Los proyectos con impacto en la economía que prevé tratar el Congreso, además del acuerdo con el FMI

La falta de acuerdo político entre los principales bloques del Congreso lleva a que la agenda legislativa vinculada con temas económicos arrastre una larga lista de pendientes que no logran avanzar, pero que desde distintos sectores se reclaman como cuestiones que requieren ser tratadas con urgencia. En los últimos tiempos se sumaron también nuevos proyectos que impulsan las distintas bancadas y el propio gobierno. La iniciativa para que se avale ley el entendimiento con el FMI es, indiscutiblemente, la cuestión más urgente de este año. Pero, además, hay en carpeta iniciativas vinculadas con impuestos, con alquileres y con regímenes de promoción para diferentes sectores industriales.

La agenda más urgente

Sin dudas, la agenda legislativa estará este mes cooptada por el debate a todo ritmo referido al acuerdo con el FMI. El texto llegó el viernes último al Congreso y, si el deadline para que se apruebe es el 22 de marzo, cuando hay que abonar US$2824 millones al organismo, los legisladores solo tienen 10 días hábiles para tratarlo y aprobarlo en las dos cámaras. Si los votos estuvieran asegurados, sería un trámite sencillo, pero el problema es que la mayoría de los bloques aún no definió su postura.

Para dar la discusión, el oficialismo prepara un debate casi en paralelo en las comisiones de Presupuesto y Hacienda de las dos cámaras, que presiden el diputado Carlos Heller (Frente de Todos) y el senador Ricardo Guerra (FdT). Por una concesión hecha a Juntos por el Cambio el viernes por la tarde, en Diputados el texto pasará también por la comisión de Finanzas.

Los principales expositores serán el ministro de Economía, Martín Guzmán; el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, y el jefe de Gabinete Juan Manzur. También desfilarán representantes de las centrales sindicales CGT y CTA, de las cámaras empresarias y del Grupo de los 6, que reúne a la Unión Industrial Argentina, la Cámara de la Construcción, la Cámara Argentina de Comercio, Adeba (bancos), la Sociedad Rural Argentina y la Bolsa de Comercio. No se convocará, en tanto, a los exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger, que participaron de la toma de la deuda, tal como pretendía el sector más duro del Frente de Todos, sino que más bien se esperará a que sean citados por la Comisión Bicameral Investigadora de la Deuda.

Se busca que el acuerdo tenga el aval de la mayoría de los bloques. Pero, con el objetivo de frenar un eventual ajuste sobre el sector privado para afrontar los compromisos con el FMI y en línea con uno de las principales consignas de campaña, el diputado del PRO Fernando Iglesias, con el apoyo del jefe de ese bloque Cristian Ritondo, y de Gerardo Milman, Waldo Wolff y una treintena de compañeros de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de ley que busca suspender la creación de nuevos impuestos y contribuciones, evitar la prórroga de tributos y contribuciones de carácter extraordinario establecidos durante la cuarentena –como el Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas–, el aumento de alícuotas y toda otra modificación de los regímenes impositivos tendientes al incremento de la carga fiscal por encima del valor de la inflación. Eso tendría vigencia, según la iniciativa, durante 2022 y 2023. Además, se le solicita al Gobierno que presente en 30 días un nuevo proyecto de Presupuesto 2022.

El bloque de Juntos también analiza colarse en esta agenda más urgente para imponer la propia, con dos temas que cree urgentes.

Uno es la derogación de la ley de alquileres, aprobada hace dos años. Si eso se aprobara, se volvería a la situación previa, con contratos por dos años y aumentos semestrales. Si bien hay varios proyectos vigentes del PRO que proponen reformas integrales, no hay acuerdo para avanzar en alguna de esas líneas. Una de esas iniciativas es la del porteño Álvaro González, que busca modificar dos puntos claves: las actualizaciones del precio de los alquileres por un índice y el plazo mínimo de los contratos. Otra es del economista Luciano Laspina, y propone generar un mecanismo de incentivos para la construcción de viviendas destinadas a alquiler.

El oficialismo ya organizó una mesa de diálogo entre el Estado, los inquilinos y los propietarios, para avanzar en lo que se calificó como “una posible mejora de la normativa vigente”. Pero en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias, Fernández le tiró el problema al Congreso y le pidió que acuerde una reforma para “generar un mejor acceso a la vivienda”.

