IDEA: Maqueda advirtió que es una “anomalía absoluta” que la Corte Suprema funcione solo con tres jueces

MAR DEL PLATA.— El exministro de la Corte Suprema de Justicia Juan Carlos Maqueda reconoció las dificultades que afronta el sistema de tribunales del país para dar respuestas adecuadas. Explicó que el 40% de los cargos de jueces están vacantes y que este problema alcanza incluso al máximo tribunal que quedó limitado a tan solo tres integrantes.

“Una justicia con 40% de vacantes no puede ser eficiente”, dijo en su participación en este 61° Coloquio de IDEA, y remarcó que una Corte Suprema de Justicia con tres jueces “es una anomalía absoluta”, planteando como “esencial” que se complete ese tribunal.

En el marco de la tensión entre Nación y provincias —que en este espacio y durante estos días tuvo algunos cruces entre funcionarios nacionales y gobernadores por la distribución de los recursos coparticipables—, Maqueda cuestionó que desde 1994 a la fecha ningún presidente se esmeró en mejorar la Ley de Coparticipación Federal.

“Exige un nivel de diálogo que es muy difícil en la política argentina”, admitió, pero sumó como agravante hacia la posibilidad de un acuerdo, un contexto de tensión. Afirmó que hace 15 años la política está “potencializada en abandonar el diálogo y sumirse en las contradicciones de amigo y enemigo”.

Maqueda integró el superior tribunal desde 2002 hasta fines del año pasado, cuando cumplió 75 años. Tras su partida, la Corte quedó compuesta por Horacio Rosatti, que actualmente ocupa la Presidencia, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

En el panel denominado “El rol del árbitro en el partido”, y entrevistado por Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA, reconoció algunos avances conseguidos en el sistema judicial. Entre ellos, rescató el rol de la oralidad como un paso favorable hacia la resolución de causas con mayor agilidad, otra de las demandas que se cargan sobre los tribunales y los responsables de impartir justicia.

La situación que afronta la Corte Suprema con esta composición mínima de apenas tres integrantes la remarcó como una “anomalía absoluta”. Si bien hubo pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla que se presentaron para avanzar hacia su eventual designación, esas propuestas tuvieron un curso conflictivo y se desplomaron.

Maqueda recordó que le tocó intervenir en formatos de corte de nueve jueces hasta este actual de apenas tres, y consideró que este último es el más crítico porque, explicó, no se pueden realizar disidencias y los expedientes salen solo con votos coincidentes de la totalidad de miembros.

En este contexto, planteó como principal dificultad para la falta de acuerdo la propia trayectoria que cada juez ha construido durante su desempeño. “A medida que pasa el tiempo, cada uno va fijando su propia jurisprudencia y ante la disyuntiva de dar mayoría o mantener su jurisprudencia, la mantiene”, dijo, y aclaró que ir en contra de sus propios fallos anteriores “es causal de juicio político”.

“Con tres en una corte será difícil mantenerse en jurisprudencia y coincidir para dar mayoría”, remarcó el exmagistrado, por lo que demandó con urgencia que se complete el máximo tribunal de la Nación.

Otro aspecto que apuntó del sistema judicial fue la diversidad de fallos frente a situaciones similares, en particular en materia laboral, un tema que preocupa a los ejecutivos y sus empresas por el costo que representa el litigio.

Reconoció casos en los que se aplicaron fallos que implicaban intereses exagerados, pero consideró que frente a esa diversidad de criterios que se puede dar en primera instancia “las cámaras tienen que unificar la jurisprudencia”.

Por último, apuntó a otro tema central de este coloquio: la carga impositiva, los recursos de las provincias y el impacto que tienen sobre el costo empresario. En ese sentido, se le consultó por la Ley de Coparticipación Federal, que data de 1988 y tuvo una reforma en 1994, en conjunto con el texto de la Constitución Nacional.

“Hay provincias que viven exclusivamente de la participación y otras no, porque tienen alto nivel de recaudación propia, pero no están dispuestas a ceder”, explicó Maqueda, y planteó la dificultad de alcanzar un acuerdo por la necesidad de unanimidad en un nuevo diseño de la norma y el correspondiente reparto de fondos.

“Ninguno de los que pasaron por el Ejecutivo en 30 años se ha esforzado para tratar de actualizar la Ley de Coparticipación Federal”, lamentó, y consideró que en esta discusión el Estado nacional tiene una responsabilidad adicional y mayor posibilidad de ceder porque “tiene las espaldas más anchas” que las provincias. “Si no se habla, acuerda y concerta, no se puede llegar a sancionar una ley común”, advirtió.

Por Darío Palavecino

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