Impacto en el poder adquisitivo: en ocho años un empleado privado formal perdió 16 salarios y un estatal, 21
Un estudio comparó entre 2017 y 2025; un asalariado en relación de dependencia cobró 80 de los 96 sueldos que le corresponden, y uno del sector público, 75
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- Este año la discusión por el empleo será crucial en la agenda argentina. Incluso con la aprobación de la reforma laboral que se dará esta semana en el Senado, los especialistas advierten que la generación de puestos de trabajo dependerá de la mejora de la actividad. En paralelo corre la expectativa por la recuperación del poder adquisitivo, punto que aparece todavía más difícil. Según un informe privado, en los últimos ocho años un empleado privado formal perdió 16 salarios mensuales promedio de 2017; para un público fueron 21 y para un informal, 29.
Un trabajo del economista Nadín Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), refleja que cuando la comparación se hace con 2024, hay una mejora tanto del poder adquisitivo privado como público (integrando tanto al sector nacional como provincial): 4,8% y 3,9%, respectivamente. En relación al 2023, en cambio, en ambos casos hubo una caída (1,6% en el caso privado y 17% en los estatales). “Las grandes diferencias están explicadas por el recorte real de salarios del sector público nacional, dado que el provincial, luego de caer en 2024, tuvo una recuperación en 2025”, advierte Argañaraz.
“Después de esta importante pérdida es necesario encontrar un camino de recuperación sostenida -consigna el economista-. La inflación alta, con su distorsión de precios relativos, erosiona el poder adquisitivo, ya que son muy escasos los casos en los que los salarios nominales terminan subiendo igual que la inflación. En efecto, la baja sostenida de la inflación es una condición necesaria para darle previsibilidad al salario real”.
Agrega que la reducción de impuestos al trabajo debería “generar mayores salarios reales de bolsillo de los trabajadores, ya que son los que terminan soportando, en la mayoría de los casos, su incidencia económica”.
En contacto con LA NACION, Argañaraz precisó que la reducción impositiva para trabajos formales incluidas en el proyecto de reforma laboral es “muy marginal” en el caso de la del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Las grandes compañías deberán aportar el 1% de las remuneraciones, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas estarán obligadas a contribuir con el 2,5%.
“La que es más significativa es la de formalización, son 12 puntos menos. Hay que ver cómo reacciona el mercado, porque a los impuestos los termina pagando el trabajador con su salario de bolsillo. Sería lógica que, al menos, eso genere un mayor salario de bolsillo para los sectores beneficiados. Habrá que ver cómo se termina distribuyendo entre empresarios y trabajadores esa ventaja”.
Cuando el foco pone en relación el poder adquisitivo del 2025 con el 2017, el resultado muestra que un trabajador privado formal tuvo una merma del 20% (perdió la quinta parte). Para un empleado público la caída fue peor, 34% (una tercera parte).
El economista considera que es “importante” acumular la pérdida de poder adquisitivo a lo largo de los últimos ocho años, dado que si se repitió, el efecto es “significativo”. Para el ejercicio usa como base de comparación el poder adquisitivo promedio mensual del 2017, con lo que se mide la cantidad de salarios de 2017 que se dejaron de percibir. De ahí surge que un trabajador privado formal dejó en el camino 16; uno estatal, el equivalente a 21 (casi dos años) y uno informal, 29 salarios (casi 2 años y medio).
Hace unos días, un reporte de PwC Argentina sobre proyecciones salariales, del que participaron 148 empresas de todo el país, marca una tendencia hacia la convergencia entre la inflación esperada y los incrementos salariales para el personal fuera de convenio. Mientras que el año pasado los ajustes se realizaron de forma reactiva ante una inflación del 31,5% y aumentos promedio del 29,56%, las estimaciones para este año están en torno al 23% tanto para el índice de precios como para las subas de haberes.
De las respuestas de las empresas se desprende que se inclinan por dar menos aumentos anuales y con porcentajes menores en cada oportunidad, buscando acompañar de forma más regular la evolución de los precios.
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