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Las medidas con las que el Gobierno busca reactivar la economía en la previa de la carrera electoral
Milei repite que no va a “ceder al canto de las sirenas”, pero en las últimas semanas el equipo económico habilitó un piso salarial, dejó bajar las tasas y anunció cambios para el crédito hipotecario y la construcción
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LA NACIONSofía Diamante
En los últimos días, el Gobierno habilitó un nuevo piso salarial para las categorías más bajas de los convenios colectivos, dejó que el Banco Central inyectara liquidez para bajar las tasas, anunció un esquema para reanimar el crédito hipotecario, flexibilizó los préstamos en dólares para empresas que no generan divisas y aceleró las licitaciones de corredores viales. Ninguna de esas decisiones fue presentada como un plan de estímulo. Pero el ministro de Economía, Luis Caputo, usó dos palabras que hasta hace poco no formaban parte del vocabulario oficial: “reactivar” e “impulsar”.
El presidente Javier Milei repitió esta semana que su gestión seguirá “haciendo lo que está bien” y que no piensa “ceder al canto de las sirenas”. Entre esas dos frases se juega buena parte de la política económica de los próximos meses.
El diagnóstico ya no se discute ni siquiera puertas adentro. El propio presidente del Banco Central, Santiago Bausili, reconoció que la economía crece “mucho más despacio” de lo esperado. A comienzos de año, las consultoras proyectaban una expansión del PBI de 3,5% para 2026 y hoy la estimación bajó a 2,7%, con probabilidad de seguir ajustando a la baja. “La economía no está volando, tampoco se puede decir que esté en recesión. Está desacelerando y corriendo por debajo de lo esperado”, sintetizó la consultora Outlier.
La señal más inesperada llegó desde la Secretaría de Trabajo, en coordinación con la Jefatura de Gabinete, cuando sugirió un piso garantizado de $1,07 millones brutos —unos $860.000 de bolsillo— para los sueldos más bajos de los convenios colectivos, mediante bonos o sumas fijas no remunerativas que complementen las paritarias. La idea es preservar el tope de 2% mensual como referencia para los aumentos que se homologan, pero habilitar a los gremios a acordar pagos adicionales.
Ahí está el nervio del problema. El empleo privado registrado sigue cayendo, el salario real está 8,2% por debajo de 2023 y las ventas en supermercados acumulan un tropiezo del 10% contra ese mismo año. “Mucha gente en los grandes centros urbanos dice que, aun cuando la inflación bajó, todavía no está mejor, por más que el Gobierno hable de que las exportaciones y Vaca Muerta vuelan”, advirtió Guido Sandleris, presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri.
Su lectura arrastra el sesgo de aquella gestión. “Los fundamentals de la economía mejoraron, pero no llegamos con el bienestar. Me preocupa mucho que el bienestar le llegue rápido a la gente, pensando en las elecciones del año que viene”, planteó.
Su receta es pragmática y la enuncia sin vueltas. “La economía argentina funcionaría mejor este año con un tipo de cambio un poco más alto y con el Banco Central comprando más reservas. Puede ser $1700, $1800. No tiene que ser nada brutal”, planteó.
Con eso, buscaría algo más de actividad y más reservas para el eventual cambio de carteras preelectoral. Enunció también el costo. “Hay trade-offs, algo se pierde. La inflación no va a seguir bajando este año y probablemente tampoco el año que viene si hacen esto que digo”, opinó.
Ante la consulta de LA NACION, en el Ministerio de Economía no hubo respuesta.
Punto de inflexión
El giro más relevante en el equipo económico no se anunció en conferencia de prensa. El miércoles 19 de agosto, después de más de tres semanas de defender el techo virtual de $1500, el BCRA inyectó $1,3 billones en el mercado, la mayor operación expansiva desde enero. El objetivo era bajar las tasas, que ese mismo día habían superado el 28% promedio en el mercado interbancario, un nivel que no se veía desde febrero.
