La jueza Preska puso fecha para que la Argentina entregue chats de funcionarios de Javier Milei y Alberto Fernández
La jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York estipuló en una audiencia que el país debería presentar esa información el 30 de octubre
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LA NACIONIgnacio Grimaldi
“Se ordena a la República recopilar y presentar estas comunicaciones fuera de canal a más tardar el 30 de octubre”, dictó la jueza Loretta Preska en una audiencia celebrada este jueves. Allí estaban los abogados de la Argentina en el expediente conocido como “discovery”.
Esta orden implica entregar correos electrónicos, chats de WhatsApp y otras comunicaciones de altos funcionarios de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández. Esto forma parte del pleito judicial que discute si YPF es un alter ego del Gobierno o si funciona como una firma que no está supeditada a las órdenes de funcionarios del Ejecutivo. En otras palabras, si una entidad es lo mismo que la otra entidad.
“Ayer verbalmente la jueza fresca obligó a Argentina a entregar todos los WhatsApp, emails, etcétera, el 30 de octubre”, explicó Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y experto en litigios contra el país en el exterior.
La decisión alude a las “off channel communications”. Tal cual indicó Maril, esto implicaría la entrega de “todas las decisiones, comunicados, actos gubernamentales relacionados y realizados por funcionarios argentinos mediante WhatsApp, emails, que la Argentina dice que no son elementos oficiales, deben ser producidos y entregados de cualquier manera”.
El expediente también busca determinar si son alter ego de la República Argentina Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Arsat y el Banco Central, además de YPF, entre otros bienes. Se trata de la búsqueda de activos del país para que los demandantes puedan cobrar la sentencia.
LA NACION consultó a la Procuración del Tesoro, es decir, el organismo jefe de los abogados del Estado. Desde el organismo explicaron que la Argentina está preparando trabajando una estrategia para suspender la orden de entrega de información con fecha límite de 30 de octubre.
La cuestión de fondo es la condena por US$16.000 millones contra la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, que el país apeló. En caso de que esa sentencia quedara firme y el Estado se negara a pagar dicha suma de dinero, la Justicia podría avanzar contra los bienes declarados “alter ego”, que devienen del expediente conocido como “discovery”. Allí ocurrió la audiencia que fijó fecha para la entrega de este tipo de comunicaciones de funcionarios y exfuncionarios.
Por lo tanto, esta es otra de las ramificaciones del caso más importante que involucra directamente a la expropiación de la petrolera.
De hecho, hace dos semanas, la Argentina ya había presentado argumentos para evitar la entrega de acciones de YPF, que deriva de un pedido de los demandantes de la Argentina como forma de pago por la sentencia en contra en primera instancia de US$16.100 millones más intereses, que se determinó en 2023.
LA NACION consultó a los demandantes de la Argentina para conocer su visión sobre los argumentos del país, pero al momento de publicación de este artículo no emitieron respuesta. Se trata de los fondos Burford Capital —que adquirió los derechos de litigio al fisco español tras la quiebra del Grupo Petersen— y Eton Park, que presionan para cobrar la indemnización más intereses, tal como dictaminó en primera instancia la jueza Preska, del Distrito Sur de Nueva York.
Las próximas semanas muestran un calendario con más de una fecha clave. El 30 de octubre, según lo mencionado por Preska en la audiencia, es el límite que fijó para que el país entregara las comunicaciones formales e informales de funcionarios y exfuncionarios vinculadas a las entidades sobre las que se busca determinar si son alter ego del Gobierno. Pero un día antes también ocurrirá algo relevante.
El 29 de octubre es la fecha de una audiencia clave, en la que la Argentina expondrá todos sus argumentos para revocar la sentencia de la cuestión de fondo, que es la expropiación de YPF y el pago de US$16.000 millones. Ese día no se conocerá una determinación sobre la apelación, ya que el tribunal no tiene plazos para expedirse.
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