La industria pide aprovechar el “súper RIGI” y alertó por el empleo

La presentación en el Congreso fue el martes pasado y pasó desapercibida en medio del escándalo que ya envolvía al jefe de Gabinete, Manuel Adorni (y que luego se profundizaría) y la previa del Mundial de Fútbol. La Unión Industrial Argentina (UIA) bosquejó la crisis que vive el sector –con una fuerte caída de la actividad y más de 75.000 trabajadores menos en el sector desde que el gobierno libertario tomó las riendas–, y reclamó una nueva ley pyme y una reforma tributaria y alertó sobre la exclusión del “Súper RIGI”.

Con datos oficiales procesados por el Centro de Estudios de la entidad (CEU), la UIA estimó que la industria estuvo en marzo 12% por debajo de junio de 2022, y detalló que entre los subsectores sólo se salvan la molienda (por el campo), la refinación de petróleo (Vaca Muerta), las motos (por la facilidad para importar), el farmacéutico y algunos segmentos relacionados con alimentos. Cayeron los materiales para la producción, el sector siderúrgico, la petroquímica, caucho y plástico, bebidas, textil, confecciones y calzado, electrónicos y maquinaria.

Entre agosto de 2023 y febrero de este año, cayó 240.980 puestos la cantidad de asalariados privados. Uno de los sectores más afectados -con la construcción- en el empleo fue la industria: 75.399 empleados menos.

“La caída de la actividad tiene su correlato en el empleo formal. Vemos una caída sostenida”, dijo Laura Bermúdez, directora ejecutiva de la UIA a los diputados en la Comisión de Industria la semana pasada, y recalcó que se hablaba específicamente de empleo directo, por lo que no se sumaban al número registrado los indirectos vinculados a los servicios, la producción de insumos, el empleo inducido e incluso la comercialización.

Según la UIA, las importaciones asociadas al consumo aumentaron un 17% a marzo desde abril de 2025; por otra parte, aquellas vinculadas a la producción cayeron 14%. Bermúdez remarcó en este punto que hay “preocupación” en la industria, ya que este es un sector de bienes transables que compite con el mundo. Remarcó entonces el alto costo país.

Por otra parte, en la presentación se reflejó que las cantidades exportadas industriales se encuentran estancadas hace diez años con caída respecto al período 2011-2013. “En el primer trimestre de 2026, cayeron un 24% frente a 2011”, escribieron los técnicos de la entidad que preside Martín Rappallini.

La presentación ante los diputados la hicieron Bermúdez y Diego Leal, presidente PYMI y de Desarrollo Regional de la entidad empresaria. Fueron invitados ellos como representantes de la UIA y también directivos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“La productividad es una pieza clave para el desarrollo, pero una política de reducción del costo argentino y el resguardo de la competencia desleal son necesarias para sostener el desarrollo socioeconómico doméstico y promover la inserción competitiva de la producción argentina. Para volver a tener dinamismo productivo y protagonismo en el mundo necesitamos un sistema competitivo”, escribieron en un powerpoint que presentaron a los diputados.

Cuestionaron la inestabilidad macroeconómica, los costos de la energía, la falta de financiamiento, el costo logístico, la infraestructura básica y la presión tributaria que históricamente enfrenta la industria. Y reclamaron medidas: una nueva ley pyme, desarrollo de las cadenas de valor en el Super RIGI y una reforma tributaria para la competitividad del sector transable.

Describieron que el “Súper RIGI” incluye beneficios para proveedores locales, pero “sustancialmente menores que en el RIGI”, y esgrimieron que “su debate es una oportunidad para formular un programa de desarrollo de cadenas de valor que sea superador y de aplicación efectiva”.

“La iniciativa de proveedores locales del RIGI tuvo un alcance limitado, ya que, por un lado, gran parte de la inversión asignada pudo ser cubierta con gastos no asociados a bienes de capital con generación de valor local, por ejemplo, con obras o servicios (no transables). Y por el otro lado, el RIGI contiene un mecanismo para saltear el cupo de inversión obligatoria orientada a proveedores locales, permitiendo ser reemplazados por insumos y bienes finales del exterior”, cuestionaron en la UIA.

