La empresa estatal de aguas, a un paso de ser aprobada en el Parlamento

La Cámara de Diputados aprobó ayer, con 131 votos en favor, 67 en contra y 18 abstenciones, y giró al Senado el decreto presidencial que crea la empresa Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA). Esa compañía se hará cargo del servicio de agua y cloacas en la Capital Federal y algunos partidos bonaerenses después de la rescisión del contrato con la empresa Suez.

Esa rescisión se aprobó ayer en el Senado -la semana pasada había hecho lo mismo Diputados-, con lo que el paso siguiente es el respaldo legislativo a la creación de AySA. El decreto correspondiente, que ahora fue girado al Senado para su aprobación final, establece que será una sociedad anónima con un 90 por ciento de las acciones en manos del Estado y el 10% restante para los trabajadores del sector por medio del programa de propiedad participada.

El oficialismo logró que la iniciativa fuera aprobada sin mayores inconvenientes gracias al bloque Peronista Federal (ex duhaldistas), que accedió a prestar su apoyo una vez que el Poder Ejecutivo garantizó que la nueva empresa no podrá ser reprivatizada. En efecto, el Poder Ejecutivo publicó ayer en el Boletín Oficial un decreto complementario en el cual se estableció, en el segundo párrafo del artículo 2, que "las acciones propiedad del Estado nacional serán intransferibles" y que esa proporción "no podrá ser disminuida como consecuencia de operación social alguna".

"Esta no es una decisión coyuntural ni parcial; es un paso importante que da el Poder Ejecutivo para resolver uno de los graves problemas que tiene la sociedad, y es que el agua sea un bien de la Nación, un derecho humano -fundamentó Edgardo Depetri (FV-Buenos Aires), presidente de la Comisión de Obras Públicas-. Con esta nueva empresa se ratifica la presencia del Estado para resolver lo que no hicieron los privados." Por su parte, el diputado Carlos Snopek (FV-Jujuy), presidente de la Comisión de Presupuesto, justificó la necesidad de un decreto para la conformación de AySA porque se trata "de un servicio público esencial que es imposible cortar".

Las críticas de la oposición

Los argumentos oficialistas no convencieron al grueso de la oposición, que, con distintos matices, cuestionó la medida del Poder Ejecutivo. Las críticas fueron, básicamente, dos: el régimen jurídico de la nueva empresa (sociedad anónima) y que la Nación termina financiando un servicio que sólo se brinda en el territorio metropolitano.

Desde ARI, Elisa Carrió (Capital) advirtió que, al tratarse de una sociedad anónima, está sometida al derecho privado y, por lo tanto, sus acciones -que ahora son del Estado- pueden ser transferidas.

"El nuevo decreto no garantiza que las acciones sean intransferibles ni que esta empresa termine siendo minoritaria, como tampoco garantiza la estabilidad de los empleados ni la prestación de agua -exclamó Carrió-. Es que, en caso de crisis, el Estado no se hace responsable y al ser una sociedad anónima, puede ir a la quiebra."

El radical Miguel Giubergia (Jujuy) tendió un manto de sospechas sobre las futuras compras y contrataciones de la empresa, pues se la exceptúa de sujetarse a los principios generales y normas del derecho administrativo, a la ley 19.549 (procedimientos administrativos), al decreto 1023/01 (compras y contrataciones) y a la ley 13.064 (obra pública).

En el bloque Peronista Federal, que apoyó el decreto, Graciela Camaño (Buenos Aires) intentó aventar sospechas. Si bien aclaró que el caso AySA no constituye una reestatización -sino una sociedad anónima, reiteró-, estará sujeto al control de la Sigen y de la Auditoría General.

La misma crítica compartieron Federico Pinedo (Pro-Capital) y el presidente del bloque radical, Fernando Chironi (Río Negro). "Es injusto que un ciudadano de una provincia del interior tenga que contribuir a solventar el financiamiento de un servicio que se presta en la Capital Federal y en Buenos Aires", coincidieron.

En otro orden de cosas, el juzgado federal civil y comercial N° 6, a cargo de Francisco de Asís Soto, dispuso ayer la inhibición general de bienes de la rescindida Aguas Argentinas SA hasta un monto de 500 millones de pesos, medida que había solicitado el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.