El segundo proyecto que impulsa Juntos, encabezado por los presidentes de bloque Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Juan López (Coalición Cívica), es un alivio fiscal para Misiones y Corrientes por los incendios forestales.

Se busca declarar el estado de desastre y emergencia ambiental, económica, social, agropecuaria y productiva por un año y eximirlas de tributos nacionales, como los impuestos a las ganancias, Bienes Personales, débitos y créditos bancarios y derechos de exportación de productos agropecuarios. Además, plantea que la AFIP suspenda los juicios de ejecución fiscal a los damnificados y que se exima a los productores afectados de las prohibiciones impuestas por la Ley de Manejo del Fuego, entre otras, de vender o de cambiar el uso de sus tierras por un plazo de hasta 60 años (una reforma que lleva la firma de Máximo Kirchner). Para avanzar con cualquiera de estas iniciativas, el principal bloque opositor necesita cerrar acuerdos con otras bancadas: libertarios, lavagnistas y/o provinciales.

Temas en espera

Durante la Asamblea Legislativa, el Presidente volvió a reclamar a los legisladores que destraben iniciativas presentadas el año pasado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que no fueron tratadas a causa de las internas del Gobierno. Una se refiere a un marco regulatorio para la cadena de producción, industrialización y comercialización del cannabis y el cáñamo industrial, con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones por US$50 millones. Ya tiene media sanción del Senado, donde se incorporó una modificación para garantizar la despenalización del cannabis medicinal para uso terapéutico y/o paliativo del dolor. La reclaman los gobernadores de San Juan y Jujuy, y desde el bloque oficialista, las diputadas Carolina Gaillard y Mara Brawer (FdT).

Otra iniciativa es la de promoción de las inversiones en la industria automotriz y autopartista, que aún no empezó a tratarse en Diputados. El texto declara a esa industria como estratégica para el país, crea un régimen de promoción y un programa de fomento. También funda el Instituto de la Movilidad con el objeto de “inspirar un ecosistema productivo sustentable”. Como beneficios otorga la devolución anticipada del IVA, la amortización acelerada de Ganancias y derechos de exportación del 0% hasta diciembre de 2031.

Para el mismo sector, en el verano el Gobierno envió a la cámara baja la ley de electromovilidad, que declara de interés nacional “el diseño, investigación, innovación, desarrollo, producción, comercialización, conversión y utilización de vehículos propulsados por fuentes de potencia no convencionales producidos en el territorio nacional”.

Un punto clave de este proyecto es el que fija que desde 2041 no podrán comercializarse vehículos nuevos con motor de combustión interna en el país. De acuerdo con los cálculos de Kulfas, este marco permitirá crear 12.500 puestos de trabajo en terminales automotrices, 6000 en autopartistas y 2500 en fabricantes de baterías. Llegarían, según el Ministerio, inversiones por US$8300 millones y habría exportaciones por alrededor de US$5000 millones. Aún el texto no tiene los giros a comisión.

Por su parte, el Senado ya inició el debate de la promoción de las inversiones hidrocarburíferas, que ofrece un esquema de previsibilidad para el sector del petróleo y gas por los próximos 20 años, para garantizar el abastecimiento interno y aumentar las exportaciones. Ya expuso en comisiones el secretario de Energía, Darío Martínez y se esperaba que durante el verano desfilaran sindicalistas, empresarios y técnicos. Pero el trámite quedó trabado por la presión de los gobernadores de provincias petroleras. Para que avance, el texto necesitará cambios, por lo que se analiza permitir el almacenamiento subterráneo de gas y ampliar la autoridad de aplicación a las provincias. También se estudia modificar los criterios del incremento de la producción que daría lugar al otorgamiento de incentivos.

Otra ley reclamada es la de “fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable y exportador”, impulsada originalmente por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que ingresó a Diputados a mediados de noviembre, pero que no tuvo aún tratamiento en la comisión de Agricultura. La iniciativa busca crear un registro nacional y un sistema de promoción, con el que se pretende aumentar en US$40.000 millones las exportaciones de bienes y servicios, aplicando incentivos fiscales e impositivos. Juntos por el Cambio presentó en febrero, con la firma de Pablo Torello (PRO), su contrapropuesta que, entre uno de los puntos más destacados, elimina los derechos de exportación para todos los productos agroindustriales, con excepción del trigo, maíz, soja y derivados. Sergio Massa participó de varios actos para promover el debate.

