Las medidas, un paliativo electoral con algunos riesgos

"Por primera vez escucho que podemos perder", confesó el fin de semana un secretario de Estado. "Ya no se ve ese optimismo, para mi gusto, hasta exagerado que había", reconoció entre sus íntimos. Algo cambió en el seno del Gobierno en los últimos 10 días. El instinto de conservación reemplazó al optimismo ciego que parecía infranqueable, y en materia económica las medidas empiezan a contener altas dosis de improvisación, además de que en algunos casos amenazan romper con intangibles que hasta ahora venían diferenciando a Cambiemos del kirchnerismo.

Aun los economistas más alineados con el Gobierno ven en el paquete de medidas anunciado el miércoles pasado un paliativo electoral. Pero para algunos podría ir más allá de una simple dosis de populismo. En un sector del empresariado consideran que, en pos de su supervivencia, el Ejecutivo arriesga a ceder otro intangible que formó parte del relato de Cambiemos: el respeto a las reglas de juego.

En las diferentes oficinas del Estado admiten que muchos de los anuncios no habían terminado siquiera de madurarse para cuando se presentaron. Dos ejemplos: la convocatoria para los nuevos créditos Procrear, con la que se piensa beneficiar a 10.000 familias, comenzará recién en junio (el mismo mes en que se develarán las listas con las candidaturas para la elección presidencial), mientras que las alternativas para "aliviar la situación de los que hoy tienen créditos hipotecarios en UVA y percibieron aumentos en las cuotas", tal cual reza el Power Point que difundió la Casa Rosada, no están definidas. Recién hoy habrá una reunión en el equipo económico para evaluarlas.

Lo cierto es que desde hace por lo menos dos años existen en los archivos de Cambiemos proyectos para trabajar en una suerte de aseguradora de hipotecas, como en su momento fue Fanny Mae en Estados Unidos. La necesidad electoral hizo que volvieran a desempolvarse ahora.

Pese a la fuerte presencia en los medios que tiene la problemática de los créditos UVA y de la angustia que representa en cada caso el riesgo de perder la vivienda, la realidad es que la mora en los préstamos indexados por inflación en el sistema financiero es de apenas 0,2%. La sobreestimación de un problema que el Gobierno no logra dominar. En el Banco Nación, solo 11 de los 50.000 préstamos otorgados están en dificultades; en el Hipotecario, son dos casos de 2800. Los incumplimientos con los UVA apenas pesan en la tasa de mora promedio del sistema financiero, que hoy se ubica en torno al 3% para el total de créditos. Los precios de las propiedades, en tanto, prácticamente se mantuvieron en dólares, por lo que en la mayoría de los casos los deudores están sentados sobre un patrimonio que excede el costo de su deuda en pesos. Según se desprende de un estudio reciente de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), en el último año, y pese al gran parate que sufrió el mercado inmobiliario tras la devaluación del peso, el valor de las propiedades usadas apenas varió entre 0,04% y -1,6% en distintos barrios de la Capital Federal.

"El valor de los contratos privados es muy lábil en este país, y por eso tenemos que pagar primas de riesgo que después decimos que no entendemos", se lamentaba un banquero que, pese a estar alineado con el proyecto Cambiemos, se muestra crítico de muchas de sus iniciativas más recientes.

El costo de no cumplir con las reglas de juego durante el kirchnerismo, estimó Sebastián Maril, de Research For Traders, ya le costó al país, solo en juicios internacionales, US$16.194 millones (casi un tercio de lo que el FMI le va a terminar prestando a la Argentina en tres años), si se incluye el pago a los holdouts, el pago a Repsol por la expropiación de YPF y los fallos que perdió la Argentina en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial. El Viernes Santo la Justicia de Estados Unidos dio a conocer otros dos fallos por reclamos que vienen de la gestión de Axel Kicillof en Economía, que podrían costarle al país otros tantos miles de millones de dólares: uno por la manipulación de las estadísticas que afectó a los bonistas que habían comprado cupones indexados por el PBI, y el otro por una demanda iniciada en su momento por el Grupo Petersen, en reclamo de una compensación por la expropiación de YPF.

