Involucra fondos millonarios: el Gobierno audita más de 30.000 viviendas de la gestión anterior
Se pagaron más de $200.000 millones por ellas; un exfuncionario reconoció que tenían plazos de finalización “imposibles de cumplir”; la Sindicatura General de la Nación detectó ausencia de documentación respaldatoria que, según firmó el Presidente en un decreto, dificulta garantizar la trazabilidad de los recursos
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Las frustradas promesas de casa propia acumulan miles de millones de pesos y cientos de familias que esperan lo que no llega. Según detalló la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, al menos 31.678 viviendas debieron estar terminadas entre 2021 y mayo de 2024 pero ninguna completó su construcción. Un pedido de acceso a la información pública presentado por LA NACION reveló que el Gobierno pagó por ellas $202.890.518.065,07, algo así como US$200 millones. La continuidad de las obras depende del Ejecutivo y saber qué pasó con el dinero, de una auditoría que lanzó el oficialismo.
Las 31.678 viviendas inconclusas forman parte de los programas “Casa Propia” y “Reconstruir”. Estos planes recibían fondos nutridos por el Tesoro Nacional y la ejecución de las obras estaba a cargo de las jurisdicciones beneficiadas que podían ser provinciales o municipales.
Desde la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda explicaron que el fondo fiduciario que alimentaba el financiamiento de estas viviendas está siendo auditado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Se trata del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. Tal como sostuvieron, se observó “la inexistencia o desactualización de los procedimientos administrativos que definen la operatoria de funcionamiento de cada fondo fiduciario”. En palabras más sencillas, el Decreto 215/24, firmado por Javier Milei y Luis Caputo, destacó “la ausencia o falta de integridad y sistematización de la documentación de respaldo de los procesos de otorgamiento de fondos, lo que dificulta garantizar la transparencia y trazabilidad de las actuaciones y, por lo tanto, las tareas de control y fiscalización sobre la asignación de recursos”. En este caso, se pagaron más de $200.000 millones, según datos oficiales.
“No hay falta de transparencia”, esgrimió el exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la gestión anterior, Santiago Maggiotti. El exfuncionario indicó que se realizaban auditorías internas y externas, razón por la que habló de “sobrecontrol”. A su vez, en relación a las demoras en las obras, responsabilizó a las provincias o municipios.
Una fuente que dirigió uno de los entes ejecutores de las viviendas describió que el Gobierno nacional era el que “ajustaba los plazos de finalización” y que en muchos casos “eran imposibles de cumplir”. En ese sentido, Maggiotti admitió que “los plazos eran ajustados”.
Según resumió la exautoridad provincial del área de vivienda, el procedimiento en estas obras tenía varios pasos. El primero de ellos, tal como narró, tiene al Gobierno nacional como responsable de presentar los lineamientos de las viviendas que incluía los plazos de trabajo, entre otros ítems. Luego, los institutos de vivienda provinciales o los municipios se encargaban de formular el proyecto y lanzar una licitación cuya adjudicación y firma de contrato también era responsabilidad de estas jurisdicciones. El Ejecutivo pagaba en la medida que se presentaban avances de obra, salvo en algunos casos en los que se abonaron adelantos del 10%.
Este exfuncionario provincial ,que prefirió no ser citado con su nombre, reconoció que desconoce la razón por la que se habrían lanzado obras con “fechas imposibles”. “Y si no vas a llegar, ¿para qué firmas?”, retrucó Maggiotti.
Vinculado al financiamiento, quien estaba al frente de un instituto provincial de vivienda recordó que “en junio o julio de 2023 los flujos de fondos se discontinuaron abruptamente”, hecho que, según narró, provocó la parálisis de las obras en algunos casos y en otros, una reducción del ritmo de trabajo por parte de las empresas contratadas.
Por su parte, el exministro Maggiotti sostuvo que pudo haber atrasos vinculados a los cambios de precios que ocasionaba la inflación pero aseguró que terminó su gestión con todos los certificados de obra pagados.
