La UIA planteó sus dudas al Gobierno por el acuerdo Mercosur-UE

El mensaje privado de WhatsApp fue enviado por los directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA) a los negociadores del Gobierno en Bruselas antes de que se cerrara el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Allí se listaban una serie de ítems que, según los empresarios nacionales, eran fundamentales para preservar sus intereses en el marco de la negociación del estratégico acuerdo, alcanzado el viernes.

El mensaje reiteraba viejas dudas, incluso muchas de las que se mantenían desde el comunicado conjunto firmado en Asunción en febrero pasado por los presidentes de la UIA, Miguel Acevedo; de la Confederación Nacional de Industria de Brasil (CNI), Robson Braga de Andrade; de la Unión Industrial Paraguaya, Eduardo Felippo, y de la Cámara de Industrial del Uruguay, Gabriel Murara.

Muchas de esas dudas siguen sin despejarse, dado que aún no se conocen todos los detalles de lo firmado el viernes por el equipo que conducen los ministros Jorge Faurie (Cancillería) y Dante Sica (Producción y Trabajo), junto al secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reyser; el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y la secretaria de Comercio Exterior, Marisa Bircher.

Tanto en la versión digital enviada a los negociadores en Bruselas en las últimas horas como en aquella distribuida por las cámaras afloraban las preocupaciones que aún existen entre los empresarios sobre la letra chica del acuerdo, aún desconocida, y sobre el impacto en las economías de esta región, que todavía no encararon las reformas estructurales necesarias para empresas, sindicatos y el Estado.

El WhatsApp de los industriales fue bien específico. Su primera duda eran los acuerdos alcanzados con relación a las indicaciones geográficas, para qué productos y en qué términos. Un tema con impacto en el sector alimentario, entre otros. La segunda, vinculada con la estratégica industria farmacéutica, se preguntaba por el capítulo de propiedad intelectual, y específicamente sobre los datos de pruebas de laboratorio y la duración de las patentes.

No fue casual una frase usada anteayer por la secretaria Marisa Bircher. "Puedo decir que mantuvimos todas las líneas rojas que nos pedía el sector privado", afirmó, cuando LA NACION le preguntó por la compleja negociación sobre la propiedad intelectual.

"Las cámaras de la industria farmacéutica del Mercosur agrupadas en Alifar alientan a las autoridades del Mercosur a continuar el trabajo que vienen realizando, a fin de que resulte un acuerdo comercial con la Unión Europea equilibrado, mutuamente beneficioso para las partes y que permita mantener las líneas rojas en materia de derechos de propiedad intelectual de medicamentos", estimó en un comunicado la industria farmacéutica regional el mes pasado.

En aquel establecen una de esas líneas: el reconocimiento de las patentes para el sector debe tener un plazo de 20 años.

En el WhatsApp industrial aparecían luego las dudas sobre lo que tiene que ver con las llamadas reglas de origen, en particular para los sectores "sensibles" como el azúcar, la siderurgia, los bienes de capital y los textiles, entre otros. De ese ítem se desprendía el llamado "terror" industrial nacional a la posible triangulación entre países, sobre todo de productos chinos.

El capítulo sobre las compras públicas, gubernamentales y subnacionales dejaba inquietos a los industriales locales, en particular todo lo vinculado con los criterios que se tomaron para definir organismos, bienes y servicios alcanzados, nivel del umbral y, particularmente, si existe o no un "trato preferencial y diferenciado para el Mercosur".

Con relación al comercio, los industriales preguntaron a los negociadores qué bienes son los que quedaron en el listado de excepciones del Mercosur, o sea, por fuera del cronograma de desgravación arancelaria que finalmente fue cerrado el viernes. En las últimas horas solo se conoció oficialmente que un 10% del comercio industrial se mantendría no liberalizado. Pero el Gobierno no dio ningún otro detalle al respecto.

Obviamente, los empresarios pidieron información más precisa sobre los productos por los que se negociaron cuotas arancelarias, los volúmenes acordados y las condiciones de esas cuotas, y qué se estableció finalmente para el sector automotor, el más sensible. Allí se fijó una canasta de 15 años de plazo de desgravación de aranceles con 7 años de gracia. Y una cuota de 50.000 autos anuales con arancel a la mitad del 35% actualmente establecido para lo que llega de fuera del Mercosur.

Preocupaba también que fuera cierto el rumor sobre la posibilidad de que la UE pudiera prestar servicio de cabotaje marítimo (operado por la marina mercante europea). Además, preguntaron sobre el estratégico comercio de servicios. Según les dijeron los industriales a los negociadores del Gobierno, además, algunos sectores estratégicos desconocían todavía la ubicación final de sus productos en cada una de las canastas de desgravación, algo fundamental para evaluar "los impactos del acuerdo".

Hoy, ya firmado, aún se desconocen la letra chica del acuerdo y su impacto. Los industriales saben solo una cosa: que el Gobierno promete haberles cumplido.

Bolsonaro: el acuerdo puede tardar tres años

(Reuters).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo ayer que podría tardar hasta tres años la entrada en vigor del tratado de libre comercio alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea, ya que depende de la aprobación de los legisladores de todos los países involucrados. En una entrevista tras llegar a Brasil de su viaje a la cumbre del G-20 en Osaka, Japón, Bolsonaro agregó que esperaba que el Congreso brasileño sea uno de los primeros en aprobar el tratado. "[El acuerdo] entra en vigor en uno o tres años, depende de los parlamentos. Vamos a ver si nosotros tal vez seamos uno de los primeros en aprobar, espero", dijo el mandatario en Brasilia. Bolsonaro denominó su viaje al G-20 como "misión cumplida" y mencionó el hecho de que durante la cumbre en Japón se concretó el acuerdo.