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Los ahorristas del BID creen que no cobrarán
Un abogado de personas afectadas por la quiebra de la entidad afirmó que son escasas las posibilidades de recuperar los depósitos.
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LA NACIONAdrián Ventura
"Este es el fraude bancario más grande de la historia argentina por el número de damnificados y por el monto que hay en juego."
La tajante sentencia es del abogado Ricardo Castañeda patrocinante de varios ahorristas que se presentaron en la causa que se instruye en la justicia federal para determinar las presuntas irregularidades cometidas por funcionarios públicos y por directivos del Banco Integrado Departamental (BID) que terminaron con su quiebra.
El BID fue suspendido el 14 de abril de 1995 y estuvo un año intervenido hasta que el mes último el juez de la ciudad santafecina de Venado Tuerto Marco Ferraroti donde estaba la sede central decretó su quiebra.
Los números parecen darle la razón a Castañeda. Los ahorristas que vieron cómo se esfumaron sus depósitos rondan en los 137.000 y el dinero que hay en juego llegaría a los 700 millones de pesos.
Para llegar a esa abultada cifra hay que hacer la siguiente suma: 400 millones de pesos de los ahorristas; 170 millones de asistencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA); 30 millones de préstamos del Banco Nación; 50 millones de la deuda con la DGI y 40 millones de la Aladi (el convenio de pagos y créditos recíprocos entre los países sudamericanos).
Sin posibilidad
"Es absolutamente falso como dijo el presidente del BCRA Roque Fernández que los ahorristas tengan alguna posibilidad de cobrar. La modificada ley de entidades financieras establece el orden de privilegios para el cobro de las liquidaciones de una entidad quebrada. Primero está el BCRA; segundo la deuda con los empleados y en tercer término aparecen los ahorristas" explicó Castañeda.
Si los activos del BID llegan a unos 50 millones de pesos cuando se termine de pagar al BCRA y a los empleados difícilmente quede alguna moneda para darle a quienes habían confiado sus dineros al banco.
Castañeda quiere rebatir punto por punto las afirmaciones de Fernández. "El presidente del BCRA dijo que cuando el BID absorbió a los bancos Aciso y de la Ribera estaban en una buena situación patrimonial. Esto es falso. Las auditorías realizadas en las dos entidades por la consultora Harteneck López y Cía. demostraron que las dos entidades estaban en un estado de quebranto lo cual contribuyó a acelerar el proceso de cesación de pagos" asegura.
Según Castañeda el superintendente de entidades financieras del BCRA Eugenio Pendás aconsejó que el BID absorbiera a los otros dos bancos "a partir del informe elaborado por la consultora de la cual es socia su esposa Diana Mondino".
Otro aspecto aún no aclarado en la absorción del Banco de la Ribera por el BID fue que en el primero se efectuó una auditoría encabezada por el contador Daniel Merlo funcionario del BCRA en la cual se sostuvo que la situación del Ribera era sana. Merlo pasó a desempeñarse luego como veedor del BID y más tarde el juez Ferraroti lo designó como interventor a propuesta del BCRA.
El contador Jorge Berisso uno de los ahorristas damnificados por la quiebra del BID se queja porque "mientras el banco estuvo suspendido se hicieron cuantiosas erogaciones lo cual agravó aún más la situación".
Un punto central de la investigación que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadío con la tesonera intervención de los fiscales Jorge Di Lello y Jorge Alvarez Berlanga y con la colaboración del fiscal ante la Cámara de Casación Penal Martín Romero Victorica es saber qué ocurrió con la cartera de créditos del BID.
Como lo informó La Nacion el viernes último unos 250 millones de pesos en préstamos dados por el BID se concentraron en apenas unas 30 empresas.
"Se desconoce hasta ahora quiénes son los integrantes de esas firmas y cuál era el patrimonio que tenían para responder a los préstamos obtenidos. Por eso -dijo el abogado- pedimos el secuestro de las carpetas correspondientes a cada crédito para analizar todo eso."
Citan a directores del BCRA por el caso Basel
la jueza Servini de Cubría tomará declaración a Roque Fernández por las presuntas irregularidades en la liquidación de la entidad.
La semana próxima serán indagados los directores del Banco Central Eugenio Pendás y Pedro Pou en la causa en la que la jueza federal María Servini de Cubría investiga irregularidades en la liquidación del Basel.
Sólo después de esas audiencias la jueza escuchará la declaración indagatoria del presidente de la autoridad monetaria Roque Fernández cuyo interrogatorio estaba previsto para el miércoles último pero fue postergado sin fecha.
En tanto la magistrada indagó ayer a un gerente del BCRA. El interrogatorio se concretó en horas de la mañana y estuvieron presentes los fiscales del fuero Guillermo Montenegro y Paulo Starc quienes actúan junto con el fiscal de la Cámara de Casación Penal Martín Romero Victorica.
Si bien ese funcionario no sería quien autorizó esas operaciones con el Basel la importancia de sus dichos residiría en que pondría de manifiesto el modo en que ellas se hacían.
Idas y vueltas
Algunas operaciones de redescuentos pueden ser autorizadas con su firma pero las de carácter extraordinario como las que supuestamente recibió el Basel sólo pueden realizarse si cuentan con el aval de sus superiores jerárquicos en el BCRA lo que pondría en evidencia que la conducción de la autoridad monetaria estuvo de acuerdo en otorgárselos.
La historia del Basel no es simple y los ahorristas estarían muy lejos de poder cobrar sus créditos por lo que no se puede descartar que además de verificar sus acreencias en el expediente en que se tramita la quiebra de la entidad muchos de ellos por lo menos en busca de una reparación no económica se decidan a presentar querellas
El Basel fue uno de los primeros bancos en sufrir los embates del efecto "tequila".
Cuando el BCRA decidió auditar la situación patrimonial del banco un primer informe fue desfavorable. Ahora la Justicia quiere interrogar al autor de ese dictamen porque se contrapone con otro posterior muy curioso.
En efecto llamativamente ese veedor fue reemplazado por otro de apellido Andrés que informó al BCRA que la situación patrimonial del banco era buena. Esta decisión fue uno de los pasos necesarios para que la entidad rectora decidiera otorgar al Basel redescuentos por más de 8 millones de dólares. Por ese motivo Andrés fue indagado anteayer.
