Mitos y verdades: por qué las tarifas de gas y electricidad son más baratas en el AMBA que en el resto del país

No es raro escuchar a los gobernadores criticar que en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) las tarifas de gas y electricidad son más económicas. Esta definición es cierta, pero tiene varias salvedades. La más importante es que, pese a la diferencia de valores, en todo el país, los usuarios residenciales pagan solo el 24% de lo que vale el gas y el 18% del costo de la generación eléctrica. El resto lo cubre el Estado nacional con subsidios.

Hay dos razones genéricas que explican la diferencia de costos en las tarifas de luz y gas: la carga impositiva (que en algunos municipios es casi el doble que en la Ciudad de Buenos Aires) y el costo de distribución, que disminuye a medida que hay más densidad geográfica, porque el costo de mantenimiento de la infraestructura se distribuye entre más usuarios.

Con relación a los impuestos, alrededor de un 30% del valor final de las boletas son cargas tributarias, ya que los tres niveles gubernamentales (nación, provincia y municipios) gravan el servicio de gas y electricidad porque suele tener baja morosidad.

En cuanto al costo de distribución, no es lo mismo prestar el servicio en centros urbanos densamente poblados, donde el costo del gasoducto o del tendido eléctrico se reparte entre más personas, que hacerlo en el interior provincial, rural y de pequeños pueblos. Además, la topografía del terreno del AMBA es más favorable para mantener la infraestructura, que en zonas del país donde hay sierras, montañas o peor clima.

Luego, las tarifas de gas y electricidad tienen dinámicas distintas. Mientras el ente regulador del gas (Enargas) controla y define las tarifas de las siete distribuidoras del país, el organismo regulador de la electricidad (ENRE) solo controla a las dos distribuidoras del AMBA, Edenor y Edesur; el resto de las empresas distribuidoras son reguladas por organismos provinciales, que definen una parte importante de los incrementos tarifarios.

El año pasado, el Estado destinó US$11.000 millones (alrededor de $1 billón) a los subsidios a la energía (2,3% del PBI). Este año, solo en los primeros cuatro meses (último dato oficial), el Tesoro ya transfirió $439.658 millones, cuando en el mismo periodo de 2021 había destinado $165.448 millones.

Tarifas de gas

Las boletas de gas reflejan el precio de los tres servicios que hacen posible la provisión energética, más la carga tributaria. En promedio, un 39% del valor final de la tarifa refleja el costo de producción (donde operan las empresas YPF, Tecpetrol, Total, PAE, Pluspetrol y Pampa Energía, entre otras); un 10% es el costo del transporte a los centros de consumo (TGN y TGN); un 24% refleja la distribución del gas en los hogares (Metrogas, Naturgy, Camuzzi, entre otras), y el 27% restante es impuestos.

De los tres servicios (producción, transporte y distribución), solo está subsidiado el de producción. La Secretaría de Energía calculó para este año un costo del gas de US$5,76 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), que es el promedio entre lo que cuesta la producción nacional y lo que se importa para suplir los picos de consumo de invierno.

De ese costo total, los usuarios residenciales de todo el país pagan en promedio US$1,41 el millón de BTU con sus boletas; es decir, el 24,4%. El resto lo cubre el Estado con subsidios. Este porcentaje disminuye cada mes con la devaluación de la moneda, ya que lo que se recauda en pesos por las tarifas cada vez alcanza a cubrir menos del costo, que está dolarizado.

Además, hay regiones que tienen el subsidio a las zonas frías, que permite un descuento adicional en el costo del gas de 30%. Este subsidio se amplió el año pasado de 780.000 a 4 millones de usuarios. En total, en el país hay 9,1 millones de usuarios conectados a gas por red, que equivale a 27 millones de personas, aproximadamente, según datos de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas).

Dicho de otra manera: en materia de gas, la zona metropolitana de Buenos Aires, en la mayoría de los casos, no recibe más subsidios que otros lugares del país. Incluso, todo lo contrario, dado que el precio del servicio en algunas provincias está amortiguado por transferencias del Estado.

La luz, otra historia

El valor final de las boletas de electricidad también están compuestas por tres servicios y la carga tributaria. En promedio, un 39% del precio final de la factura refleja el costo de generación eléctrica (donde operan Pampa Energía, Enel, Genneia, YPF Luz, Central Puerto y AES, entre otras); un 2% es el costo del transporte a los centros de consumo (Transener); el 29% es el valor de distribución a los hogares (Edenor, Edesur, Edelap, entre otras) y 30% son impuestos.

Según datos de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, los usuarios residenciales de todo el país cubren solo el 18% de lo que cuesta la generación eléctrica; el resto lo paga el Tesoro con transferencias. Además de estos subsidios, hay distribuidoras que reciben una ayuda económica extra que no está formalizada, como Edenor y Edesur.

El sistema eléctrico funciona de esta manera. Cammesa -una compañía privada, pero controlada por el Estado- decide los despachos de energía eléctrica. Esto significa que compra esa electricidad y se la vende con el 82% de subsidio a las distribuidoras eléctricas. Estas empresas trasladan el precio de venta de Cammesa a los usuarios en las boletas finales; luego deben recaudar lo facturado y darle a Cammesa la parte que le corresponde (el 39% del costo total de la factura).

A diferencia del gas, los ingresos de las empresas de distribución dependen de los entes provinciales, excepto Edenor y Edesur, que son reguladas por el ENRE. El Gobierno repitió en su mandato una política que caracterizó a las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner: darles a Edenor y Edesur pocos incrementos a sus ingresos. Es por eso que las tarifas en el AMBA suelen aumentar por debajo de las subas que permiten los gobernadores en el interior.

Como ejemplo, desde enero de 2019 a la fecha, Edenor y Edesur tuvieron una suba de sus ingresos de solo 30%, mientras la inflación acumulada fue de 260%. Por lo tanto, como a las empresas no les alcanza lo recaudado por tarifas para cubrir sus costos, se financian con lo que deberían darle a Cammesa.

En promedio, le pagan a la compañía eléctrica que administra el mercado solo el 60% de lo que le corresponde, lo que generó ya una deuda acumulada de más de $100.000 millones entre las dos. Es decir, se financian con el Estado. Si bien otras compañías que prestan servicios en las provincias desarrollan prácticas similares, no llegan a esos niveles. Por lo tanto, en electricidad, el AMBA está más subsidiado que en el resto del país.