Impuesto a la riqueza: tributaristas plantean dudas sobre las cifras oficiales

En sus comienzos, el Aporte Solidario y Extraordinario -también conocido como Impuesto a la riqueza- fue pensado para que alcanzara a “un pequeño grupo de millonarios”, es decir, a aquellos que tengan más de $200 millones en su patrimonio. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) asegura que ese universo está constituido por 13.000 personas pero, para los tributaristas, el fisco subestimó la cantidad real de contribuyentes obligados.

Anoche, la AFIP indicó que 10.000 individuos pagaron el gravamen que les correspondía, un 80% del universo contemplado. Así, logró recaudar más de $223.000 millones, $84.000 millones menos de lo proyectado. “El fisco anotó una pequeña victoria inicial, que es que el 80% de los contribuyentes que tienen en la lupa pagó. Obviamente, la diferencia entre lo recaudado y lo esperado se debe a esos 3000 contribuyentes que no pagaron porque presentaron una medida cautelar y los jueces les dieron 90 días a la espera de expedirse sobre la cuestión de fondo”, explicó Gabriel Hermida, socio de Auren Argentina.

Sin embargo, tributaristas que hicieron sus propios cálculos a partir del número propio de clientes afectados por la normativa, siguen sosteniendo que la cifra real de personas alcanzadas por el tributo es de entre 20.000 y 30.000 contribuyentes, el doble de lo que inicialmente proyectó la agencia tributaria.

“Cuando la AFIP estimó que iban a ser 12.000 contribuyentes, tomó la base de datos de Bienes Personales. Ahí no está incluido un elemento esencial, que son las participaciones societarias. En Bienes Personales no se considera, pero sí se incluyen en la determinación del Aporte Solidario. Con lo cual, desde mi punto de vista, se subestimó la cantidad de contribuyentes y la cantidad de recaudación estimada para después demostrar que fue un éxito”, apuntó el tributarista César Litvin, socio de Lisicki Litvin & Asociados.

Además de las participaciones societarias, otro punto que amplió el universo proyectado fue la cotización del dólar. En un principio, cuando el proyecto original fue enviado al Congreso, se contemplaba que el aporte lo deberían pagar quienes tengan un patrimonio de $200 millones al 31 de diciembre de 2019. Pero, en el debate parlamentario, la iniciativa se modificó y la fecha de corte se fijó al 18 de diciembre de 2020.

“En aquellos patrimonios donde parte de la cartera de activos se mide en dólares, como por ejemplo las inversiones en el exterior, pasó de tener un dólar oficial de referencia a $63 en 2019 a uno que cotizaba $87 en diciembre pasado. Ahí tienes un 39% más de patrimonio por el efecto del tipo de cambio, porque el piso de $200 millones no lo movieron”, explicó Juan Mariscal, socio del estudio Edelstein, Mariscal, Torassa & Asoc.

Otro de los números de la discordia es la cantidad de acciones legales que se llevaron a cabo para no pagar el Aporte Solidario. Por un lado, la AFIP indicó que son cerca de 220 personas las que judicializaron el tributo. Por el otro, hay estudios que aseguran que tienen al menos 360 clientes que irán a la Justicia.

Sea cual sea el número, la agencia recaudadora ya inició fiscalizaciones sobre los incumplidores, procedimientos que estarán abiertos durante un plazo aproximado de 150 días y serán canalizados a través de la DGI.

“Empezamos por los contribuyentes ultra ricos y en algunos casos obtuvimos respuestas positivas porque han adherido. Tenemos un instrumental desde la AFIP para reclamar el pago de este aporte por vías administrativas y judiciales. Estamos trabajando y de a poco van a incorporándose algunos contribuyentes más seguramente”, especificó esta tarde la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en declaraciones radiales.

Cuando se dieron a conocer los primeros fallos en la Justicia, tanto a favor como en contra de los contribuyentes, se esperaba un aluvión de demandas. Sin embargo, algunos tributaristas admitieron que los empresarios se decidieron a pagar “por miedo a represalias”.

“Muchos no pagaron por considerar que se trata de un tributo justo o legítimo, sino por el temor de que su decisión impactara negativamente en la compañía que están liderando. De hecho, después salió que los ejecutivos que no pagaron no podrían acceder al Repro. Además, hay quienes tienen actividades reguladas o que deben negociar precios con el Gobierno, por lo que sintieron que no tenían otra alternativa que acceder”, resaltó Alberto Mastandrea, socio del estudio BDO Argentina.

Como consecuencia, la estrategia que comenzó a gestarse ahora es iniciar acciones judiciales para que el fisco le devuelva al contribuyente lo que pagó. A través de un recurso de repetición, plantean que el impuesto es confiscatorio.

“Dentro del grupo de los que sí pagaron, seguramente habrá un porcentaje que irá por un recurso de repetición. A estos el juicio no los podrá perseguir, solo podrá continuar el camino hasta la Corte Suprema de Justicia. Esta película sigue y va a ser un clásico entre contribuyentes versus fisco. Habrá que ver al final del camino a quién le da la derecha la Justicia”, cerró Hermida.

Por Melisa Reinhold

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