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Legitimó la Corte el rebalanceo telefónico
La decisión anula juicios contra las empresas; ahora podrán cortar el servicio a morosos
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La Corte Suprema de Justicia aprobó el rebalanceo telefónico, que dispuso aumentos del 57% en las llamadas locales y rebajas de hasta el 70% en las de larga distancia e internacionales.
Después de postergar durante un año su fallo, en lo que se interpretó como un intento por no afectar políticamente al Gobierno en las elecciones legislativas de octubre, el tribunal convalidó el reajuste tarifario.
Si bien todos los ministros votaron por dejar sin efecto una sentencia de la justicia federal de Mendoza, que había hecho lugar al reclamo de un usuario, cuatro de los jueces oficialistas (Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez y Eduardo Moliné O´Connor) cierran la vía para que se presenten nuevos reclamos judiciales.
El rebalanceo telefónico fue dispuesto por decreto en febrero de 1997 y generó un sinnúmero de causas judiciales en su contra, impulsadas por las asociaciones de defensa de los consumidores y por el ombudsman nacional, Jorge Maiorano.
Ante la sentencia de la Corte, las asociaciones de consumidores pidieron una reunión urgente con Telefónica y Telecom para reclamar la instrumentación de planes de pago para los clientes morosos.
"Hay gente que debe varias facturas y queremos saber qué van a hacer las empresas para no dejarla sin servicio", señaló Sandra González, de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua).
Debido a las quejas de las telefónicas por el aumento de la morosidad, la Secretaría de Comunicaciones autorizó a que se corte el servicio a los morosos.
La Corte confirmó la vigencia del rebalanceo
El fallo alejó la posibilidad de multas multimillonarias para las empresas por incumplimientos judiciales y cerró la vía legal para otras demandas.
Una semana después de que la jueza María José Sarmiento impuso multas de un millón de pesos por día a Telefónica y a Telecom por seguir aplicando el rebalanceo, la Corte Suprema puso fin a una complicada polémica legal y social de un año de duración, dictaminando la validez del decreto 92/97, que puso en marcha un nuevo cuadro tarifario telefónico.
El fallo del máximo tribunal cerró la posibilidad de reclamos a todos aquellos clientes que, disconformes con las nuevas tarifas, habían dejado de pagar las facturas.
El rebalanceo fue puesto en marcha en febrero del año último, y estableció subas de hasta el 57 por ciento en las llamadas locales, y rebajas de entre el 60 y el 80 por ciento en las comunicaciones de larga distancia e internacionales.
También eliminó los pulsos libres y fijó el abono residencial en 12,47 pesos más IVA por mes, un aumento de casi el 50 por ciento con respecto al cuadro tarifario anterior. En las casas de familia, tanto de la Capital Federal como del interior, vieron cómo se duplicaba y hasta triplicaba en algunos casos el monto de la factura a fin del bimestre.
Agro e industria
Los sectores industriales y agropecuarios de las provincias, en cambio, fueron los más beneficiados, ya que el uso intensivo del teléfono con otras localidades y países se vio favorecido con reducciones promedio del 70 por ciento.
En noviembre se eliminó la hora pico (de 10 a 13), lo que redujo en un 25 por ciento las tarifas locales, aunque no restableció las tarifas anteriores al rebalanceo.
Reglas poco claras
La instrumentación del decreto del rebalanceo trajo más de un dolor de cabeza al gobierno nacional, que debió enfrentar en los tribunales un sinnúmero de presentaciones en contra de las nuevas tarifas.
Durante más de un año, las idas y venidas ante la Justicia confundieron a los usuarios, y pusieron en duda cuáles eran las reglas de juego en un sector más que conflictivo:el de los servicios públicos privatizados.
Con respecto al rebalanceo, hubo dictámenes a favor y en contra en todo el país. El primero en avalar la medida fue el juez Bustos Fierro, de Córdoba, por una presentación de la UIA local.
Luego, el juez Gerardo Rodríguez, de Mendoza, estableció la inconstitucionalidad del decreto. En marzo, por una serie de fallos cruzados, Telefónica de Argentina dejó de enviar las facturas durante tres bimestres a casi un millón de usuarios entre la Capital Federal y la provincia mendocina, lo que acrecentó aún más la incertidumbre.
Telecom, por su parte, siguió enviando las facturas, y gracias a una medida cautelar, con las nuevas tarifas.
Este proceder motivó que dos magistradas impusieran multas a las compañías por seguir enviando las facturas con las nuevas tarifas, o el "aumento encubierto", según consideró el diputado Héctor Polino.
La última multa fue la dispuesta por la jueza María José Sarmiento, que fijó una pena de un millón de pesos diarios a cada una de las telefónicas.
Si se hubiera aplicado esta sanción punitiva, las telefónicas deberían haber tenido que desembolsar entre 250 y 400 millones.
Kammerath justifica
Por su parte, el secretario de Comunicaciones, Germán Kammerath, aseguró que el rebalanceo tiene "pleno apoyo" de la gente y descalificó la presentación del ombudsman nacional, Jorge Maiorano, uno de los críticos del aumento que implicó el nuevo cuadro tarifario.
"El defensor del pueblo es uno solo. Pregúntenles a los gobernadores de la Argentina que en su mayoría se han inclinado a su favor", sostuvo el funcionario.
"Durante muchos años, el Indec tomó para establecer el índice de inflación el consumo promedio de un usuario residencial del AMBA (área multiple de Buenos Aires). Los gobiernos, para subvencionar a Entel y para que no subiera el índice de inflación, incrementaban las llamadas interurbanas", señaló un técnico de la Secretaría de Comunicaciones.
Según el funcionario, "la rentabilidad en las llamadas de larga distancia era casi del 80 por ciento, mientras que las tarifas locales estaban muy por debajo del costo. Ahora podrán entrar competidores en estos sectores".
Telefónica señaló que el nivel de morosidad "llegó a más del 30 por ciento de lo facturado", y que "el 70 por ciento de las últimas bajas se debe a la falta de cumplimiento en el pago de las facturas".
