
Investigan a un juez por irregularidades
Se trata de Ricardo Bustos Fierro
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CORDOBA.- A raíz de serias irregularidades detectadas en cerca de 10.000 causas vinculadas con el corralito financiero, la Cámara Federal de Apelaciones resolvió elevar al Consejo de la Magistratura una investigación sobre la actuación del titular del Juzgado Federal N° 1 de esta capital, Ricardo Bustos Fierro.
Este magistrado cobró notoriedad en 1999 cuando habilitó a Carlos Saúl Menem a presentarse para su nueva reelección. También produjo el primer fallo favorable a las compañías telefónicas por el rebalanceo tarifario y reconoció el derecho de las mujeres a ingresar al Colegio Nacional de Monserrat.
Ahora, una comisión investigadora, integrada por tres de los miembros de la Cámara (Luis Rueda, Gustavo Becerra Ferrer e Ignacio Vélez Funes) arribó a la conclusión de que en la tramitación de una buena parte de los expedientes que ingresaron al juzgado de Bustos Fierro hubo anormalidades que constituyen una gravísima irregularidad.
Medidas drásticas
También están mencionadas inconductas como reiterados agasajos "gastronómicos" que se habrían recibido en el tribunal, algunos organizados por abogados del foro local.
Por esa razón, en acuerdo extraordinario, la Cámara adoptó ayer drásticas medidas en dos direcciones: respecto del juez, remitir las actuaciones a la Magistratura y, en relación con el secretario del tribunal, Héctor Eduardo Martínez, y la prosecretaria administrativa, María Inés Riccobene de Turrado, instruirles un sumario que determine sus responsabilidades.
En el caso de Bustos Fierro, el Consejo deberá decidir si abre una causa para juzgar su conducta. En lo que hace a los otros dos funcionarios, la Cámara Federal tiene facultades para resolver sanciones, si se ratificara la comprobación de las anomalías en el transcurso de la actuación sumarial que se ordenó.
El dictamen
Las irregularidades detectadas e imputadas al secretario Martínez son varias: violación de los turnos judiciales, no registro en el libro reglamentario de entradas, retiros de expedientes del tribunal sin que se confeccionaran recibos y centenares de recursos de apelación sin proveer, esto es, sin dárseles el curso que correspondía.
El dictamen de la comisión investigadora puntualiza que las anormalidades descubiertas no pudieron nunca ocurrir sin el conocimiento personal y directo del señor Juez.
Se grafica la situación en un párrafo: "Un desorden administrativo de tal magnitud que puede ser calificado de una verdadera anarquía y caos".
El dictamen llama la atención respecto de que en el juzgado de Bustos Fierro ingresaron por amparos contra el corralito financiero 9959 causas, mientras que en los otros dos tribunales federales con sede en Córdoba entraron 4202 en uno y 4637 en el otro.
El escrito de los tres camaristas investigadores hace notar la frecuencia de "agasajos gastronómicos" que ofrecían litigantes en horarios de oficina y fuera de ellos, uno de los cuales tuvo lugar en el hotel Sheraton con sorteo de electrodomésticos incluido. Son citados los nombres de abogados, en algunos casos de prestigiosos estudios cordobeses.
Por estas prácticas, la Cámara informó al Colegio de Abogados, que debiera examinar los casos mediante sus tribunales internos.





