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Milei se acerca al FMI y habilita un intervencionismo light
El país busca un nuevo acuerdo por unos US$26.260 millones, de los cuales una parte importante podría desembolsarse apenas firmado el programa; en el inicio de 2025, el Gobierno avanzará con medidas contra sectores que considera que no funcionan como debieran en un mercado libre
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LA NACIONFlorencia Donovan
El primer trimestre de 2025 se posiciona para el gobierno de la Libertad Avanza como uno de grandes anuncios. Por lo pronto parecen comenzar a alinearse los intereses para que a comienzos de año finalmente la Argentina logre su ansiado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las negociaciones se destrabaron la semana pasada tras el viaje a Washington de una delegación argentina integrada por el secretario de Política Económica, José Luis Daza; por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y por el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning.
Allí, la Argentina planteó la posibilidad de buscar un nuevo acuerdo por 20.000 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG, como se conoce a la moneda que usa el FMI), que equivalen a unos US$26.260 millones, de los cuales una parte importante podría desembolsarse apenas firmado el programa.
Sería la inyección de dinero fresco necesario para poder avanzar en la liberación del cepo cambiario, de la cual habló el presidente Javier Milei en sus últimas intervenciones.
“Las negociaciones andan muy bien –confió una fuente diplomática–. Los montos y plazos que se discutieron son mejores que los de antes. Aún siguen las negociaciones, y las cifras no son consentidas, pero la Argentina planteó un programa de 20.000 millones de SDR (siglas de los DEG, en inglés) y el FMI no lo descartó. También se habla de un front-loading [por pago adelantado] sustancial. Pero no está cerrado; siguen hablando”, adelantó.
En Washington hubo reuniones a fines de la semana pasada, pero una, especialmente, marca el cambio de ánimo entre los accionistas del organismo de crédito: fue el viernes, cuando hubo un encuentro entre los representantes del Tesoro de los países miembro del G-7 –que incluye a Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Canadá, Francia, Alemania, y Japón– en el que se trató el caso argentino.
Allí, confiaron las fuentes, se discutió el programa que luego, una vez consensuado, se deberá elevar al Consejo de Administración del organismo. “Mejoraron las negociaciones”, dijo otra fuente al tanto de los detalles. “El programa anterior con el FMI continuaría y se habla de un programa adicional de corto plazo. Porque la perspectiva del FMI es salir a mediano plazo de la Argentina. Con lo cual la idea es colaborar para que mejoren las condiciones de crédito y la Argentina también pueda abrirse camino para salir a financiarse en los mercados”, continuó.
Aun así, nadie cree que vaya a votarse algo antes de febrero como pronto. Se espera previamente que asuma Donald Trump dado que la esperanza es que, bajo una nueva gestión republicana, la Argentina pueda garantizarse el aval de Estados Unidos en el directorio del FMI. Con 16% de los votos, es el único país con poder de veto dentro del organismo de crédito.
Como ningún otro deudor, el Gobierno cerrará el año habiéndole cumplido al FMI una de las promesas más difíciles de todas: conseguir un superávit fiscal importante.
La Argentina, según cifras preliminares que ya manejan en Economía, se apresta a finalizar 2024 con un superávit primario del orden del 1,6% del PBI, y uno financiero –neto del pago de los intereses de la deuda– del 0,2% del producto. Toda una hazaña para un gobierno nuevo y sin experiencia en la gestión pública. Además, la inflación muestra una clara desaceleración.
El dato de noviembre, que terminó con un IPC de 2,4%, según el Indec, sorprendió hasta a los propios economistas que participan de la gestión. “Creíamos que iba a dar más cerca de 2,8%”, confió uno.
El Gobierno, sin embargo, aspira a seguir hachando la inflación en los primeros meses del año, con métodos ortodoxos, como el ancla monetaria y cambiaria, pero también heterodoxos.
Por un lado, de repetirse el comportamiento de noviembre en este mes de diciembre, en el mercado creen que el Gobierno podría avanzar en enero con un recorte de la tasa de devaluación que, desde que se lanzó el programa económico, se mantiene en el 2% mensual.
