Los beneficios del acuerdo Mercosur-UE van más allá de exportar
El análisis de los beneficios del Acuerdo del Mercosur-Unión Europea (UE) se suele hacer en términos del acceso que tendrán nuestros productores a un mercado de más de 500 millones de compradores de muy buen poder adquisitivo. Sin embargo, si bien es real que semejante posibilidad de exportar permitirá generar más riqueza y empleo productivo, éste no es el único ni el principal beneficio que tendrá para los argentinos.
Para entenderlo, imaginemos que armamos un equipo con el que jugamos entre nosotros en la canchita del barrio. El espectáculo que vamos a dar será bastante pobre, porque no tendremos mucho incentivo para entrenar ni para jugar mejor. No obstante, si pasamos a jugar en alguna liga menor, entonces la competencia nos obligará a esforzarnos, entrenar y practicar para ser mejores, brindando un mejor espectáculo al público.
En la economía, nuestros jugadores son los empresarios que, cuando no tienen competencia por estar en un sistema cerrado, nos venden lo que quieren al mayor precio posible. Esto claramente significa poner el caballo atrás del carro, por lo que no debería extrañarnos que el país avance a duras penas. Los empresarios deben ganar plata en la medida en que nos brinden los mejores bienes y servicios al mejor precio, generando empleo y bienestar para el conjunto de los argentinos.
El país dio un primer paso en el buen sentido cuando los pusimos a competir en la liga del Mercosur. Muchos empresarios se vieron obligados a poner algo más de empeño en hacer las cosas mejor para poder vendernos para que no les compremos a los productores de los otros países socios, que relativamente no eran de los más productivos del mundo. De todas formas, particularmente durante el kirchnerismo, algunos sectores prebendarios lograron que se limitaran las importaciones desde los países del Mercado Común, generando represalias de nuestros socios y degradando el área de libre comercio. En los últimos años se hizo el esfuerzo de reflotar la asociación comercial y, ahora, se buscará jugar en una liga mayor, con los países de la UE; por lo que deberán hacer un esfuerzo mayor para ser competitivos y mejorar mucho más aún la relación precio/calidad de lo que nos ofrecen a los argentinos.
Jugará a favor de que puedan lograrlo el hecho de que cuentan con plazos de adaptación que, contando el par de años que llevará la entrada en vigencia del acuerdo, pueden llegar hasta 17 años para los sectores más ineficientes. Lo otro que será positivo es que la integración posibilitará tener acceso a insumos de menor precio y mejor calidad; lo cual favorecerá las características del bien producido localmente. Es cierto que al final de este largo proceso habrá empresas que no lograrán ser competitivas. Incluso algunas ni lo intentarán, sabiéndose sumamente ineficientes, y sólo tratarán de aprovechar el tiempo que les queda para cobrarnos caro y así sacarle el mayor jugo posible a la inversión ya realizada. Si no sobreviven a la competencia no es preocupante. Sí lo es que haya empresarios protegidos que hace décadas vienen enriqueciéndose vendiéndonos lo que producen a más de lo que vale y, encima, muchas veces de pobre calidad. Debemos poner a las empresas al servicio de los argentinos y no al revés.
Tener un país que mejore el nivel de eficiencia de su producción permitirá producir y exportar muchísimo más, aumentando las oportunidades de progreso de todos los argentinos. Esto generará empleo productivo y con salarios más altos en un país donde hace décadas que más de la mitad de los argentinos no tiene trabajo o tiene uno informal o un seguro de desempleo disfrazado de empleo público o plan asistencial. Además, tendremos una mayor disponibilidad de bienes y servicios de mejor calidad a menores precios; lo que mejorará nuestro nivel de bienestar.
Así que, si bien el acuerdo de por sí mejorará el bienestar de los argentinos, ¿cuánto mejor viviremos en el futuro? Eso dependerá de los avances que hagamos en las reformas estructurales pendientes. Hay que bajar la presión tributaria; lo que implica una reforma del Estado que disminuya el gasto público y lo haga eficiente. Esto facilitará un enorme proceso de desregulación permitiendo eliminar normas que sólo se justifican en generar empleo público innecesario y que hoy ahogan al sector productivo.
Para agilizar el pasaje de los empleados de los sectores ineficientes a los más competitivos que pagan mejores sueldos, hay que modificar una legislación laboral arcaica. Como dijimos antes, hace décadas que la normativa impide generar empleos dignos. Y mucho menos lo hará con la actual revolución tecnológica que cambia velozmente las formas de trabajo. Todo esto hay que hacerlo urgente, aun si no hubiera acuerdo con la UE porque, si no, habrá que resignarse a la actual decadencia y a que, de tanto en tanto, con una crisis se licúen los resultados de no solucionar los problemas de fondo del país.
El autor es economista y director de la fundación Libertad y Progreso
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