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La DGI reveló cómo operaba Samid
Lo hizo en la presentación ante el juez federal Carlos Liporaci, que investiga al empresario acusado de asociación ilícita
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LA NACIONJorge Rosales
Una cuestión de familia. Así cataloga la DGI la investigación judicial contra el empresario de la carne José Alberto Samid, acusado de ser el cabecilla de una asociación ilícita organizada para evadir impuestos.
En la nueva presentación de la Dirección General Impositivaante el juez Carlos Liporaci, a la que tuvo acceso La Nación , el organismo tributario describió paso a paso por medio de siete firmas la acción de lo que llama el "Grupo Samid".
"A los efectos de controlar la marcha de los ´negocios´, el Grupo Samid era propietario de los terrenos e instalaciones, en donde desarrollaban su actividad los frigoríficos", afirma la presentación firmada por Jorge Sandullo, titular de la DGI.
Para el organismo fiscal -que elevó al magistrado una serie de cuadros explicativos sobre la acción del grupo- la titularidad de esos dominios era ejercida por una persona jurídica que no tenía como objeto societario la actividad frigorífica. Sus componentes eran "familiares directos y en algunos casos el propio José Alberto Samid".
Según la DGI, el empresario, ex diputado provincial del PJ bonaerense y ex asesor presidencial, tiene "actitudes dignas de mafiosos", y lo acusa de haber evadido más de 88 millones de pesos.
Pruebas
Según la DGI, Lustel SA, en la que figura como apoderada Nélida Aluch de Samid (madre de José Alberto Samid) le alquiló el predio al frigorífico Feet Up SA (que se le adjudica a Samid), y luego se lo vendió.
En Feet Up figuran como directivos Oscar Pileo (cuñado de Samid), Claudio Pileo (sobrino de Samid) y María Scarafia (esposa de Samid). Allí se "permite la evasión de otras personas; usa matrículas de Bravill SA, Manike SA, Nieve Honda (del Grupo Samid), y sus integrantes son insolventes", según la DGI.
El organismo fiscal asegura que los domicilios de Manike, Bravill y Nieve Honda coinciden con el del portero de Feet Up SA, quien además figura como vicepresidente de la firma; que la cuenta bancaria de la empresa es la misma que la de los directivos (sobrino y cuñado de Samid); Feet Up y una de las matrículas autorizan a Samid a comprar hacienda, a pesar de que no aparece en sus directorios.
"Cuantiosos testimonios indican que Samid daba las órdenes en Feet Up SA y que era el verdadero dueño", agrega la presentación.
Testaferros
Para el organismo que dirige Carlos Silvani, Fimogram SA, cuya presidente es la madre de Samid, le alquilaba el predio a la firma Unión del Sudoeste SA, presidida por César Balanho, vinculado a Samid como operador en la provincia de La Pampa.
Según la DGI, Unión del Sudoeste "operaba la planta con matrículas de usuarios vinculados al grupo", y que el escribano y la contadora del Grupo Samid "actuaron en la creación de las empresas usuarias".
De acuerdo con testimonios de personal del Servicio Nacional de Sanidad Animal, que se agregaron a la causa, está comprobado que Samid era "quien daba las ordenes en la planta". Unión del Sudoeste acumula una evasión de más de 8 millones de pesos.
La firma Nea SA, presidida por Alicia Samid (hermana de José Alberto), le alquilaba el predio al Frigorífico Morón, cuyo presidente, Miguel Aníbal Giménez, es señalado como testaferro de Samid.
Según la presentación ante la Justicia, en ese lugar operaban matrículas de usuarios vinculadas con el Grupo Samid que coinciden con las utilizadas en Yaguané. Se los acusa de venta en negro y subfacturación, y que sus integrantes "son insolventes".
"Testimonios de consignatarios de hacienda imputan a Samid como operador del Frigorífico Morón, y de carniceros que revelan la subfacturación", según la denuncia.
"Tan seguro puede haber estado José Alberto Samid de la impunidad de que gozaba -dice la DGI- que en septiembre de 1995 decide Ôaparecer´ formalmente como accionista de un frigorífico (Yaguané), colocando a su hermano Manuel como su presidente". Desde la aparición de Samid, Yaguané evadió más de 3 millones de pesos.
Distorsiones en el mercado
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia investigará una denuncia de frigoríficos sobre la evasión en el sector, que puede dar origen a un dictamen para que reclamen a la Justicia daños y perjuicios ocasionados por los empresarios evasores.
La Comisión investigará "cómo funciona el mercado de la carne y en qué medida la evasión introdujo distorsión en la competencia y afectó a productores eficientes y consumidores", dijo a Télam su titular, Jorge Bogo.
El dictamen que elabore, luego de escuchar a funcionarios de la Secretaría de Agricultura y la Dirección General Impositiva (DGI) y los empresarios del sector de la carne, puede contener fuerte multas para los evasores, superiores al 20 por ciento de la ganancia ilícita.
Además, "cualquier competidor que se viera afectado puede tomar el dictamen de la comisión como prueba de evasión y reclamar por la vía judicial el resarcimiento de daños y perjuicios al evasor", dijo Bogo.
La investigación se inició por una presentación de la Asociación de la Industria Argentina de Carnes, que agrupa a las empresas responsables del 80 por ciento de las exportaciones cárnicas, que denunció competencia desleal por la elevada evasión impositiva.
El primero en prestar testimonio, la semana próxima, ante la Comisión será el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Felipe Solá .
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