La lupa sobre algunos sectores
Pero, por el otro, también la idea es avanzar con diversas medidas contra sectores que el Gobierno considera que no funcionan como debieran en un mercado libre. La mano invisible del mercado a veces necesita de una ayudita.
En esa línea se ubica la decisión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) de avanzar en la imputación por “presunta cartelización” de un puñado de empresas de medicina prepaga, dos hospitales sin fines de lucro con planes de salud, y de apuntar directamente contra el presidente de Swiss Medical y expresidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), Claudio Belocopitt.
Ya a las empresas de medicina prepaga se les venía pidiendo que los aumentos de precios que anunciaban mensualmente no excedieran la inflación. En noviembre, sin embargo, los aumentos promediaron 4,75% contra una inflación general que se ubicó casi en la mitad.
También, a través de una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSN), se estableció en septiembre pasado que los aumentos sólo podían comunicarse una vez que se conociera el índice de precios del Indec. No sólo para ponerles una referencia, sino para que las comunicaciones no tuvieran efecto hasta bien entrado el mes ,y de esa manera, morigeraran su impacto en el relevamiento general de precios.
El Gobierno, que tiene en el respaldo popular su principal activo político, sabe que debe alimentarlo periódicamente.
La comunicación es, para la gestión libertaria, tan importante como la gestión. Aunque a partir de ahora ya no se prevén grandes ajustes de tarifas, más que para acompañar la inflación, debe seguir demostrando que el ajuste no es únicamente para la población. También la “casta”, en este caso, la empresaria, debe adaptarse al nuevo escenario.
La de las prepagas no es, por eso, la única industria en la mira. Está preparando un decreto que apunta directamente a la venta de medicamentos bajo receta. Hoy, los usuarios ya pueden elegir el medicamento de venta libre que quieran de las góndolas, sin necesidad de que intervenga un farmacéutico, pero están sujetos a aceptar el medicamento que el farmacéutico elija en el caso de aquellos que se venden con prescripción médica.
Dada la gran dispersión de precios que existe entre las prestaciones de las distintas marcas, la idea del Gobierno sería que las farmacias, en el caso de los remedios con receta, deban presentarles a sus clientes varias opciones.
“Todavía estamos viendo bien cómo se resuelve, pero la idea es acotar la discrecionalidad del farmacéutico, que puede estar influenciado por alguna marca particular, no necesariamente la más barata”, desliza un hombre de La Libertad Avanza.
“Ya hoy los médicos están obligados a recetar genéricos, este es un paso más para que efectivamente el consumidor pueda elegir entre el medicamento que quiera, sea el más barato o el más caro. Si están a la venta es porque los dos tienen la aprobación de la Anmat”, agregó.
Con métodos distintos a los de Guillermo Moreno, el Gobierno no descarta asimismo habilitar algunas importaciones puntuales para contrarrestar aumentos en algunos rubros en la industria de alimentos y bebidas, y de higiene y limpieza. Ya a principios de año, lo había hecho con el caso del pan lactal, cuando, para que bajen los precios, habilitó que se importe de Brasil.
Los salarios mejoraron en dólares, pero tal como mostró un informe reciente de Empiria, la consultora del ex ministro macrista Hernán Lacunza, el ingreso disponible de las familias se mantiene un 14% por debajo del que tenían en noviembre de 2023, en gran medida por el peso que ahora tienen los gastos fijos –servicios públicos, expensas y alquiler– en la economía familiar.
De ahí la necesidad del Gobierno de seguir atento a los precios, además de ofrecerles a los consumidores todas las medidas posibles para simplificarles su día a día, tarea que recae en el siempre eficiente ministro Federico Sturzenegger.
Está claro que el Gobierno no deja nada al azar en la agenda pública. Ya se preparan para un nuevo reclamo salarial universitario apenas comience 2025. Es una realidad que los salarios docentes están hoy muy por detrás de los salarios estatales. Sin embargo, esta vez, y para tranquilidad del ministro Luis Caputo, ya tendrían una idea de cómo financiarlos: con el dinero que vaya a ahorrarse de una eventual eliminación de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), una de las grandes batallas que piensa dar el Gobierno no bien iniciado el año legislativo, o, incluso, antes.
Tipo de trabajo:
análisis
