Investigación y desarrollo: cuánto y cómo se invierte en la Argentina
El país está muy por detrás de las naciones líderes en el ranking de recursos asignados a la ciencia como porcentajedel PBI; los analistas destacan que la clave está en dar incentivos y en ver cómo se aplican los conocimientos logrados
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- Marina Simian, directora del laboratorio de nanobiología e investigadora independiente del Conicet, participó del programa de preguntas y respuestas ¿Quién quiere ser millonario?, que emite Telefé. Y alcanzó el objetivo buscado: ganó $500.000, que dijo que destinaría a mantener en pie las diferentes líneas de investigación que lleva adelante. El hecho puso en el centro del escenario el debate sobre la prioridad (o la no prioridad) que le da la Argentina a la inversión en ciencia. El país, entre el sector público y el privado, invierte 0,53% del PBI en investigación y desarrollo (I+D), según datos publicados por el Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad, y el 73% de esos recursos provienen del Estado. El indicador está por debajo de la media de Iberoamérica, que es de 0,79% y muy lejos del 2,34% que, en promedio, invierten los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Y del 1,93% de los países integrantes de la Unión Europea.
En América Latina el promedio es de 0,68% del PBI y Brasil es el país mejor ubicado en el ranking, con 1,27%. Le siguen la Argentina y, en tercer lugar, México, con 0,50%. Los especialistas coinciden en que el nivel local de inversión está por debajo del requerido para alcanzar niveles internacionales de competitividad.
Los datos son de 2016 (son los últimos disponibles, según un informe publicado meses atrás por el citado observatorio, y son también los que toma en cuenta el Banco Mundial para sus publicaciones), pero los analistas coinciden en que en los últimos tiempos no hubo variaciones significativas. Son 1200 las empresas que invierten en I+D de manera sostenida en el tiempo, según afirman en la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Inversión Productiva.
El economista Juan Llach plantea que el nivel de inversión como porcentaje del PBI deja a la Argentina en el puesto 60 entre 180 países, casi el mismo lugar que en el ranking del índice de PBI por habitante. "Invertimos menos que todos los países desarrollados y ni que hablar de varios asiáticos. Invertimos como lo que somos, no como lo que éramos cuando tuvimos tres premios Nobel en ciencias, ni como necesitamos para ser un país desarrollado y socialmente integrado", agrega.
Según su opinión, para escalar posiciones es clave fortalecer e integrar estrategias. "No hay solo una falencia del Estado, que invierte cerca del 90% del total y que ha tenido gestos relevantes de continuidad en la materia en este siglo. El sector privado también debe hacer lo suyo y, además, no pocos investigadores deberían superar su frecuente individualismo, formando más equipos para trabajar en los temas más estratégicos".
Algo similar sostiene Rodolfo Barrere, coordinador de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia, sostiene que, para mejorar la inversión que hace el país en investigación y desarrollo y sus aportes al crecimiento económico, es fundamental movilizar a los actores privados. Describe que en América Latina los gobiernos financian, en promedio, el 58% de la inversión, mientras que en Europa la ecuación está invertida. "Plantear las condiciones para que las empresas inviertan implica actuar sobre diferentes factores. Además de lo estrictamente vinculado a I+D, hay que hacer un esfuerzo de largo plazo con resultados inciertos -agrega-. Y hay que insistir en que, aunque la inversión en ciencia genera mayor valor agregado, con incrementarla no se saca a la gente de la pobreza ni se logra desarrollo. Esos objetivos están atados a muchos otros factores".
Desde el lado del sistema público de ciencia, los 140 directores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) se autoconvocaron semanas atrás en Córdoba y advirtieron que existe una situación tal que, "de no revertirse en forma urgente" provocará "consecuencias devastadoras".
Pese a las críticas, en el Gobierno afirman que no solo se apuesta a ampliar la inversión pública en el área, sino también a incentivar la de carácter privado. Jorge Aguado, secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, señala: "Definitivamente, lo que nos diferencia de los países desarrollados medianos y grandes que logran una competitividad en el sector productivo es que usan el conocimiento y no solo lo producen; mejoran la calidad de vida". De todos modos, el funcionario dice que hay un crecimiento en la participación del sector privado, que en 2017 representó 27% del total (18% correspondió a empresas de origen nacional).
La economista Mariana Mazzucato, docente de Economía de la Innovación en la Universidad de Sussex (Gran Bretaña) y autora de El Estado emprendedor, repensando el capitalismo y El valor del capitalismo, sostiene que el Estado es la organización más emprendedora del mercado y la que asume inversiones de mayor riesgo. Defiende el concepto de que la innovación es un proceso "colectivo, enormemente incierto y acumulativo" y señala que, a su entender, hay que dejar de lado la idea de un Estado "aburrido" que solo genera marcos regulatorios para la acción de los privados. Es necesario dar paso a "asociaciones dinámicas".
El eje en los incentivos
Fernando Stefani, investigador principal del Conicet y vicedirector del Centro de Investigaciones en Bionanociencias, califica a la política oficial en este tema como "incoherente", porque forma especialistas que "no usa y que no tienen un rol". Agrega que, entonces, hay otros actores que "los reciben más que contentos, porque no invirtieron en formación y se encuentran con investigadores y científicos de primera línea".
Advierte, además, sobre un factor central al hablar del sector privado: dice que en ningún lugar del mundo la inversión de las empresas es espontánea: "Hay incentivos que ayudan a minimizar los riesgos; el Gobierno sirve para darle forma a un país y se la da con estímulos. Hoy gastamos mucho en incentivar la especulación, en vez de usar recursos para generar actividades de mayor valor; el discurso está disociado con la realidad".