Además de esos proyectos, el Gobierno giró en diciembre al Congreso una actualización de la Ley de Compre Nacional, que otorga prioridad a los proveedores locales, en particular a pymes y cooperativas, en las compras públicas. Y amplía el régimen a sectores estratégicos y de alto contenido tecnológico y a nuevos actores públicos, como el PAMI, por su rol clave para la promoción de la industria farmacéutica nacional y de equipamiento médico.

Nuevos pedidos del Presidente

Como Alberto Fernández no pierde las esperanzas, también le pidió a los legisladores avanzar con una lista de proyectos que enviará al Congreso en las próximas semanas. A la “agenda Kulfas” le sumó una ley de hidrógeno verde, como una nueva opción energética con la mira puesta en una reducción del uso de combustibles fósiles. El objetivo es darle un marco legal a la actividad y, a la vez, promover inversiones en el país por US$100.000 millones en la próxima década. El texto incluiría incentivos económicos. También se buscaría regular, a través de una ley, el Sistema Nacional de Calidad, para dotar, según se indica, a la producción de mayor autonomía, control y desarrollo y evitar los frecuentes problemas que tienen las empresas para exportar productos.

En carpeta hay tres leyes laborales: una ley de empleo joven, que se propone facilitar la inserción de los centennials al mercado de trabajo. Se trata de un tema muy debatido en las comisiones del Congreso, pero sobre el cual no hubo avances. El último antecedente data de 2016, cuando el expresidente Mauricio Macri presentó un proyecto para crear el régimen de primer empleo para jóvenes de entre 18 y 24 años. Esa propuesta no fue debatida en el recinto de ninguna de las cámaras. Si bien todavía no se conoce la letra chica del texto oficial, habrá que ver qué suerte tiene la idea con la nueva conformación del Congreso.

En tanto, con la eventual aprobación de una ley que prevé un Sistema Integral de Cuidados “con perspectiva de género”, el primer mandatario prometió el último martes que se crearían “más de 200.000 puestos de trabajo para quienes cuidan a más de un millón de personas”.

Otro tema muy estudiado por los legisladores es el de las licencias laborales parentales. A principios del año pasado, la comisión de Trabajo y la Banca de la Mujer del Senado acordó un dictamen consensuado entre ambas cámaras, pero luego no se trató en el recinto, al parecer, por presión de cámaras empresariales. Con el recambio, el dictamen se cayó. Ahora, el Gobierno buscaría ampliar los días por maternidad, por paternidad y por adopción. La novedad sería que se incluiría a trabajadores monotributistas y autónomos y que eso sería con un esquema que no generaría mayores erogaciones para los empleadores.

Envases y pacto fiscal, otros temas pendientes

El sector más duro del Frente de Todos insistirá con la aprobación de la ley “de gestión de envases con inclusión social”, promovida por pesos pesados de la coalición de Gobierno: el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, su viceministro, el massista Sergio Federovisky, y Máximo Kirchner, en colaboración con cartoneros y recicladores vinculados a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que lidera Juan Grabois. El proyecto, según sus impulsores, apunta a reducir el impacto de los envases en el ambiente y promueve la responsabilidad extendida de los productores en la gestión. El artículo más cuestionado por la oposición y el sector empresario, por su potencial efecto en los precios, es el que busca crear una tasa ambiental no superior al 3% del precio mayorista de los envases, para fondear un fideicomiso a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Con la actual conformación del Congreso, se espera que para avanzar, necesitará modificaciones.

Las provincias también esperan la aprobación del Consenso Fiscal suscripto el 27 de diciembre último con el Gobierno nacional. En el marco de ese acuerdo, los gobernadores podrán elevar las alícuotas de Ingresos Brutos. El pacto también promueve la creación de impuestos a la herencia, aunque las provincias con gobiernos opositores al nacional se comprometieron a no subir los tributos. En cuanto a Sellos, el acuerdo establece una alícuota máxima del 3,5% por la transferencia de inmuebles, del 3% a la de automotores y de 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo. No están sujetos a alícuota máxima pactada “los actos, contratos y operaciones relacionados con las actividades de loterías y los juegos de azar”.