Milei se juega su segundo tiempo: acelera reformas y pone a prueba alianzas

“Desde que se fue del Gobierno Manuel Adorni, la conversación con los inversores cambió; antes solo preguntaban por eso y por el impacto en los índices de confianza”, reconoce un ejecutivo de una compañía de fuerte vínculo con fondos internacionales. Son fondos que tienen una alta exposición en el país. “Ahora, con las mejoras en los indicadores de confianza al consumidor y sin Adorni, los de afuera vuelven a ver atractivo en los activos argentinos; los de adentro están más cautos”, describe.

Existe una sensación de que, con la salida del cuestionado exjefe de Gabinete, que se había transformado en un lastre para la gestión libertaria, el Gobierno retomó el control de la agenda. Para los inversores internacionales, esto significa que podría abrirse nuevamente una ventana de algunos meses de bonanza financiera. No solo porque vuelven a ver a un Gobierno fortalecido en la discusión pública, sino porque el cambio coincide con el deslizamiento del peso frente al dólar. Con un tipo de cambio algo menos apreciado -subió 5,3% en junio y 0,4% en lo que va del mes-, las inversiones en pesos toman otro color.

Pero también en el Gobierno es un impulso renovado para volver a marcar la cancha en el terreno en el que se siente más cómodo: la economía. Además de la propuesta de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) que anticipó el presidente Javier Milei, el oficialismo tendría previsto avanzar con otro megaproyecto de ley desregulador. El borrador, que se mantiene bajo estricta reserva, incluiría muchos de los cambios normativos que impulsó el ministerio de Federico Sturzenegger y que, por distintas cuestiones, fueron frenados por la Justicia. Además, abordaría reformas nuevas en industrias como las del mercado de capitales, en un intento de emular en el espíritu los cambios que se implementaron en el Reino Unido. No pocos en el sector privado ya se pusieron en alerta: el lobby empresarial encendió los motores a pleno.

“Son unos catorce temas, si no más”, reconoce una fuente al tanto de las discusiones del proyecto, que estaba terminándose de definir, pero que podría ser presentado en los próximos días. Entre otros, confiaron, el Gobierno volvería a la carga con la reforma de la Ley de Cabotaje fluvial y marítima, con la idea de que buques extranjeros puedan ofrecer el servicio de transporte entre puertos argentinos. También buscaría sellar por ley dos propuestas que habían sido incorporadas por decreto o resolución y que luego fueron suspendidas por la Justicia.

Una es la iniciativa para rehabilitar la dispensa de medicamentos de venta libre por fuera de las farmacias, lo que habilitaría que, por ejemplo, el ibuprofeno o algún antiácido se ofrezcan en estaciones de servicio o en supermercados. La medida, que había formado parte del DNU 70, había quedado sin efecto a mediados del año pasado, por una medida cautelar solicitada por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y la Federación Farmacéutica de la República Argentina (Fefara). La otra sería la suspensión del aporte obligatorio que las bodegas y los productores vitivinícolas realizan a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). Ya el Gobierno había intentado este año suspenderlo, mediante una resolución firmada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, pero también sufrió un duro revés en la Justicia, que consideró que por esta vía no podía modificarse una ley (la 25.849).

Pero, además, el proyecto desregulador incluiría fuertes cambios en el mercado inmobiliario, mediante la eliminación de honorarios mínimos en la intermediación, la revisión del sistema de matriculación obligatoria, la reducción de barreras de entrada para nuevos operadores y la flexibilización de regulaciones en la compraventa de inmuebles. También, en otros capítulos, apuntaría a desregular la fiscalización de medicamentos veterinarios, el régimen del libro (la ley 25.542, que establece un precio uniforme para los libros que se venden en todo el país) y el funcionamiento de las cooperativas, sobre todo las de ayuda económica.

Son todos temas que en algún momento el Gobierno puso sobre la mesa, pero que no tuvo éxito al momento de materializarlos. La nueva ofensiva legislativa dice mucho del ánimo que se vive puertas adentro del mileísmo. Por un lado, empujan algunos datos de la economía –la actividad todavía está lejos de ser motivo de celebración, pero al menos la tasa de inflación insufla oxígeno a la administración libertaria– y sobre todo empuja la política, con gobernadores más dispuestos que nunca a sentarse a la mesa de negociación. La estrategia política de la Casa Rosada de cara al armado electoral de 2027 pareciera estar encauzándose. Al menos, la idea de que hay un nuevo intento de paz entre las dos facciones en eterna fricción de la gestión libertaria quedó sellada con el abrazo que el presidente Milei le dio en el balcón de la Casa Rosada al asesor Santiago Caputo, ante la atenta mirada de Karina Milei. En las segundas líneas, nadie sabe cuánto durará, pero todos tienen en claro que los términos del acuerdo son tan frágiles como el que asegura tener a diario el presidente Donald Trump con Irán. Pero la señal hacia afuera sirve.

