Industrializar la ruralidad sí, pero no a costa del productor y del precio que recibe

La política de prohibición de las exportaciones y de derechos de exportación, que ya ha demostrado su fracaso en numerosos sectores productivos de la Argentina, podría expandirse ahora a la producción lanera.

Luego de tres años de seca, sumados a los graves efectos de la erupción del volcán Chaitén en 2008 y del Puyehue en 2011, el stock ovino se redujo a menos de 10 millones de cabezas, lo que significa una caída de 37% desde 2007 y el nivel histórico más bajo. La producción de lana también cayó a 44.000 toneladas anuales contra las 75.000 toneladas registradas en la zafra 2004/5.

Este menor nivel de actividad ha generado capacidad ociosa en las barracas que lavan y peinan la lana. Ante este panorama, y sin consultar a los miles de productores afectados por las inclemencias climáticas, se proyecta la posibilidad de elevar los derechos de exportación o de prohibir la venta externa de lana sucia. Esta medida se plantea con el supuesto fin de mejorar la capacidad ociosa de las industrias lavadoras y peinadoras, y de reducir el precio de la lana sucia en el mercado interno para beneficio de unas pocas empresas y en detrimento de cuantiosos productores.

Pero sin duda, la medida no haría más que contribuir a frenar la lenta recuperación de la producción lanera, ya que reduciría directamente el precio que el productor recibe por su lana e impactaría sobre la sustentabilidad actual y futura de buena parte de los establecimientos ovinos que ya se encuentran en una difícil situación.

La actividad lanera está mayormente destinada al mercado externo. En los últimos años, el 80% de la lana se exportó en forma lavada y peinada, y un 20% como lana sucia. Los derechos de exportación para la lana lavada y peinada son del 5%, mientras que para la lana sucia son del 10%. Al prohibir la posibilidad de exportar lana sucia, o al elevar sus derechos de exportación, se elimina la competencia y se crea una sobreoferta ficticia en el mercado interno que repercute en una baja del precio de la lana recibido por el productor. Similar efecto causa un aumento de retenciones, puesto que este mayor tributo aduanero les quitaría capacidad de pago a los exportadores de lana sucia, lo que terminaría afectando a la baja el precio pagado al productor.

Toda medida que castigue a la producción conduce al fracaso. Sobran los casos testigo en los últimos años. El régimen de cueros, el cierre de las exportaciones e intervención a los mercados de la carne, el maíz o el trigo. Los resultados ya son conocidos. En la presente campaña se registró la menor área sembrada de trigo de los últimos 111 años. Pasamos de ser el tercer al décimo exportador mundial de carnes, perdimos cerca de 40 mercados y las exportaciones cayeron 75% entre 2005 y 2012, quitándole al país la posibilidad de generar, sólo por ventas externas de carne, divisas por casi US$ 10.000 millones, monto equivalente a los vencimientos de deuda en 2012. En el caso del maíz, un año de grave sequía en Estados Unidos no ha podido ser aprovechado por la Argentina, donde la superficie sembrada cayó a 3,4 millones de hectáreas gracias a los controles de las exportaciones implementados por el secretario de Comercio Interior, que provocan serias distorsiones en el funcionamiento de los mercados y en la formación de los precios, y desalienta la siembra.

Nuestros competidores, en cambio, aprovechan las oportunidades mundiales. Brasil actuó frente a la sequía norteamericana y exportó maíz a los EE.UU.

Luego de una larga postergación, la producción lanera alcanzó 75.000 toneladas durante la zafra 2004/05 como resultado de una buena situación de precios internacionales, un contexto climático menos hostil para la producción y una ley ovina que acompañó la recuperación de stocks ovinos al 2% anual.

La situación cambió por las desfavorables condiciones climáticas y por el deterioro de la situación económica interna, incluido el atraso cambiario y una fuerte alza de los costos de producción. Hoy sólo quedan las buenas pero volátiles cotizaciones del mercado internacional, lo que deja en evidencia que el problema estructural de la ganadería ovina sigue sin resolverse.

Prueba de esto es que en las zonas productoras más importantes hay una gran cantidad de establecimientos no sustentables, lo que hace prever que la recuperación del stock ovino será muy lenta.

Por eso, resulta imprescindible contar con la aplicación de la ley de emergencia agropecuaria que salga en tiempo en forma para todas las provincias y regiones afectadas por las condiciones climáticas adversas. Además, hacer funcionar la ley para la recuperación de la ganadería ovina como una herramienta que permitiría contribuir a acelerar la recuperación del stock en la medida que ésta se gestione de manera federal y en función de un Plan Estratégico Ovino adecuado a las diversas realidades que se presentan en cada zona, cosa que incluso ha sido desconsiderado por el propio Plan Estratégico Agroalimentario (PEA).

Los recursos existen. El Presupuesto nacional destina 80 millones de pesos anuales, a partir de abril de 2011 y según la ley 26.680, para el sector ovino.

Desde la Sociedad Rural Argentina compartimos el objetivo de industrializar la ruralidad, pero no a costa del productor y del precio que recibe por su esfuerzo, sino a favor de herramientas e instrumentos que fomenten todas las actividades en forma eficiente y sustentable. Con la materia prima subsidiada, cualquiera es industrial. Aún existen industriales que creen que para ser competitivos deben pagar precios de remate a los productores. Sin embargo, nuestros vecinos desmienten esa teoría, ya que allí las empresas pagan el precio internacional por la producción que, a su vez, se industrializa logrando productos competitivos a nivel mundial, cuidando a la vez los precios internos y la mesa de sus habitantes.

Por Luis Miguel Etchevehere

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