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Los sindicatos venezolanos chocan con el gobierno de Nicolás Maduro
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CIUDAD GUAYANA, Venezuela— Los trabajadores de la cavernosa planta de acero de Sidor en esta ciudad protestan desde hace semanas contra los retrasos en las negociaciones de un contrato laboral y despotrican contra una gerencia que consideran inepta. Pero el blanco de su ira no es un dueño privado en busca de ganancias.
Al contrario, es el gobierno socialista, que nacionalizó Sidor en 2008 como parte de la campaña del entonces presidente Hugo Chávez para fortalecer a la clase obrera frente a lo que tildaba de "capitalismo salvaje".
"El Estado es el nuevo gran jefe y se ha quedado con todo, incluidos los derechos de los trabajadores", dice Leonel Grisett, un líder sindical de Sidor que ha sido arrestado por encabezar protestas.
Maduro, quien sucedió a Chávez hace 17 meses, tiene problemas para contener una crisis económica caracterizada por una inflación anualizada que supera 60%, una escasez extendida a toda clase de artículos desde papel higiénico hasta aceite de cocina, y un sector privado que según Coindustria, el mayor grupo que representa a las empresas manufactureras, se está reduciendo.
Maduro también enfrenta un bloque poderoso, el sindicalismo organizado, que lo desafía cada vez más con huelgas.
Muchos trabajadores se volvieron en contra de una piedra fundacional de la revolución autoproclamada del gobierno: la nacionalización de cientos de empresas privadas. Desde plantas de fertilizantes hasta embotelladoras de leche y fundiciones, muchas compañías nacionalizadas están en mal estado, según economistas y trabajadores.
Llamados a los ministerios de Comunicación e Información y de Industrias de Venezuela no fueron devueltos. Pero en sus discursos, Maduro a menudo ataca al capitalismo de libre mercado y elogia la intervención estatal.
"La revolución de Chávez tuvo cosas extraordinarias", afirma José Clemente Tata, el director designado por el Estado para integrar la junta directiva de Sidor, o Siderúrgica del Orinoco. "Los trabajadores no tenían seguridad laboral, eran una clase oprimida. Ahora, el Estado los trata con responsabilidad", insiste.
Sin embargo, en Ciudad Guayana, una metrópolis venida abajo de 900.000 habitantes en las planicies orientales del país, que en su momento fue el centro de la industria venezolana, muchos de los 14.000 trabajadores de Sidor dicen que sus contratos vencieron y que el gobierno envía tropas cuando protestan. Se han quejado por tener un salario mensual promedio de unos US$200, que no se mantiene a la par de la inflación.
La animosidad entre el gobierno de Maduro y los trabajadores se acrecentó últimamente. Diosdado Cabello, el poderoso presidente de la Asamblea Nacional, hace poco llamó a los líderes sindicales "mafias" que buscan desestabilizar el país. Maduro, quien fue conductor de autobús y líder sindical, calificó a los huelguistas como "narco-sindicalistas", sin ofrecer evidencia de actividades ilegales.
Los trabajadores rompieron en agosto fotos del mandatario colgadas alrededor de la planta de Sidor. "Él mismo fue un trabajador", sostiene Nerio Fuentes, que trabaja en Sidor desde hace 40 años, en referencia a Maduro. "Pero ni siquiera pudo venir a la planta y hablar con nosotros".
El descontento se ha extendido a sindicatos que representan a cientos de miles de trabajadores estatales.
La Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, que representa a empleados administrativos y maestros, criticó públicamente al gobierno este mes por retrasar la renovación de contratos. Algunos vencieron hace 10 años, lo que dejó a los trabajadores con salarios devaluados.
Chávez, quien asumió la presidencia en 1999, prometió que los trabajadores prosperarían. No obstante, consideró que los poderosos sindicatos eran un vestigio del pasado capitalista y trabajó para tenerlos bajo control, afirma Mariano Alvarado, director de Provea, un grupo de derechos humanos que sigue temas sindicales.
El gobierno de Chávez penalizó protestas a través de arrestos y cargos espurios contra los manifestantes, indican Alvarado y líderes sindicales, y los reemplazó por sindicatos respaldados por el gobierno. Para obtener el apoyo de los trabajadores, aumentó los salarios regularmente. Maduro no ha podido mantener las alzas salariales al mismo ritmo.
"Llegó Chávez con este mensaje para la clase obrera", dice Rubén González, un ex miembro del partido oficialista y líder sin-dical de la procesadora estatal de mineral de hierro Ferrominera, quien fue encarcelado en 2010 por organizar manifestaciones. "Pero sólo quieren sindicatos que apoyan su proyecto político".
Unos 150 trabajadores, incluidos empleados de Sidor y empresas del sector petrolero, enfrentan cargos relacionados a protestas. La violencia también ha aumentado notablemente, dice Provea, y 59 sindicalistas murieron el año pasado en enfrentamientos entre sindicatos independientes y respaldados por el Estado.
Incluso antes de Chávez, el gobierno jugaba un papel importante para impulsar la economía. El presidente Rómulo Betancourt fundó Ciudad Guayana en 1961 con la meta de convertirla en un centro industrial. La ciudad creció de forma acelerada conforme surgieron fábricas de acero y aluminio.
Se prevé que Sidor no alcance este año siquiera un cuarto de los 4,3 millones de toneladas de acero líquido producidas en 2007, el año previo a la estatización.
La violencia estalló en agosto, cuando unos 2.000 trabajadores de Sidor realizaron una marcha cerca de la planta, diciendo que estaban cansados de esperar que un contrato nuevo reemplazara el que había vencido hace cuatro años.
Los manifestantes se enfrentaron a tropas de la guardia nacional, que respondieron con gases lacrimógenos, balas de goma e incluso municiones, y un puñado de manifestantes resultaron heridos, según trabajadores y observadores de derechos humanos.
Días después, una vocera del gobierno anunció un nuevo acuerdo por los contratos. Eso sorprendió y enfureció a muchos líderes sindicales, quienes afirmaron que no habían revisado ni firmado el convenio. Las protestas no cedieron. Aunque el nuevo contrato elevaría los salarios en 20%, los trabajadores dicen que no es suficiente.
