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La movilidad jubilatoria y la historia de un sistema con hechos recurrentes
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La reciente reforma previsional modificó la forma de indexar los haberes jubilatorios. La fórmula previa indexaba principalmente por recaudación tributaria, dado que, tras la destrucción del Indec, no había un índice de precios. La recuperación de las estadísticas en 2016 le permitió al Gobierno proponer esta nueva fórmula, que está basada principalmente en la inflación, en línea con los estándares internacionales.
Pero la fórmula previa tenía otro problema, más profundo aún que haber nacido como fruto de una mentira. El Gobierno se encontró ante la necesidad de bajar la presión impositiva para recuperar la competitividad perdida de la economía. Pero si reducía el peso de los impuestos y dejaba la vieja fórmula vigente, terminaría también bajando las jubilaciones y afectando el poder de compra de los haberes.
La magnitud del problema no es menor, porque el gobierno anterior coronó al país como el de mayor presión impositiva a nivel mundial. Este triste récord condena a muchas empresas a la imposibilidad de exportar, dado que los bienes ya son caros antes de cruzar la frontera. No importa el impuesto que se analice, sean IVA, Ganancias o los pagos a la seguridad social, la Argentina es el país con las mayores alícuotas a nivel mundial. Sin necesidad de recordar que usamos impuestos que el mundo desarrollado ni conoce, como las retenciones, el impuesto al cheque o Ingresos Brutos. Esta maraña de impuestos actúa como una boleadora en los pies de cualquier empresa que se proponga exportar, quedando atrapada en las pampas.
La nueva fórmula de movilidad permite despejar el camino para bajar la presión impositiva sin afectar el poder de compra del jubilado.
Aun esperando una inflación de 22% para este año, puede proyectarse que la nueva fórmula otorgaría un aumento superior a 24% (5,7% en marzo, 5,7% en junio, 7,3% en septiembre y 5,0% en diciembre).
En otros términos, la jubilación le ganará al alza de precios este año, siempre que la inflación no supere el 22%. Pero si lo supera, no descartamos que el Gobierno decida un nuevo adicional en el segundo semestre del año, en la proporción que asegure que no caiga el poder de compra del jubilado durante 2018.
La situación del sistema
Más allá de la coyuntura y si se realiza un breve repaso de la historia de la seguridad social en la Argentina, no puede llamar la atención que el sistema esté hoy quebrado, sin fondos y con un déficit anual de 18.000 millones de dólares, equivalente a 3% del producto bruto interno (PBI). La reciente reforma no ataca este problema, que explica la mitad del gasto público y la mitad del déficit fiscal. Pero con solo recordar los últimos 70 años de historia, sorprende tamaña estafa perpetrada por el propio Estado.
Supongamos el caso de un jubilado de hoy y sigamos su historia. Muy posiblemente esta persona compró en su temprana niñez algunas estampillas de "ahorro postal" que le vendía el gobierno como instrumento de ahorro, un ahorro rápidamente evaporado por la inflación. Nadie cobró nada, el Estado le sacó monedas al estudiante como caramelos a un niño, sin imaginarse que eso era solo un presagio de lo que vendría.
De joven empezó a aportar en el flamante sistema de seguridad social, donde todos ponían dinero, pero todavía nadie se jubilaba. Sin reparo alguno, el gasto público se comió todos los aportes previsionales. El Estado nunca ahorró y menos invirtió. Como llegaba se lo gastaba, lo que implicaba que la seguridad social nunca dispuso de los fondos para honrar el compromiso asumido. La estafa se puso en evidencia cuando aparecieron los primeros jubilados, entrando inmediatamente en crisis el sistema por no disponer de plata para pagar los haberes.
Ya en sus últimos años de vida laboral, y mientras miraba la marcha de los jubilados frente al Congreso, en los 90, le propusieron el nuevo sistema de capitalización individual, para que ahorrara él mismo para la jubilación. En 1994 nacieron las AFJP. Pero antes de que se cumpliera una década de ese esquema, en 2001, el Estado se declaró en default y eso afectó al 100% de los ahorros capitalizados. En 2005, el Estado impuso una quita sobre los ahorros, y sin tiempo para medir las pérdidas, en 2009 el Estado finalmente expropió el remanente renegociado. Todo el esfuerzo por ahorrar se esfumó, primero con una quita y luego con un decreto del Estado que estableció el fin del sistema de las AFJP.
Para cuando estaba a meses de jubilarse, el trabajador era consciente de que todos sus aportes y ahorros para el futuro se habían perdido a manos del Estado. Primero con la estampilla postal, luego con el sistema de reparto y finalmente con el de capitalización. Nada quedó.
Y llegó el siglo XXI. Mientras confirmaba que todavía no había autos voladores, el Estado le otorgó su primer haber previsional. Pero casi inmediatamente el Gobierno decidió pisarle la jubilación durante años y en un lanzado contexto inflacionario, con el explícito objetivo de licuarle su ingreso mensual.
Cataratas de juicios al Estado durmieron en tribunales durante la última década, mientras el jubilado observaba impotente cómo con su plata se hablaba de la década ganada. Actualmente él mismo o algún familiar está esperando el cheque de la reparación histórica, que compensa tarde y parcialmente solo la estafa de la última década.
Esta es la historia del jubilado promedio, que vivió entera la decadencia argentina. Quizá se quede con la ilusión de que su historia de vida, al menos, sea una advertencia para sus nietos respecto de los riesgos del populismo.
El autor es economista, director de Econométrica