El “Súper RIGI” (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias) es un proyecto de ley enviado por el Gobierno al Congreso. Está diseñado para atraer capitales gigantescos en sectores tecnológicos y emergentes, el régimen exige una inversión superior a los US$1000 millones y ofrece beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios superiores a los del RIGI original. Está orientado principalmente a fomentar industrias que actualmente no tienen desarrollo masivo en el país, como la inteligencia artificial, centros de datos (mega data centers), semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital estratégica.

Para el “Súper RIGI” que se debate en el Congreso, la entidad fabril propuso replicar el porcentaje mínimo de inversión obligatorio del 20% del RIGI con aplicación obligatoria para bienes con valor agregado local; que el cupo tenga ampliación gradual a lo largo de la inversión y operación, en vistas de que son actividades nuevas y que se espera que se desarrollen localmente; que la autoridad de aplicación establezca reglas claras con el sector privado “para controlar que la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”, y se otorguen medidas a las empresas locales para poder competir.

Con relación al pedido de una reforma tributaria, puntualizaron que es necesaria una reducción del costo laboral no salarial (se propuso permitir el cómputo de hasta el 95% de las contribuciones patronales a cuenta de IVA y Ganancias, para los sectores intensivos en empleo, industriales y economías regionales); establecer en el impuesto a las ganancias una alícuota única del 25%, en línea con la OCDE; permitir el cómputo del impuesto a los débitos y créditos como pago a cuenta de IVA e impuesto a las ganancias (100% para pymes y un porcentaje gradual y progresivamente mayor para otras empresas hasta su eliminación); la eliminación de los derechos de exportación, que, si bien se anunció recientemente un esquema de eliminación gradual, existen rubros como acero, aluminio y algunos segmentos de alimentos que no serían alcanzados por esta medida. También a los productos mineros (plata, bronce y litio); y, por último, reclamaron el aumento de los reintegros de exportación para bienes industriales, alimentos y bebidas, y economías regionales.

Hoy la capacidad instalada de la industria registró una leve mejora: marcó un nivel general de 59,9%, apenas por encima del 58,6% de igual mes de 2025. El economista Diego Coatz, director ejecutivo de la consultora [I+D] Industria y Desarrollo, comentó que el uso de la capacidad instalada industrial sigue sin poder superar el 60% y opinó que no ve perspectivas de que esto pueda cambiar en los próximos meses. “La actividad industrial es un serrucho con tendencia clara hacia la baja. Hay un efecto sándwich: precios y demanda a la baja, costos al alza. Crece la presión sobre la rentabilidad”, explicó.

Adimra, en tanto, informó que la caída del sector siderúrgico en marzo fue de 5,1% interanual y de 1,4% con respecto a abril. El sector acumula una caída de 6% en lo que va de 2026. El uso de la capacidad instalada continúa con su piso bajo: es de 39,8%, lo que implica un retroceso de 6,8 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año previo.

Tras rebotar en marzo, la industria volvió a caer en abril pasado, esta vez un 2,1%. En la medición interanual mostró una baja de 2,8%, según el Indec. La UIA había informado, en tanto, en su encuesta de junio distribuida la semana pasada que el 38% de las empresas relevadas indicó que su nivel de producción cayó en abril en comparación con el promedio del primer trimestre del año. También bajaron las ventas y el empleo. Según el think tank Misión Productiva, en base a datos públicos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), casi el 60% de las ramas productivas privadas destruyó empleo registrado entre noviembre de 2023 y febrero de 2026. “Esto es, 554 actividades de las 948 relevadas por la SRT han disminuido su cantidad de empleo durante el período de gestión actual”, subrayaron.

Por Francisco Jueguen

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