Las siete señales anti inversión que el sector privado ve en el Gobierno
Aumento de la presión fiscal, restricciones cambiarias, obligación de refinanciar deudas y regulaciones laborales son los principales obstáculos que observan las empresas desde el inicio de la gestión
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LA NACIONSofía Diamante
Hace días circuló en un grupo de Whatsapp un comentario que sintetiza el sentimiento del sector privado. Mientras el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, tenían una conferencia virtual con fondos del exterior para invitarlos a invertir en la Argentina, un inversor local dijo con sarcasmo: “Es como que te invite a tomar un té Yiya Murano”.
Esa misma semana se conoció el proyecto de ley del oficialismo para subir el impuesto a las Ganancias para las empresas, que se sumó a una lista de señales y gestos anti inversión que el Gobierno promulgó en su casi año y medio de gestión.
Mayor presión fiscal
Una de las primeras medidas que tomó el Gobierno al asumir fue el envío al Congreso de la ley de Solidaridad, que suspendía la rebaja de alícuotas de contribuciones patronales y de Ganancias para empresas, aumentaba el impuesto a los créditos y débitos (impuesto al cheque) y subía los derechos a las exportaciones de soja y otros productos, llevándolos hasta un máximo del 33%.
Además, se creó el impuesto PAIS, que grava con el 30% la compra de moneda extranjera, y el año pasado se aprobó el “aporte solidario por única vez”, más conocido como el impuesto a la riqueza. En total, durante este tiempo, se crearon o subieron 16 impuestos.
Si se incluye a las provincias, la Nación promovió suspender el pacto fiscal firmado en 2017, que implicaba bajar las alícuotas de Ingresos Brutos, el tributo más dañino según los empresarios.
“Solo en 2020, Fernández revirtió casi la totalidad de las bajas de impuestos de la administración de Mauricio Macri. En 2021, la presión tributaria superará el récord de 2015 de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, de casi 32% del PBI. La dinámica de las provincias es igual, van a un récord”, indicó el economista Fernando Marull.
Cambio en las reglas de juego
El año pasado hubo dos hechos puntuales que sorprendieron al sector privado en general: el anuncio de la estatización de Vicentin –que finalmente el Gobierno dio marcha atrás– y la decisión de declarar sin previo aviso servicio regulado a las telecomunicaciones, lo que implica que los aumentos de las tarifas de la telefonía celular y fija, los servicios de internet y de televisión paga pasan a estar determinados por el Estado.
Dos de los mayores repelentes para la inversión son el cambio de las reglas de juego y la falta de seguridad jurídica, que vuelven muy riesgoso cualquier proyecto. Para compensar ese riesgo, los inversores piden mayor retorno de las ganancias para desembolsar los fondos.
Restricciones para acceder al mercado de cambios
Las restricciones para ingresar al mercado de cambios fueron una política que el Gobierno heredó de la gestión anterior, pero, lejos de reducirlas, las acentuó. En este sentido, las empresas exportadoras están obligadas a liquidar los dólares en promedio a los 10 días de que se haya concretado la venta, mientras que las importadoras deben hacer cada vez más trámites para que el Ministerio de Desarrollo Productivo les autorice las compras del exterior.
Además, las empresas internacionales no puede enviar utilidades a las casas matrices, salvo que realicen nuevas exportaciones, lo que las obliga a ser creativas para que las ganancias no sean carcomidas por la inflación.
“La vida económica es una competencia y queremos que haya una también entre nuestros activos. Para eso debemos tener la facilidad de invertir en un país y luego sacar el dinero y enviarlo a otro dependiendo de las necesidades de la empresa, no de las necesidades del Banco Central o del gobierno del país donde estamos operando”, dijo el mes pasado Mario Mehren, director general de Wintershall, una de las principales petroleras multinacionales del mundo y la quinta productora de gas en el país, en una charla con periodistas.
Obligatoriedad de reestructurar deudas privadas
Condicionado por la falta de reservas del Banco Central, el año pasado el Gobierno obligó a las empresas que tuvieran vencimientos de deuda mensuales mayor al millón de dólares a reestructurar sus obligaciones, generando un daño externo en su historial crediticio y encareciendo aún más el costo de pedir financiamiento internacional.
Esta medida se suponía que se extendería hasta este fin de mes, pero finalmente la entidad que conduce Miguel Pesce la prorrogó hasta el final de 2021. Los empresas alcanzadas tuvieron que diseñar un plan de acción en tiempo récord para refinanciar sus compromisos o utilizar dólares propios para pagar, sin la posibilidad de comprarle los dólares al Banco Central.
Como la Argentina tiene un mercado de crédito chico, porque la mayoría de los argentinos ahorra en dólares por la falta de moneda propia, pedir financiamiento en el mercado externo es una alternativa atractiva para invertir. Sin embargo, con un riesgo país arriba de los 1500 puntos, esta opción está prácticamente cerrada para la mayoría de las compañías.
Prohibición de despidos y doble indemnización
Antes de que comience la pandemia, a pocos días de haber asumido, el Gobierno decretó que los despidos sin causa estaban sujetos a la doble indemnización por 180 días. Luego de desatada la emergencia, se sumó una obligación más: los despidos quedaron directamente prohibidos.
Tal vez estas medidas hayan ayudado durante la pandemia, pese a que 700.000 personas igualmente perdieron sus puestos de trabajo, pero su extensión en el tiempo genera un efecto contrario: menos empresas quieren contratar empleados por las dificultades que enfrentan después para desvincularlos si el negocio se achica.
Relacionado con este tema, los empresarios ven con preocupación el poder de los sindicatos, expresados en la demanda del líder camionero, Hugo Moyano, que amenaza con bloquear los centros de distribución de Walmart si los nuevos accionistas no despiden a los 500 empleados, los indemnizan y los vuelven a contratar.
Acercamiento a Venezuela
La semana pasada se confirmó que la Argentina se retiraba del Grupo de Lima, la organización multilateral de 14 países conformado en 2017 para buscar una salida democrática a la crisis social, política y económica de Venezuela. En la práctica, desde que había asumido Fernández como presidente, la Argentina dejó de acompañar y de firmar las declaraciones emitidas, pero su salida explícita del grupo es percibida como una declaración pública de su mayor acercamiento al país gobernado por Nicolás Maduro.
Distorsiones de las variables macro
Además de la falta de previsibilidad que tiene el país por el constante cambios de reglas de juego, un tema no menor es la estabilidad macroeconómica. Es difícil planear las inversiones sin saber a qué velocidad subirán los precios, cómo se comportará el tipo de cambio, si entrará el país en default y qué pasará con las tarifas de los servicios públicos.
En los últimos tres años, ninguna de las proyecciones iniciales sobre estas variables se cumplió. La volatilidad macroeconómica se volvió una normalidad para los empresarios locales, pero una barrera más de acceso para los internacionales que quieren invertir en el país.
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