La economía que queda tras 10 años con Menem

El presidente Carlos Menem comenzó a despedirse ayer de los 10 años que cubrieron sus dos administraciones, dejando un inventario económico y social controvertido. En él se conjugan el triunfo sobre la hiperinflación, la conquista de la estabilidad como base de las reglas de juego, la apertura y las privatizaciones, con la duplicación de la desocupación y de la deuda externa, el aumento de la pobreza y la concentración de la riqueza.

Esa es parte de la herencia que el presidente electo recibirá a partir de diciembre, después de una década de gobierno menemista. En ese período se rompió con el estancamiento económico de los ochenta y se registró un crecimiento de la economía superior al de los países que más habían crecido en los últimos años.

El PBI aumentó un 50 % en 10 años y llegó a 288.194 millones de dólares en 1998. Este año, sin embargo, se contraerá un 3,4%, según la proyección del economista jefe del Estudio Broda, Luis Secco, como consecuencia de la recesión.

El inconsciente colectivo de los argentinos de finales de la década del 80 estaba dominado por la inestabilidad permanente, que quebró las normas de convivencia e instaló la sensación de que nada tenía un valor capaz de ser sostenido en el tiempo. En 1989 el año terminó con una tasa anual de inflación del 3079 por ciento. Por cierto, no había reglas.

Después de una década, marcada a fuego por la ley de convertibilidad, la Argentina terminará este año con un índice negativo en el costo de vida, que será cercano al -2 %. Esto significa que habrá deflación, una de las consecuencias inevitables de la recesión económica, como la que vivió nuestro país en los 12 meses que separan julio de 1998 de julio de este año. "Lo bueno de Menem es el plan de convertibilidad, que implica estabilidad monetaria y cambiaria y no tener inflación. También, haber sacado al Estado de las actividades comerciales e industriales con las privatizaciones, la apertura y la desregulación de la economía", sostiene Aldo Abram, director la consultora Exante.

Secco considera que el gobierno de Menem deja una economía muy diferente a la que recibió en 1989, "producto de políticas macroeconómicas sanas y consistentes desde el primer trimestre de 1990; sobre 39 trimestres 30 mostraron expansión económica, revirtiendo la historia de los 15 años previos de estancamiento y frustración".

El economista destacó que las reglas de juego claras y estables "permitieron una fuerte caída del riesgo país, lo que redundó en fuertes ganancias de productividad, gracias al notable incremento de la inversión productiva, que aumentó a un ritmo del 13,5% real anual entre 1991 y 1998".

Vulnerabilidad

Sin embargo, la Argentina continúa siendo muy vulnerable a los shocks externos, como los que se han vivido sucesivamente desde octubre de 1997, cuando comenzó la crisis asiática, hasta la devaluación en Brasil, en enero de este año.

No fue ajena al tembladeral, esta vez más regional que global, provocado por la devaluación mexicana, en 1994. Allí hubo corridas contra los depósitos, pero el sistema financiero soportó, con la convertibilidad a sus espaldas, y superó la borrachera del efecto tequila. A partir de allí se produjo una depuración del sistema financiero, que se tradujo en un achicamiento y concentración: de 236 entidades que había cuando Raúl Alfonsín dejó el poder sólo quedan hoy 120.

"Las reformas que habrían permitido reducir dicha vulnerabilidad se detuvieron incluso antes de que Menem hubiera terminado su primer mandato", opinó Secco.

"Lo negativo que deja este gobierno es un mercado laboral con regulaciones perimidas, que están teniendo un alto costo en términos de desempleo, un esquema de relaciones fiscales entre la Nación y las provincias también perimido, que debería reformularse porque genera incentivos perversos y malos manejos del gasto público en las provincias", dijo Abram a La Nación .

La desocupación en la Argentina trepó del 7,1 % en octubre de 1989 al 14,5% en octubre de este año. Esto, sumado a los índices de subocupación -quien tiene un trabajo y busca otro porque no le alcanza para vivir- significa que hay más de 4 millones de argentinos con problemas de empleo.

Y la pobreza trepó a cifras alarmantes: 13,4 millones -el 36% de la población a octubre de 1998- es el número de pobres en la Argentina, según estudios del Banco Mundial. De acuerdo con los trabajos de ese organismo, entre 1994 y 1998 el número de pobres creció en 4,1 millones. Sin embargo, los datos oficiales de la secretaría de Desarrollo Social indican que el número de pobres alcanza los 9 millones. La mayoría de las materias sociales no se han aprobado, según los economistas consultados. La principal tarea del futuro gobierno deberá ser avanzar en las reformas en ese campo, coinciden los técnicos.

La otra herencia es el aumento de la deuda externa. En 1989 la deuda pública era de 63.000 millones de dólares. Al 30 de junio de este año la deuda contraída por el Estado ascendía a 115.400 millones de dólares, según la subsecretaría de Financiamiento de Economía. La deuda externa total, en la que también se incluye al sector privado no financiero, llegó en marzo de este año a 139.680 millones de dólares.

Este año el programa financiero llegó a 17.410 millones de dólares, que se repartieron de la siguiente forma: 5100 millones para cubrir el déficit fiscal; 11.411 millones para pagar amortizaciones de la deuda y 900 millones para otros aspectos, según un informe oficial de Economía.

Para Abram la Argentina no tiene un problema de perfil ni de tamaño de su deuda. "Sí, en cambio, tiene un problema que es el crecimiento de la deuda, con lo cual se podría decir que en el futuro habrá inconvenientes", señaló Abram.

El gobierno que asumirá en diciembre también deberá lidiar con el creciente déficit fiscal, que llegará este año al nivel alcanzado en diciembre de 1996 cuando trepó a 6000 millones de dólares, y el por entonces flamante ministro de Economía, Roque Fernández, lanzó un duro ajuste fiscal para reducirlo.

Según los estudios de la Fundación Argentina para el Desarrollo con Equidad, que conduce José Luis Machinea, el rojo en las cuentas públicas se ubicaría en torno a los 5700 o 6000 millones. Otro de los desafíos para el nuevo gobierno es el de completar la segunda generación de las reformas, que nacieron con las privatizaciones de las empresas de servicios públicos.

El logro de haber dejado de lado el control estatal en las empresas prestadoras de servicios necesariamente debe complementarse con la introducción de más competencia, que se traducirá en una baja en los precios, mayor calidad en los servicios y una mejor defensa de los intereses de los consumidores.

Por Jorge Rosales

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