Intercargo: el Gobierno lanzaría el viernes la licitación para privatizarla y podría recaudar unos US$30 millones
La venta del 100% de las acciones saldría al límite del plazo oficial; la valuación por flujo de fondos descontado fijó el valor empresarial en US$30,1 millones
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La licitación nacional e internacional para vender el 100% de las acciones de Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa en distintos aeropuertos del país, saldría finalmente este viernes, casi al límite del plazo previsto por la resolución que dio inicio al proceso de privatización.
De acuerdo con la valuación encargada a la consultora Deloitte, el Estado podría recaudar alrededor de US$30 millones. Según el informe al que accedió LA NACION y circula en despachos oficiales, bajo la metodología de Flujo de Fondos Descontado (DCF, por sus siglas en inglés), la estimación arrojó un valor empresarial de US$30.145.000.
En contraste, la tasación patrimonial presentó cifras superiores: US$55.154.000 bajo el enfoque de ingresos y US$61.606.000 según el enfoque de mercado, a partir de compañías públicas comparables.
Ante la consulta de este diario, en el Ministerio de Economía evitaron precisar cuál es la cifra que prevén obtener por la operación y señalaron que “toda la información se comunicará oficialmente a su debido momento”.
A finales del año pasado, la privatización/concesión de las cuatro empresas hidroeléctricas del Comahue reportó ingresos por US$700 millones al Estado.
Fuentes del sector señalaron que el método de flujo descontado es el más utilizado en este tipo de procesos. “Son muy específicas las industrias en las que se realiza una valuación por activos. Además, el Gobierno optó por privatizar mediante la venta de acciones, por lo que no puede desprenderse de los activos por separado. Y los otros métodos arrojan valores poco realistas”, indicaron.
Sin embargo, el valor de la compañía podría verse afectado por decisiones adoptadas en paralelo al proceso. El Gobierno avanzaría en la rescisión del contrato de exclusividad que Intercargo mantiene desde la resolución 7417 del 17 de julio de 1990 de la Comisión Administrativa de Contrataciones de la Fuerza Aérea Argentina. En los hechos, esto implicaría la eliminación de un negocio asegurado para la firma.
“Habrá que ver cómo hacen para que resulte atractiva. El plazo de ocho meses fijado por la Resolución 1067/2025 está por vencerse y, en el medio, también autorizaron a varias empresas a prestar servicios de rampa. Eso impacta directamente en la valuación”, agregó otra fuente con conocimiento del mercado.
La desregulación del sector comenzó a fines de 2024, cuando el Gobierno dictó la resolución 49/2024, que aprobó un nuevo proceso de otorgamiento de autorizaciones para servicios aeroportuarios operacionales y de rampa. La medida puso fin al cuasi monopolio que ejercía Intercargo —que brindaba el servicio salvo en los casos en que las aerolíneas optaban por la autoprestación—.
A diciembre del año pasado ya había 10 compañías habilitadas, pero casi ninguna presta el servicio. Ese mismo mes se aprobó, además, un nuevo reglamento para facilitar la asignación de espacios a operadores de rampa en las terminales aéreas de todo el país.

Entre los potenciales interesados se menciona a Paolini Grúas, empresa dedicada a servicios de izaje y logística pesada con base en Buenos Aires, que a través de su división Escalum obtuvo habilitaciones para operar servicios de rampa y compite directamente con Intercargo. La firma participa en obras viales y presta servicios en aeropuertos como el internacional de Ezeiza.
Otro grupo que aparece en el radar es Alyzia, compañía francesa con más de 20 años de trayectoria en servicios aeroportuarios en Europa. Ofrece soluciones integrales que incluyen handling, hospitalidad, carga y capacitación, con foco en la seguridad y la eficiencia operativa.
Según el cronograma que trascendió de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), el llamado a licitación se formalizaría el 27 de febrero. La apertura de sobres está prevista para el 29 de mayo; el dictamen de evaluación, para el 3 de junio; la adjudicación, para el 13 de julio; el pago se concretaría el 16 de ese mes y la firma del contrato, el 21.
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