Modo electoral: ajustan en jubilaciones y gastan en subsidios e infraestructura
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LA NACIONSofía Diamante
En año electoral, en medio de una pandemia y sin margen de financiamiento, el Gobierno tiene que elegir prioridades para que el gasto fiscal no se dispare. Y los datos que mostró en marzo señalan un ajuste en las transferencias a los jubilados y al salario del sector público, y un incremento en el gasto en infraestructura y en los subsidios económicos destinados a mantener congeladas las tarifas de transporte y energía.
Cuando se compara el nivel de gasto primario del primer trimestre versus el del año pasado es prácticamente el mismo: 4,7% contra 4,6% del PBI de 2020, según los cálculos de la consultora Ledesma. De hecho, en términos nominales, creció 36,2%, por debajo de la inflación de 42,6% que hubo en el mismo periodo (caída real de 4%).
Pero la caída del gasto del Estado no es igual para todos. En prestaciones sociales a las jubilaciones, el incremento nominal fue de 28,9%, lo que implica una caída real del 9%, según datos de la consultora LCG.
Esto se explica porque la nueva fórmula previsional, propuesta por el oficialismo y aprobada en el Congreso a fin del año pasado, actualiza el pago a jubilados en base a un promedio del aumento de salarios (Ripte) y de la recaudación de impuestos destinados al sistema previsional. Eso dio un incremento de 8,07%, por debajo del 13% de inflación que hubo en el primer trimestre.
Para compensar esta pérdida, el Gobierno prometió un bono extra de $1500 en abril y mayo para los jubilados y pensionados que cobran por debajo de los $30.856 (1,5 haberes mínimos), que equivale al 70% del total, 7 millones de personas. Esto tendrá un costo fiscal de $14.400 millones, según indicó la Anses.
“El gasto en jubilaciones en términos reales y desestacionalizado tocó un nuevo mínimo en marzo, producto de la aceleración inflacionaria. Sin embargo, no se espera que este ajuste siga, ya que la inflación bajará un poco, entre la apreciación cambiaria que está llevando adelante el Banco Central y el hecho de que estamos más encerrados. Además, en el verano no emitieron mucho dinero. La inflación debería estar más tranquila y las paritarias, por otro lado, siguen adelante. Se espera que parte del salario recupere en los próximos meses”, explicó Andrés Borenstein, economista jefe de Econviews.
El año pasado, si bien el aumento a los jubilados y pensionados “empató” con la inflación, cuando se compara con el incremento que hubieran tenido, si se mantenía la fórmula previsional anterior (que se suspendió por decreto), era de 42%, superior al entre 24,3% y 35,3% que tuvieron efectivamente, dependiendo del nivel del ingreso jubilatorio.
A su vez, en cuanto al gasto en salarios de los empleados públicos, las transferencias reales cayeron 14% en relación con el mismo mes del año anterior (tuvo un aumento de 21,4% nominal). El año pasado, el Ministerio de Economía también había realizado un ajuste con los salarios estatales, luego de que el incremento nominal fuera 27,2%, por debajo del 36,6% de inflación en el mismo período.
Por el contrario, los incrementos que siguen en ascenso son el gasto en capital (infraestructura), que creció 71% en términos reales (142,4% nominal) —ya que la base de comparación del año pasado es bajísima (por la cuarentena no había inversión en obra pública)—, y el de los subsidios a la energía y al transporte, que aumentaron 12% (58,5%) y 17% (65%), respectivamente, explicado por el congelamiento tarifario.
“Más que un ajuste fiscal, cambia la composición del gasto primario corriente: todos los otros gastos caen, incluidas las jubilaciones, y suben mucho los subsidios económicos, que ya están a niveles superiores a 2016 en relación con el PBI, y el gasto en capital, que el año pasado casi no se había ejecutado”, dice Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma.
De igual modo coincide Juan Ignacio Paolicchi, economista de Empiria: “El Gobierno se da cuenta de que el déficit fiscal de la pandemia sin recursos fiscales, sin capacidad de emitir más y con bajo nivel de reservas netas es insostenible. Todo se configura para que el Gobierno tenga que bajar el déficit”.
“El Gobierno se da cuenta de que semejante masa jubilatoria es infinanciable y tiene que recortar en términos reales. Al ajustar estas transferencias, reduce lo que implica el 60% del gasto del Estado. En cambio, se mantiene el subsidio a las tarifas, que tiene más impacto electoral, y se aumenta el gasto de capital porque genera trabajo”, agregó.
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