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La promoción industrial cuesta caro
El Estado dejará de recaudar $ 32.600 millones entre 1983 y el 2010
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MENDOZA.- ¿Qué hubiera pasado si nunca hubiese existido la promoción industrial en Catamarca, San Luis, San Juan y La Rioja?
Por primera vez, un estudio privado midió el costo fiscal real de esta política de subsidios, que fue creada por el gobierno de la última dictadura militar y que alentó en esas cuatro provincias inversiones por $ 11.018 millones (a valor actual) desde 1983.
Según el cálculo del estudio Dagnino Pastore, Costa y Asociados, el Estado dejará de recaudar $ 32.600 millones de pesos entre 1983 (fecha de la instalación de la primera empresa bajo el régimen) y el 2010 (año en el que finalizan los efectos de la promoción).
Para la provincia de Mendoza, rodeada por las cuatro provincias promovidas, la pérdida de recaudación suma $ 1800 millones, contabilizando ingresos perdidos por coparticipación e impuestos provinciales.
El estudio suma al costo fiscal pérdidas económicas, que se agigantan en el caso de Mendoza y suman $ 14.800 millones.
Se estudió también el costo del empleo en términos de ingresos fiscales generado por la política promocional. El resultado es que "cada puesto de trabajo creado ha insumido un costo fiscal de $ 461.000".
Este régimen de promoción industrial les da a las empresas que se instalan en esas cuatro provincias la posibilidad de no pagar el impuesto a las ganancias, ni los aranceles, ni el impuesto al valor agregado (IVA) para la importación de bienes de capital.
También gozan de desgravaciones en el IVA ventas e IVA compras, y de diferimientos de impuestos hasta la segunda década del próximo milenio.
El estudio fue encargado por el Consejo Empresario Mendocino, presidido por Enrique Pescarmona, titular de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa).
Presión
El objetivo del trabajo es aportar datos para que durante la definición de la nueva ley de coparticipación el Congreso derogue este sistema de promoción.
A la presentación del informe, realizada en la Bolsa de Comercio de Mendoza, fueron invitados legisladores provinciales y nacionales; el actual gobernador, Arturo Lafalla, y los candidatos a sucederlo.
También estuvo Arnaldo Bocco, economista de la Alianza, quien le dijo a La Nación que en un eventual gobierno de Fernando de la Rúa esos regímenes desaparecerían. "Están en vías de extinción", dijo Bocco.
Pero los empresarios mendocinos no se conformarían con la derogación del régimen. En 1997 iniciaron un juicio contra el Estado para que también se le devuelva a la provincia el dinero que perdió por una menor coparticipación durante estos años.
Enrique Pescarmona dijo durante la presentación que confiaba en que "los políticos iban a saber resolver con sensatez la injusticia que sufre la provincia de Mendoza".
Pero toda la sensatez política chocaría contra el concepto jurídico de los derechos adquiridos.
Los legisladores mendocinos entienden que una derogación del régimen provocaría una catarata de juicios por parte de las empresas, lo que podría ser más costoso aún que mantenerlo hasta el 2010.
Además, Pescarmona se encargó de aclarar que muchos empresarios mendocinos optaron por reinstalarse en alguna de las cuatro provincias.
"Los empresarios debemos adaptarnos a los cambios, y si la opción es sobrevivir o desaparecer, tenemos que tomar una decisión", dijo a La Nación Pescarmona.
Datos
El estudio de Dagnino Pastore, Costa y Asociados midió en primera instancia el costo fiscal para la Nación sin actualizar los valores. Esa suma daba una pérdida de recaudación de $ 18.000 millones.
A ese número, el estudio le sumó un interés del 8% anual, con el argumento de que el Estado le podría haber sacado a ese dinero una renta durante todos estos años. Así llegan al total de $ 32.600 millones.
El estudio de Pastore asegura que el régimen atrajo inversiones por $ 11.018 millones. "Hubiese sido más barato para el Estado darles a las empresas la plata, porque por cada peso invertido se perdieron $ 2,86", dijo Pescarmona En el caso de las cuentas mendocinas, los empresarios están más preocupados por la pérdida económica que por el costo fiscal.
El informe explica detalladamente cómo se midió esa pérdida. Los datos que disparan el cálculo muestran el desequilibrio que provocó el régimen en la región.
Mientras que en la Argentina el valor de la producción manufacturera creció un 60% entre 1973 y 1993, en San Luis creció un 2577%, en La Rioja un 988%, en Catamarca un 1012% y en San Juan un 126 por ciento.
Este impacto surge, según el estudio, por las relocalizaciones de empresas en las provincias con promoción.
Lo mismo se observa al comparar los empleos creados, mientras que entre 1973 y 1993 Mendoza perdió 4700 empleos industriales -y en el país se perdieron 517.312- en las cuatro provincias se crearon 31.728 puestos.
Pastore estudió el impacto en cada sector industrial de la provincia. Y el resultado es un impacto de 635 millones de dólares anuales, que sumado al impacto por la promoción agropecuaria, comercial y de servicios alcanzan los $ 14.800 millones anuales de pérdida económica en todo el período.
Bono solidario
Según el candidato a gobernador de Mendoza por el Partido Demócrata, Carlos Balter, existen en la actualidad 2907 empresas trabajando bajo los beneficios del régimen. El diputado hizo una propuesta para que Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis "le devuelvan al país parte de lo que le han sacado".
El diputado propuso la creación de un bono solidario por parte de las empresas beneficiadas, que deberían pagar un 1% sobre sus activos y un 2% sobre sus ventas. "Con eso se podría financiar por 5 años el sistema educativo, porque se recaudarían 715 millones de dólares de un día para el otro", explicó Balter. Mendoza espera que la crítica situación fiscal del país le dé coraje al próximo gobierno para revisar si es posible seguir entregando subsidios.
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