Ante las críticas, Aguado admite que hay políticas y coyunturas que "se meten en el camino", pero insiste en que el Gobierno trabaja para que aumenten los incentivos indirectos por sobre los directos, que eran los más usuales. Se pasó de un mix de 90 a 10 a uno de 60 a 40 entre directos e indirectos; en el presupuesto 2019 hay $1500 millones destinados a crédito fiscal en investigación y desarrollo. "Esta política se acopla con leyes como la de Economía de Conocimiento, que suma incentivos; en líneas generales lo que se busca es, por un lado, el incentivo directo para quien no tiene hoy el capital, y el indirecto para el que lo tiene y aspira al reembolso", explica el funcionario. Y agrega que se intenta acercar capital de privados para que financien proyectos.
La ley de economía del conocimiento rige para las empresas inscriptas en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Está previsto que opere entre el 1° de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2029. Los beneficiarios no podrán ver incrementada su carga tributaria total nacional respecto de la que tengan al momento de su solicitud de adhesión al sistema.
La medida alcanza a todos los tributos nacionales (directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan como sujetos pasivos a los beneficiarios inscriptos, y derechos o aranceles a la importación y exportación). En el caso de los tributos provinciales, deberá haber una adhesión a la ley por parte de las jurisdicciones para que los beneficios se extiendan a ese nivel.
En el caso de las contribuciones patronales, el beneficio consiste en computar en forma completa el monto no imponible dispuesto por la ley de reforma tributaria, sin tomar en cuenta el esquema de aplicación en modo progresivo que dispuso la normativa. En el régimen actual de promoción de la industria del software se permite computar, según el caso, contribuciones patronales como créditos fiscales; en el régimen ahora aprobado eso sería posible, pero por única vez. En cuanto a Ganancias, los beneficiarios serán alcanzados por una alícuota reducida de 15%, con la condición de que mantengan su nómina de personal en los términos y condiciones que establezca la reglamentación. Además, los que estén en el registro no serán sujetos de retenciones y percepciones del IVA.
En la Argentina, según las cifras difundidas por el Gobierno, el sector de tecnología emplea a 430.000 personas y exporta por alrededor de US$6000 millones. La ley amplió el régimen que había previsto la ley de software de 2004, extendiendo los beneficios a empresas antes no incluidas, como las de informática, producción audiovisual, electrónica y biotecnología. El costo fiscal proyectado es de unos $12.000 millones en el primer año.
En la experiencia internacional, el instrumento más usado para la promoción de la inversión es el crédito fiscal. En Francia lo usan por año unas 15.000 empresas; le sigue Estados Unidos con una cifra apenas más baja y, la media de usuarios de beneficios de este tipo en los países desarrollados medianos y grandes es de entre 5000 y 6000 firmas. "En la Argentina pretendemos entrar en un esquema más atomizado; si logramos estar en unas 2000, habremos crecido mucho", dice Aguado.
Mazzucato está convencida de que un Estado "emprendedor" debería enfocarse en cómo transformar los desafíos sociales -como la inequidad social, el cambio climático o el envejecimiento poblacional- en metas concretas que puedan alcanzarse a través de la innovación. Este esquema requiere que el Estado asuma un rol de liderazgo, con inversión en áreas que son muy riesgosas para los privados. "Significa tener presencia no solo en la ciencia básica y la investigación -analiza-, sino en toda la cadena de innovación, entregando recursos a las pocas empresas interesadas en comprometerse con objetivos innovadores. No se trata de una estrategia sectorial, de elegir áreas principales, sino de contar con muchos sectores para trabajar juntos en formas innovadoras".
Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología sostienen que trabajan "fuerte" en brindarle a los actores privados capacidades científicas desarrolladas en el sector público. Hay 120 acuerdos con empresas que van desde multinacionales a pymes y emprendedores. "No es solo financiamiento presupuestario, sino que también es clave acercar el sistema público", define Aguado.
Mazzucato grafica el rol que el Estado debe cumplir en casos como la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa y la NASA en Estados Unidos: "La direccionalidad en las inversiones es fundamental, porque permite crear demandas que arrastran a distintos sectores de la economía; sino, el mercado es el que decide la dirección".
La economista ratifica que lo que impulsa la inversión empresarial son las expectativas respecto de dónde se encuentran las futuras oportunidades tecnológicas y de mercado. "Los incentivos fiscales por sí solos aumentan los beneficios pero no siempre la inversión, que es lo que impacta en la capacidad productiva y en la generación de buenos empleos".
Según Aguado, en materia de investigación básica el objetivo es ser lo "más amplios y libres posibles". En tanto, en investigación aplicada la focalización a largo plazo está en el plan espacial, en Pampa Azul (desarrollo productivo del mar), en alimentos, en salud y en industria 4.0 con tecnologías emergentes. "En biotecnología tenemos muchas capacidades -ejemplifica-; en ese indicador la Argentina fue el país que más creció, ascendimos seis posiciones y queremos seguir apostando". El funcionario plantea que en el plan Argentina 2030 (un espacio de diálogo intersectorial impulsado desde el Gobierno) se "reflejarán" estas metas.
El modelo de transferencia de conocimiento en la Argentina siguió la tendencia mundial de pasar de un esquema "lineal" (en el que cada actor tenía delimitado su ámbito de movimiento) al de "triple hélice", donde se produce un entrecruzamiento o convergencia de actores e intervienen simultáneamente universidades, centros de investigación pública, empresas y Estado.
Por ejemplo, los entes estatales pueden ayudar al financiamiento, poniéndose en contacto con el sector de la producción y ofreciéndole soluciones a sus requerimientos, o bien las empresas se acercan a sondear si pueden encontrar respuestas a sus búsquedas.
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