“En un contexto de controles de capitales acotados, no es posible manejar el dólar y la tasa de manera simultánea y por mucho tiempo”, explicó 1816, que recordó el trilema de Mundell-Fleming que dice que “en la vida hay que elegir”. El Gobierno eligió. Consideró más costoso que las tasas llegaran al 30%, en un contexto de alta morosidad, que ver al dólar por encima de $1500.
En la semana que pasó, el Central contuvo menos el tipo de cambio en futuros y en títulos dollar linked, que funcionan como coberturas cambiarias, y dejó que el dólar cerrara en $1512, con una suba semanal del 1%, todavía 25% por debajo de la banda superior. Las tasas intradiarias volvieron a la zona del 21% nominal anual —1,75% efectivo mensual—, después del pico de 27% de la semana previa. “Esta convergencia de las tasas no es más que el reflejo de la decisión del Gobierno de dejar deslizar el tipo de cambio”, interpretó la consultora LCG. En el año, el tipo de cambio subió 3,8%, contra una inflación acumulada del 20%, una apreciación real del 10%.
El movimiento contradice el mensaje público. Bausili había anticipado que la política monetaria mantendría “un sesgo contractivo” y que no debía esperarse una inyección de pesos mientras la inflación no convergiera a niveles internacionales. “Una golondrina no hace verano”, advierten en el mercado bancario, donde nadie da por consumado el giro. Pero la percepción de cambio quedó instalada.
Sandleris cree que el camino es ese. “El Gobierno no se puede dar el lujo de que la tasa real se pegue el viaje que se pegó en 2025, antes de las elecciones de medio término. No puede estar arriba, por la mora que ya tenemos y porque frenaría mucho la actividad”, sostuvo.
La consultora Econviews, dirigida por el exsecretario de Finanzas Miguel Kiguel, advirtió en el mismo sentido: las tasas altas complican a una economía “aletargada, con casi 6 millones de morosos”.
El resto de las medidas anunciadas están dirigidas a la clase media y a la construcción, el sector que más empleo perdió y que sigue 25% por debajo de su pico de 2023, golpeado por el encarecimiento de los costos —17% solo este año— y por el fin de la obra pública.
A eso apuntó la quinta conferencia de prensa que dio Caputo en el último mes y medio. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses destinará hasta $2 billones (US$1300 millones) a fondear a los bancos a mediano plazo, mediante licitaciones de depósitos a uno y cinco años. A cambio, deberán ofrecer hipotecas a una tasa máxima de 7,5% más UVA, por hasta US$200.000 y para primera vivienda. El Gobierno calcula que puede generar unos 17.000 préstamos.
La otra pata fue el crédito en dólares. La flexibilización de las normas macroprudenciales habilita a los bancos a prestar divisas a empresas que no exportan, algo hasta hace poco vedado. Para la empresa de asesoramiento financiero Parakeet Capital, funciona como “dos políticas en una”, porque estimula a sectores que traccionan empleo y canaliza los dólares del colchón hacia un destino productivo. En la misma línea se inscribe la media sanción de Diputados a Inocencia Fiscal II.
El timing tiene una explicación política. El Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella había tocado en julio el mismo nivel que en septiembre de 2025, cuando el oficialismo perdió las elecciones provinciales bonaerenses. “Con estos niveles tienen miedo y se ponen más pragmáticos”, señaló un economista que se reúne con empresas y nota la caída en las ventas. Por eso la mejora de 6,4% de agosto en ese indicador fue festejada en todo el Gobierno, incluido Caputo: “Datos oficiales matan encuestas”.
La pregunta de fondo es si alcanza. Milei construyó su capital político sobre la promesa de bajar la inflación y devolver la estabilidad, en un país que en 2023 ordenaba sus preocupaciones en inflación, salarios, corrupción y empleo.
Hoy, la dominante es la falta de trabajo, seguida por los bajos salarios, según la última encuesta de satisfacción política de la Universidad de San Andrés.
Sandleris lo tradujo a la práctica. “Si estuviera en el equipo económico, elegiría eso, hacer un poquito de plan platita, pero no lo diría. Nunca decirlo”, sostuvo.
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