Las provincias que están haciendo buena letra han tenido en los últimos días un reconocimiento inmediato. Pese a que la recaudación fiscal no habilita ningún tipo de gasto adicional, a fines de junio y en lo que va de julio, cuatro provincias recibieron anticipos de coparticipación. Son los casos de Chaco, Entre Ríos, Tucumán y, más recientemente, Santa Fe. La billetera es aleccionadora siempre. No importa cuál sea el signo político de turno.

Es evidente que la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, no tiene la misma suerte. Aunque, en negociaciones privadas con proveedores, desde la administración bonaerense empezaron a asegurar que la Nación estaría cerca de autorizarles la emisión de deuda local, para así poder saldar algunas de las deudas que acarrea hace meses. En ese pelotón de acreedores están los laboratorios que proveen de medicamentos al IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires. En las cámaras farmacéuticas estiman que la deuda de enero a la fecha es de unos $ 210.000 millones, y se ilusionan con la posibilidad de cobrar al menos con un bono. PAMI, la obra social estatal de jubilados y pensionados, hizo lo propio ya con bonos de la Nación. “Es un problema que seguimos de cerca -confesaron desde un laboratorio-. Porque una vez que arranque la puja electoral, todas esas son cajas y va a ser difícil que cumplan con las deudas”, deslizaron.

En términos financieros, la reciente movida del gobierno nacional en favor de un puñado de provincias no es menor. La Nación cerró junio con sus cuentas exigidas (con déficit primario y financiero), y sabe que en los meses que vienen todavía deberá hacer malabares para poder ir cumpliendo con la meta fiscal. Solo el acuerdo con las universidades, según estimaciones que manejan en Economía, podría sumarle al gasto unos $85.000 millones mensuales. A esto se le agrega la demanda estacional de fondos por parte de empresas como Enarsa y Cammesa, que podrían terminar insumiéndole al Estado nacional algo más de dinero que el presupuestado. El “no hay plata” vino para quedarse por mucho tiempo más.

Para las empresas, en tanto, la atención de las próximas semanas estará puesta también en Estados Unidos y no tanto por el Mundial de Fútbol. Muchas industrias siguen de cerca la eterna novela por la aplicación de aranceles a las importaciones que inició Trump en 2025 y que no termina de cerrarse. En febrero pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos volteó los aranceles globales de Trump por falta de base legal. La Casa Blanca respondió con un parche: un recargo temporario del 10% a casi todas las importaciones, que por ley vence el 24 de este mes. El reemplazo definitivo se cocinó en paralelo y con otro envoltorio: en marzo, la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) abrió una investigación contra 60 países –la Argentina y Brasil incluidos– por no prohibir la importación de bienes producidos con “trabajo esclavo”. La conclusión estaba escrita antes de empezar: todos fallaron, todos merecen aranceles, de 10% para los que firmaron acuerdos con Washington y de 12,5% para el resto. Esta semana, con las audiencias públicas en marcha, se cerró la última etapa antes de que el nuevo esquema entre en vigencia. La causa noble –combatir la esclavitud moderna– es, en rigor, el vehículo jurídico para reconstruir sobre bases permanentes el muro arancelario que la Corte había demolido.

Pero Brasil no dejó pasar la oportunidad. En su caso, la disputa es mucho más amplia. En un escrito de 13 páginas firmado por el canciller Mauro Vieira, Itamaraty le respondió al USTR, entre otras cosas, que la acusación de tolerar el “trabajo forzoso” es infundada, arbitraria y sin una sola prueba concreta y dejó asentada su objeción en el expediente. No fue el único: varios de los 60 países investigados aprovecharon la ronda de comentarios que cerró esta semana para plantar posición formal. La Argentina, en cambio, eligió el silencio. A pesar de los pedidos del sector privado, el Gobierno no hizo ninguna presentación. Las únicas voces argentinas en el expediente fueron las de las cerealeras, la asociación forestal y las citrícolas, que se ocuparon de dejar constancia de su desacuerdo. Menos por el 10% de arancel que hoy se propone que por lo que viene después: la idea era que quede precedente de que el país nunca convalidó el argumento.

Porque el detalle no es menor. La investigación por trabajo esclavo es la herramienta legal con la que Washington reconstruye los aranceles que la Corte Suprema revocó en febrero y hoy la Argentina zafa con la tarifa reducida gracias a su acuerdo de comercio recíproco. Pero los expedientes quedan y los gobiernos pasan. Trump hoy juega a favor; nada garantiza que el próximo inquilino de la Casa Blanca –o el mismo USTR con otras prioridades– no recicle mañana la etiqueta del trabajo forzoso como excusa proteccionista contra el agro argentino. En el nuevo diseño geopolítico, los giros de 180 grados se ejecutan con un decreto. Los que escribieron en el expediente lo saben: en Washington, el que calla no otorga, pero tampoco puede después decir que avisó.

Por Florencia Donovan

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