre el sobre económico. Dicho de otra manera, no habrá competencia por precio.

La adjudicación por parte de la Administración General de Puertos (AGP) de este contrato corto parece un hecho. Sin embargo, hoy vence el plazo para hacer las impugnaciones administrativas y al menos dos empresas, una ya lo hizo, están decididas a presentar su oposición al proceso. El punto es simple: se trata de las cinco principales operadoras del mundo consolidadas en cuatro consorcios. Todas tienen experiencia, capacidad y conocimiento específico del dragado. Están dispuestas a ganar o perder por precio, pero no les resulta claro cómo es que no calificaron en la propuesta técnica. Las sospechas de favoritismo se propagaron rápido.

De acuerdo a lo que se ha decidido hasta ahora, el balizamiento del río lo va a realizar un consorcio liderado por la empresa argentina Emepa y el dragado por Jan de Nul, una compañía belga. El punto es que ahora irán separadas -dicen que por estar peleadas- y que hasta el momento en que se terminó la concesión y regresó a manos del Estado eran las socias de Hidrovía Sociedad Anónima, la firma que explotó el negocio durante 26 años.

En la licitación participan las cinco empresas más importantes del mundo en el sector a través de diferentes consorcios. Todas ellas tienen en varios países proyectos de gestión y administración de redes navegables mucho más grandes que lo que se licita en la Argentina. Jan de Nul se presentó a través de la Compañía Sudamericana de Dragado, el operador actual; la segunda propuesta está conformada por una Unión Transitoria de Empresas (UTE), con la belga Dredging International, la compañía china CCCC Shanghai Dredging y la argentina Servimagnus; la tercera es la holandesa Boskalis; y, por último, la unión entre la dinamarquesa Rhode Nielsen y Emepa, una firma relacionada con la Causa de los Cuadernos.

Hace una semana se conoció que cuatro de las cinco empresas -o tres de las cuatro propuestas- fueron descalificadas y, de esta manera, no se abrirá nunca el sobre con las propuestas económicas de cada uno. La decisión de la AGP, hay que reconocerlo, no entregó argumentos ni precisiones sobre la que se apoya la decisión.

Sin las otras en la competencia, Compañía Sudamericana de Dragados, filial de Jan de Nul, es la única que participará en la parte económica. Pero claro, sin despejar esas duda de los precios que ofrecen, se instalaron las sospechas. En varios de los consorcios dicen que sus precios están por debajo. Uno de ellos, se arriesga a decir que 40%. Dicen que Compañía Sudamérica incluyó en la propuesta técnica algunos valores de inversión y costos similares a los actuales. “Como ejemplo se puede decir que la última renovación fue por US$76 millones por un contrato de meses, mientras que otro de los consorcios ofreció el mismo servicio de manera pública [en ese momento no había licitación] por US$108 millones por un año”, explican.

Esta licitación es una suerte de ensayo para afilar las propuestas para la licitación larga, ya que hay un fuerte interés de todas la compañías por el trabajo de dragado de la Hidrovía. Tienen alrededor de un año para recalcular los detalles de sus presentaciones y evitar la barrera técnica para llegar a la definición por precio. El Paraná es la vía por la que sale cerca del 80% de las exportaciones agrícolas del país, proveedor mundial clave de alimentos, desde el cordón agroportuario de Rosario y sus alrededores.

Pero ese es uno de los temas que llaman la atención de la licitación. Como se dijo y se repitió, ambas eran socias de Hidrovía, una firma conducida por el empresario Gabriel Romero, dueño también de la concesionaria de trenes Ferrovías.

Romero fue uno de los arrepentidos en la causa de los Cuadernos de las Coimas. El hombre confesó haber pagado coimas por US$600.000 para que el gobierno de Cristina Kirchner le renovara por decreto la concesión de la explotación de la Hidrovía, el tramo del río Paraná-Paraguay, que permite conectar el Atlántico y Asunción para el comercio internacional. No fue lo único que dijo entonces, ya que también reveló que le entregaba al secretario de Trasporte Ricardo Jaime un retorno del 10% al 15% de los subsidios que recibía por su empresa Ferrovías y además le daba una cuota anual de US$500.000 para asegurarse el control de los negocios ligados al transporte.

Según pudo saber LA NACION, el consorcio integrado por la belga Dredging International, la compañía china CCCC Shanghai Dredging y la argentina Servimagnus ya impugnaron el proceso. Ahora vienen tiempos administrativos. Y aunque hay poca confianza entre los actores de que finalmente este proceso se revea, todos apuntan a la licitación larga, la que vendrá. Donde el peaje de los barcos, oneroso y en dólares, conformará una caja tan atractiva que ya conformó una nueva estructura burocrática de la política. Que con ojos de lince, controlará el contrato.