El proyecto de reforma laboral que está en el Congreso Nacional, con destino incierto a la fecha, prevé la creación de una nueva figura que puede regular la actividad de una importante cantidad de profesionales independientes y, a su vez, reducir la contingencia que representa hoy para las empresas la contratación de estas personas.
Se trata de la figura del profesional autónomo económicamente vinculado, entendiéndose por tal a quien preste servicios a una persona física o jurídica por menos de 22 horas semanales, facturándole a la misma menos del 80% de sus ingresos anuales.
Con ese requisito, el profesional mantendrá su calidad de autónomo, estableciéndose expresamente que queda fuera de los alcances de la legislación laboral.
Determinada la carga horaria y el importe de facturación que permita distinguir cuándo un profesional es autónomo, en el proyecto de reforma se propone además la creación, por ley, de un Estatuto Especial que regule la actividad de estos profesionales económicamente vinculados, como así también la determinación de un listado de profesiones a las que aplicará el estatuto.
Si estas propuestas terminaran siendo ley, se podría determinar cuándo corresponde registrar la relación laboral con un profesional y cuándo corresponde mantener la vinculación como autónoma. Además, se podría contar con una regulación específica para este último supuesto, inexistente en la actualidad. Quienes intervenimos en los conflictos que se generan entre empresas y profesionales, vemos diariamente cómo la falta de regulación expone a las partes a un conflicto para determinar el encuadre de la relación, habitualmente dado por un juicio laboral y/o a una determinación de deuda de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Parece oportuno aclarar que de ninguna manera se está diciendo que un profesional no puede o debe estar en relación de dependencia, y mucho menos se está alentando un instrumento para el fraude.
Pero no podemos soslayar que existen profesionales con prestigio y capacidad de negociación, no sometidos a la subordinación jurídica económica y técnica propia de la relación laboral, con una facturación más propia de un empresario que de un dependiente, que por comodidad o conveniencia eligen centralizar sus actividades en determinada empresa, hasta que en un momento y sorpresivamente, denuncian una contratación en fraude a la ley laboral, reclamando millonarias sumas de dinero y olvidando que durante toda su vinculación administró libremente sus horarios, eligió sus períodos vacacionales, fijó el valor de sus servicios, eligió y capacitó a sus colaboradores, cumplió con las obligaciones tributarias y, en definitiva, ejerció libremente su profesión.
El tratamiento del proyecto de reforma es una oportunidad para abordar una regulación que brinde certeza jurídica a las vinculaciones entre empresas y profesionales, sin la necesidad de un costoso conflicto individual. Pero es claro que si finalmente el proyecto no fuera ley, la regulación de estas vinculaciones seguirá siendo necesaria.
El autor es abogado, socio del estudio AMZ & Asociados