El respeto por el marco regulatorio es una preocupación que tienen también los industriales. La disputa entre el Gobierno y Techint por los subsidios prometidos para la extracción de gas en Vaca Muerta es otro ejemplo. Quienes deben defender los intereses del Estado en este tema reconocen en privado que, pese a lo inconveniente del arreglo para las cuentas públicas, la biblioteca en este caso está dividida en partes iguales: hay tantos argumentos para que Techint reclame por el cambio de reglas como para que el Gobierno justifique una reformulación del acuerdo. Quizá por eso es que el presidente Mauricio Macri decidió abandonar la dura posición del Ministerio de Hacienda e instruyó hace dos semanas al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, para que negocie una salida del conflicto. "En el Gobierno hay posiciones internas encontradas -confiaron las fuentes-, pero el Presidente pidió encontrarle una solución al problema que evite otro paso por los tribunales".

Poco suma en el humor empresario la nueva embestida del Gobierno para garantizar el control de los nuevos Precios Cuidados. Más que apuntalar la ley de lealtad comercial para contentar a la clase política, dicen, hacía falta que cumpliera con la designación de la autoridad prevista en la ley de defensa de la competencia. Se suponía que debía estar lista para junio pasado. El tiempo sigue corriendo. La idea de convertir la Argentina en "supermercado del mundo" quedó archivada para un hipotético segundo mandato.

Desanimados por la coyuntura y desencantados de la gestión, los hombres de negocios agrupados en la Unión Industrial Argentina (UIA) tienen previsto plantearle al Gobierno un nuevo decálogo de medidas. Sin éxito, en diciembre pasado ya le habían planteado al ministro Dante Sica 35 iniciativas para reactivar la producción de las pymes. Ahora esperan mejorar su suerte con una comunicación más acotada: un Power Point de seis páginas, con poco texto y solo 10 medidas resumidas en una página. Un reflejo de los nuevos tiempos, en los que la dominancia de las redes sociales exige mensajes simples y concisos.

Esta vez, además, la idea es ir más allá del gobierno nacional, al que muchos describen como accesible, pero poco permeable. La comunicación se hará en forma simultánea para todas las administraciones provinciales. Los representantes de las distintas filiales industriales viajaron a Buenos Aires para una reunión en la sede central de la gremial fabril a comienzos de mes. Para algunos, más allá de consensuar el documento, fue la oportunidad de hacer catarsis. "Hay desesperación -describió uno de los empresarios presentes-. Me sorprendió que por primera vez todos dicen lo mismo: están viendo que no llegan. El problema es que cuando esto lo decís en el Gobierno, lo niegan".

En materia de financiamiento, por caso, la UIA reclama la federalización del crédito productivo (como, por ejemplo, la bonificación de tasas); en el plano tributario, piden el restablecimiento a nivel nacional del decreto 814, "para fomentar la creación de empleo", mientras que a nivel provincial piden el cumplimiento del consenso fiscal y la modificación del régimen de recaudación, además de un ordenamiento de los criterios de tasas e impuestos municipales. En lo que hace a la logística, el documento plantea la necesidad de un plan ferroviario para reducir costos y la ley de tránsito para fomentar el uso de camiones bitrenes y escalables. Mientras que en materia energética insiste en la reducción de la presión tributaria (IVA) en las tarifas y una baja de las tasas y cánones que se cobran en provincias.

Los empresarios saben que del otro lado tienen un interlocutor que no es fácil. Más aún, que, pese a pertenecer a la misma estirpe, no necesariamente les tiene demasiada estima. Cuentan quienes participaron de uno de los convites organizados en las últimas semanas por la Jefatura de Gabinete que Marcos Peña no ahorró críticas para con aquellos industriales que asisten a los encuentros con el Gobierno acompañados por el sindicalista de su sector. "Pone de manifiesto el sistema corporativista de nuestros industriales sustitutivos de importaciones, que fue el sistema peronista instaurado en 1946 y que sigue vigente", explicó un hombre de negocios cercano a Cambiemos. Y es que en el mundo empresario también hay una grieta.

Por Florencia Donovan

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