Más de 1000 agentes cobran el sueldo en Acara

Fabricantes y vendedores de autos no se cansan de repetir que en 2007 se batieron todos los récords (tanto en 0 km como en usados) y que este año pinta aún mejor.

En paralelo, crece la recaudación de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) como ente cooperador, que ya supera los 200 millones de pesos anuales, surgidos de la venta de los formularios necesarios para los trámites de registro y transferencias y de las placas para los vehículos.

Esta situación convierte a la asociación en el mayor ente cooperador del Ministerio de Justicia. Más de un millar de empleados de la cartera judicial cobran su salario en Acara.

"Por este sistema tenemos un registro automotor que tramita las transferencias en 48 horas y que permite que funcione en los niveles actuales [se proyecta vender 620.000 autos nuevos este año] con la misma estructura que hace unos pocos años vendíamos 90.000 autos", dijo Horacio Delorenzi, director general de Acara.

La función de este ente cooperador es mandar a imprimir los formularios a la Casa de la Moneda y revenderlos a los concesionarios y a los registros del automotor a un precio que fija el Ministerio y que suele ser mucho mayor que el costo real (también vende las placas de los autos).

Aquella diferencia forma la caja de la que puede disponer el Gobierno (menos una comisión que varía entre el 5 y el 10%, según el trámite, que se queda Acara).

"Esa plata es del Ministerio. Ellos nos dicen «compren tantas computadoras» o «paguen tales viáticos» y nosotros lo ejecutamos", explica Oscar Cortis, un director de Acara que ayudó a crear el sistema.

Pero hay más: es el ente cooperador el que arma la licitación para las compras del Ministerio y hasta tiene derecho de veto si no está de acuerdo con determinado pago.

Existen también voces críticas. "Esos deberían ser fondos públicos, pero con esta modalidad se pierden. No están auditados.

Y sirven para pagar sobresueldos, contratar empleados, etcétera", opinó el ex diputado Carlos Balter. El dirigente demócrata mendocino presentó en su momento varios proyectos para modificar el sistema, pero no lo logró. En una ocasión, hasta sus aliados lo abandonaron.

"Después entendí que era porque todos tenían algún pariente que era dueño de un registro del automotor", recordó Balter. A fines de los 90 estalló un escándalo cuando se conoció que gran parte de los 700 registros estaban a nombre de políticos o sus parientes.

Desde hace unos años los registros se otorgan por concurso. Sin embargo, según la Sigen, sigue habiendo incompatibilidades por parte de encargados de registros que perciben haberes previsionales o que tienen embargos e inhibiciones.

---

Conforme a