Ley Bases y paquete fiscal: los cambios que causarían mayor impacto en la economía

Junto a motosierra, licuadora y “no hay plata”, las palabras “ley bases” forman parte de la biblia libertaria, así como también de una de las discusiones políticas con más idas y vueltas de los últimos años. Primero se llamó “ómnibus”, luego siguieron las negociaciones legislativas y después de seis meses de debate el proyecto parlamentario del Gobierno se achicó, aunque conservó puntos que plantean cambios importantes en la economía. A continuación, los 10 que mayor impacto provocarían en caso de aprobarse la Ley Bases y el denominado paquete fiscal.

La sanción del paquete fiscal marcaría el regreso de este tributo para los trabajadores de la cuarta categoría. En el caso de los solteros, comenzarían a pagarlo, quienes perciben sueldos superiores a $1.800.000 brutos; para casados con dos hijos, ese piso equivale a $2.200.000. De acuerdo con la media sanción que tuvo el paquete fiscal en la Cámara de Diputados, la tabla de alícuotas se actualizará por inflación cada seis meses, en enero y julio, a partir del próximo año. Cuando en 2023 fueron exceptuados de pagar este impuesto los trabajadores de la cuarta categoría, 800.000 empleados dejaron de abonarlo.

El proyecto incluye un título llamado “Promoción del empleo registrado”. Permitiría a empleadores registrar relaciones laborales informales con la eximición de sanciones. Esta especie de “blanqueo” sería reglamentado por el Poder Ejecutivo. Otro cambio en esta materia se concentra en el período de prueba que, en general, sería de seis meses, aunque contempla excepciones. En empresas de entre seis y cien empleados, podría extenderse hasta ocho meses; pero en empresas más chicas, de hasta cinco empleados, el máximo de tiempo llegaría a un año.

Otro punto importante en el apartado relacionado con el mundo del trabajo es la creación de un fondo de cese laboral. Este mecanismo funcionaría como una alternativa al pago de indemnizaciones por parte de empleadores. Según el proyecto, el monto del aporte mensual, que no podrá superar el 8% del salario, corre únicamente por cuenta del empleador y constituirá un fondo de cese laboral. Su reglamentación variaría según el convenio colectivo de cada sector, dado que el modo de aplicación dependería del acuerdo entre las cámaras empresarias y el sindicato correspondiente.

La propuesta impulsada por el Ejecutivo sostiene que luego de un proceso de reestructuración que supone la “reducción por encontrarse excedida (...) la dotación óptima necesaria”, aquellas personas afectadas pasarían automáticamente a “disponibilidad” por un plazo máximo de 12 meses. Si luego de tal período la situación continuara sin cambios, entonces se avanzaría con su desvinculación. En este sentido, según cifras oficiales, la dotación de personal que responde a los ministerios nacionales en abril registró 10.607 trabajadores menos que en noviembre del año pasado.

Este anexo del proyecto de Ley Bases presenta mucha discusión. Su versión original incluía a todas las empresas públicas no financieras, pero la nómina de compañías privatizables pasó por el bisturí del Congreso y se redujo considerablemente.

Pese a que hasta último momento podrá sufrir cambios, Enarsa e Intercargo podrían ser vendidas. Misma situación se replica para los casos de Aysa, Sociedad Operadora Ferroviaria, Belgrano Cargas y Corredores Viales, aunque estas últimas también contemplan la posibilidad de ser otorgadas a concesiones.

El proyecto le otorgaría al Gobierno la posibilidad de rescindir o renegociar contratos de obra pública, concesiones o construcción o provisión de bienes y servicios asociados cuyos montos superen los $10.000 millones, “por razones de emergencia”.

Este es el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones que impulsa la gestión de Javier Milei para traer dólares frescos al país, brindaría beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros. Se considera “grandes inversiones” a aquellas que aseguren un monto mínimo de US$200 millones.

En relación con el IVA, estipularía una devolución de saldos a favor del titular de la inversión no superior a tres meses. En caso de que ese lapso se incumpliera, podría transferir dicho saldo a favor a cualquier tercero en concepto de algún pago.

Vinculado al impuesto a las Ganancias, los proyectos tendrán un gravamen del 25% sin aplicar ninguna escala. Es decir, no llegarían a tributar el 35% que prevé la escala más alta. A su vez, sobre la ganancia neta acumulada pagarían el 7% y después de siete años, esa alícuota bajaría al 3,5%.

En relación con las importaciones y exportaciones, según indica el proyecto Ley Bases, a estas inversiones no se le podrían aplicar “cuotas, cupos, ni precios oficiales”. Incluso, exime a los titulares de los proyectos de pagar derechos de importación de bienes y servicios relacionados con la inversión. Esto último ha sido criticado por los empresarios locales, principalmente la Unión Industrial Argentina, por dejar en desigualdad de condiciones a productores locales frente a aquellos en el exterior que podrían proveer insumos. Sobre los derechos de exportación, dejarían de tributarlos después de tres años.

El nombre formal es “Regularización de activos”, pero popularmente se lo conoce como blanqueo al conjunto de medidas fiscales paliativas para fomentar la registración de bienes y así aumentar la recaudación impositiva.

Según el texto aprobado en Diputados, no hay límite máximo de cuánto se puede blanquear sin tener que pagar multas, con la condición de que el dinero permanezca en el sistema financiero argentino hasta el 31 de diciembre de 2025.

Si se retirara el dinero antes de esa fecha, el contribuyente pagaría alícuotas del 5% en una primera etapa, 10% en la segunda o 15% en la tercera sobre una base imponible superior a US$100.000.

El paquete fiscal incluye un régimen especial para el ingreso del Impuesto a los Bienes Personales y traza un camino de alivio en términos de presión impositiva. Los que comiencen a tributarlo como consecuencia del blanqueo tendrían alícuotas del 0,5%. Y para las personas humanas esa cifra bajaría a 0,45% dado que actualmente la alícuota más baja es de 0,5%. En tanto, la alícuota máxima de 2023, que es de 1,5%, bajaría a 0,75% en 2027.

Este es otro apartado del paquete fiscal que traería cambios en las góndolas, en las vidrieras y en todos los avisos de venta. Obligaría a los vendedores a publicar el “precio sin impuestos” de sus productos. De ser aprobada la iniciativa, deberán indicar el importe neto sin la incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de los demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios. En definitiva, agregaría la leyenda ‘Precio sin impuestos’ que acompañaría al precio final.

Por Ignacio Grimaldi

• Comunidad de Negocios

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