La semana de 35 horas cumplió un aniversario sin champagne

PARIS. - La ley que introdujo la controvertida semana de 35 horas en Francia ha estado vigente un año entero; un segundo proyecto destinado a atar cabos sueltos está en camino y se ha empezado a conversar sobre cómo darles a los hasta ahora exentos trabajadores del sector público -unos 4,5 millones- el mismo corte promedio de 10 % en el tiempo que deben dedicar a sus tareas, supuestamente sin perder parte de su paga. Sin embargo, lo que ya casi nadie pretende creer es que la nueva ley, por más enmendada que esté, pueda crear una cantidad de nuevos empleos, como proclamaba el manifiesto socialista hace dos años.

En efecto, un ministro admite privadamente que la medida, en un tiempo aclamada por los mayores sindicatos del país como "el más importante avance social en Francia desde 1936", en realidad crearía "relativamente pocos puestos de trabajo para tanto ruido".

Martine Aubry, ministro de Empleo y Asuntos Sociales, predijo una vez que la ley ayudaría a crear un millón más de puestos de trabajo en cinco años. Algunos expertos incluso subieron esa cifra a 1,4 millón. Hasta Dominique Strauss-Kahn, el por lo común prudente ministro de Finanzas, habló de posibles 200.000 a 600.000 nuevos puestos.

Hoy pocos se atreven a hacer tales pronósticos. "Nadie tiene verdaderamente una clave", admite un alto asesor del gobierno. En su último informe sobre Francia, la Organization for European Cooperation & Development (OECD) calcula que la semana de 35 horas ofrece "riesgos considerables y dividendos inciertos".

Débiles resultados

Los primeros resultados son bastante débiles: 24.000 empleos creados o conservados desde que llegó la ley, con acuerdos que cubren a sólo 386.000 trabajadores de los 14 millones del sector privado. Pocos empleadores corrieron a solicitar la ayuda prometida por el gobierno de 9000 francos (US$ 1500) anuales durante cinco años por cada empleo creado o mantenido, disponible sólo para las firmas que tanto cortaron las horas de trabajo en 10 % como aumentaron su fuerza laboral en al menos 6 % antes de la fecha límite del 1º de enero del año próximo. Para entonces, todas las compañías privadas que emplean como mínimo 20 personas deben cortar su semana laboral común a 35 horas.

En un principio, la mayoría de los hombres de negocios se oponía a la medida, diciendo que el costo laboral subiría 11 % para compensar las horas perdidas semanalmente, que la productividad se reduciría, se alentarían los despidos y la pobreza se extendería. Denunciando un "triunfo de la ideología sobre la razón", Jean Gandols, líder de la principal asociación de empleadores, se bajó del carro como protesta. Pero irónicamente, ahora muchos de los miembros de ese organismo comprobaron que la nueva ley en realidad resulta útil para hacer más flexibles las prácticas laborales.

Por un lado, para consternación de los sindicatos, la semana de 35 horas no se toma generalmente como norma semanal. Más bien, los patrones la calculan sobre la base del número total de horas trabajadas en el año, y luego dividen esa cifra por 52. El resultado es que los empleadores pueden responder mejor a las demandas estacionales y, a menudo, en forma más barata.

Los ministros aparentan seguir convencidos. Dicen que es demasiado temprano para juzgar si la ley está funcionando como se pretendía. Además, la semana de 35 horas estaba destinada no sólo a crear puestos de trabajo sino también a "modernizar prácticas" y desbloquear el "diálogo social" entre empleadores y sindicatos. Y así lo ha hecho.

Pero los líderes sindicales están comprensiblemente apesadumbrados. Pidieron una semana laboral más corta cuando asumió el gobierno socialista, así que difícilmente pueden ahora quejarse si el resultado no es -para decirlo con suavidad- lo que tenían en mente.

Por Traducción de Mara Farhat

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