Mientras todavía no se conoce el resultado de la auditoría, las viviendas sociales continúan inconclusas. En ese sentido, el Gobierno afirmó que analiza “reactivar las obras con el objetivo de finalizar todo lo que se pueda” en función de dos variables: el estado de infraestructura de cada proyecto y el presupuesto disponible.
En relación a esto último, según la información respondida por la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, el Gobierno pagó el 57% del valor total de los contratos de las más de 30 mil viviendas inconclusas que ya deberían haber sido entregadas. Esto significa que le restarían abonar unos $148.235 millones en caso de no haber ninguna actualización de montos.
De acuerdo a la respuesta oficial al pedido de acceso a la información pública, de las 31.678 viviendas pendientes de finalización, 354 debieron haber terminado en 2021. De ellas, 280 están en Chubut y registran un avance financiero del 100%. Esto significa que se pagó la totalidad de ellas ($266 millones). Este aspecto contradice al procedimiento oficial que estipulaba que las transferencias de Nación se realizaban en la medida en que avanzaba la obra.
Las 74 viviendas restantes que debieron haber terminado hace tres años se ubican en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas; los pagos cubrieron el 92,9% del contrato, cifra que equivale a algo más de $600 millones.
En 2022 debería haber finalizado la construcción de 1233 viviendas que, tal como indica el registro facilitado por el Gobierno, acreditan un avance de obra inferior al 95%. Estos números demuestran que la gran mayoría de las viviendas aún inconclusas, el 94% de ellas, debió haber sido entregadas entre 2023 y mayo de 2024.
Desde la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda explicaron que pudo haber ocurrido “imprevistos” en algunos casos o “desfasajes” aunque aclararon que “son los entes ejecutores en el territorio (como por ejemplo los institutos provinciales de vivienda) los que llevan adelante las obras”.
En ese sentido, el 25% de las 31.678 viviendas inconclusas de los programas “Casa Propia” y “Reconstruir” se ubican en la provincia de Buenos Aires. Es decir, una de cada cuatro. Esto equivale a 8052 hogares. La información oficial indica que en promedio les faltan un tercio de la obra para estar terminadas y, al mismo tiempo, se pagaron por ellas más de la mitad de los contratos.
Desde el área de vivienda bonaerense respondieron a LA NACION que los entes ejecutores de dichas casas pertenecen a los distintos municipios donde se desarrollan las obras. En ese sentido, desde el municipio de La Matanza a cargo de Fernando Espinoza indicaron que la motosierra libertaria es la razón por la que 200 viviendas que deberían haber sido terminadas en febrero y marzo de 2024 continúan inconclusas aunque no contestaron por qué no se completarone las 224 que tendrían que haber estado listas en 2023.
El podio de las provincias con más viviendas que excedieron sus plazos de finalización lo completan Chaco, donde se concentra el 8,9% de las obras pendientes (2833 viviendas), y Santiago del Estero con 2306 viviendas que equivalen al 7,2% del total analizado.
En Chaco, en promedio, el avance físico de las viviendas en cuestión registra un 69,7% mientras que completaron el 65% de su financiamiento. En Santiago del Estero, también en promedio, a las obras pendientes les falta un 13%, mientras que en términos económicos se adeuda el 19,4%.
Exfuncionarios chaqueños que administraron la ejecución de estas obras vincularon las demoras en los trabajos a la falta de financiamiento del Estado nacional desde mediados de 2023. Pese a que dicho corte hace referencia a la gestión del Frente de Todos, catalogó como una “crueldad” discontinuar la construcción de viviendas. Al mismo tiempo, las autoridades de Santiago del Estero no respondieron la consulta de LA NACION sobre por qué no se respetó el plazo de finalización de más de 2000 casas.
Hace una semana, el Gobierno habilitó el financiamiento de terceros para poder completar estas obras que forman parte de los programas “Casa Propia” y “Reconstruir”. En paralelo, avanza en conversaciones con las provincias para traspasarles la responsabilidad del financiamiento de las mismas, actualmente nutrido por las arcas nacionales, y así poder finalizar las viviendas.
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