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Juicio por YPF: fuerte lobby en EE.UU. para que la Corte Suprema revise el fallo favorable a la Argentina
Quince estados, ONG, académicos y políticos respaldaron a los fondos demandantes para evitar sentar un precedente; el Gobierno minimizó los planteos y tiene tiempo hasta el 2 de diciembre para presentar su respuesta
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El juicio contra la Argentina por la expropiación de YPF sumó un factor de presión política e institucional en su presentación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. En los últimos días, un grupo de quince estados norteamericanos, organizaciones no gubernamentales (ONG), académicos y figuras políticas se presentó formalmente para respaldar a los fondos litigantes y pedirle al máximo tribunal que revise el fallo que eximió al país de pagar el reclamo de US$16.100 millones.
Las maniobras, encuadradas en la figura legal de amicus curiae (amigos del tribunal, en latín), pretenden darle peso al pedido de apelación que el fondo Burford Capital —en representación de los derechos de Petersen Inversora, Petersen Energía y Eton Park— había realizado a fines de septiembre.
El calendario de la Corte establece que el Estado argentino tiene hasta el 2 de diciembre para realizar su presentación formal. A partir de ese entonces, los jueces supremos definirán si finalmente deciden tratar el pedido de los demandantes. Para que el tribunal acepte la revisión, se necesita que al menos cuatro de los nueve magistrados voten a favor.
Si la Corte directamente rechaza tratar la petición, el fallo que favoreció a la Argentina quedará firme de forma definitiva en territorio estadounidense.
Sin embargo, analistas estiman que los jueces podrían optar por un paso intermedio: pedirle la opinión formal a la Casa Blanca, a través del Solicitor General, para que la administración estadounidense fije su postura tras leer los argumentos de la Argentina.
En la Procuración del Tesoro de la Nación —el máximo representante legal del Estado argentino— dijeron a LA NACION que no especulan sobre posibles apoyos. En cuanto a los recientes planteos de los interesados en el caso, sostienen que no se trata de una apelación automática, sino que es parte de una etapa habitual, prevista en el reglamento del máximo tribunal estadounidense.
En esa línea, los representantes del país afirman que es importante distinguir estas presentaciones de las intervenciones realizadas por el Gobierno federal de EE.UU., al sostener que el Departamento de Justicia ya respaldó formalmente a la Argentina cinco veces a lo largo del litigio.
Según detalló Sebastián Maril, analista y director de Latam Advisors LLC, los escritos a favor de los demandantes incluyeron también al senador por Missouri, Eric Schmitt, y a tres banqueros internacionales: Peter Blanton, Christopher B. Cowie y Neil Woodford.
Para el caso del estado del Midwest, fuentes conocedoras del caso afirman que su interés surge de una controversia con otro país, que está fundamentada en el derecho estadounidense, mientras que el caso YPF fue resuelto sobre la base del derecho argentino.
Es así que el interés particular de los estados responde a una cuestión estrictamente jurisprudencial que excede a YPF, ya que al respaldar a los fondos litigantes, se busca evitar que se consolide un precedente que limite la jurisdicción de los tribunales norteamericanos sobre otras naciones soberanas, lo que podría terminar bloqueando o perjudicando sus propios juicios internacionales en la jurisdicción de los Estados Unidos.
En ese contexto, entre las ONG pro-mercado que respaldaron los planteos contra el Estado argentino están el Competitive Enterprise Institute, The American Free Enterprise Chamber of Commerce, The Heartland Institute y Unleash Prosperity, además de profesores de derecho de las universidades de Cornell y George Washington.
El objetivo del despliegue es estratégico, ya que para que la Corte Suprema acepte revisar la decisión de la Cámara de Apelaciones que revirtió la condena contra el país, los demandantes deben convencer a los jueces de que el caso YPF excede un mero conflicto comercial y afecta los intereses federales o el clima de negocios en EE.UU.
Pese al fuerte lobby en su contra, el Estado argentino ya registró un amicus curiae a su favor, por parte de la agrupación RA4ARG, y aguarda que en los próximos días ingresen nuevos escritos que respalden la soberanía de sus decisiones en torno a la petrolera.
Contraste en Nueva York
La situación en Washington se diferencia de la realidad procesal en los tribunales ordinarios del estado neoyorquino, donde el litigio transita sus últimos pasos. Como contó LA NACION, un fallo de la jueza Loretta Preska concluyó su intervención en el juicio por la estatización de YPF con una resolución que dejó sin efecto su propia sentencia emitida en 2023 a favor de los demandantes.
La cifra se componía originalmente de unos US$14.400 millones para Petersen Inversora y Petersen Energía, y US$1.700 millones para Eton Park. Con la acumulación de intereses, la suma alcanzaba los US$18.000 millones antes de que el fallo fuera revertido.
De esta manera, quedó cerrado formalmente el expediente de primera instancia en Nueva York, ya que la magistrada acató el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que en marzo revocó la condena contra la Argentina.
En ese contexto, Burford mantiene activa su vía internacional, al haber activado un tratado bilateral con España para llevar el reclamo al Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial. De cara a ese extenso proceso, en la Procuración advirtieron que van a seguir ejerciendo la defensa de los intereses de la Argentina con el mismo rigor técnico.
Por Lautaro Castillo
