Moratoria previsional: una vez más, se propone una salida temporal, con alto costo fiscal, a un problema que echó raíces fuertes

El proyecto de ley sobre materia jubilatoria que el Senado aprobó el jueves último por impulso de legisladores muy cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, prevé un sistema de “pago de deudas previsionales”, para que accedan al cobro de jubilaciones y pensiones personas que llegan a la edad de retiro laboral sin cumplir con los requisitos que exige la ley previsional. En la práctica, se trata no de una moratoria en sentido estricto, sino de un plan de compra de activos llamados “unidades de valor”, que representan períodos de aportes que no se hicieron en su momento y a las que se les daría un valor determinado en función de un mecanismo que, según se advierte, no guarda relación con un esquema que considere la necesidad de dar sostenibilidad financiera a los pagos del sistema.

La iniciativa fue dada a conocer en mayo último en medio de la fuerte crisis interna en la que sigue inmersa la coalición de Gobierno. En aquel entonces, se supo que no había sido consensuada, ni siquiera debatida, con el ahora exministro de Economía, Martín Guzmán, pese a que su eventual aprobación tendría costos fiscales y sumaría complicaciones para el objetivo de cumplir con las metas acordadas con el FMI. Según estimaciones de los propios funcionarios que fueron citadas en el debate legislativo, el costo inicial podría ser de unos $200.000 millones en dos años, aunque algunos previsionalistas hacen cálculos que llevan el monto posible a un nivel más elevado. Los compromisos que toma el Estado, por otra parte, son tanto de corto como también de mediano y largo plazo, ya que se trata de beneficios vitalicios.

Si el texto resulta aprobado en Diputados se pondrá en marcha, una vez más, un mecanismo temporal que ayudará sin dudas a muchas personas, otorgándoles un ingreso mensual. La necesidad, sin dudas, existe; pero lo cierto es que no se dará una respuesta de fondo y sostenible a un problema enraizado en la sociedad, derivado de al menos dos aspectos de la realidad. Por un lado, los altos y persistentes índices de precariedad e informalidad laboral, que son la razón por la cual tantas personas llegan a la edad de retiro sin aportes para su jubilación; por el otro, los requisitos exigidos por la ley, que resultan demasiado rígidos ante el cuadro social o que, al menos, merecerían ser objeto de una revisión, dentro de un análisis integral del sistema jubilatorio.

Entre los jubilados actuales y también entre quienes en estos meses obtienen el alta de una prestación, son más los que recurrieron a una moratoria que quienes no lo hicieron. Pero el hecho de que depender de un mecanismo de excepción sea más habitual que ir por la regla general parece no llamar la atención de funcionarios y legisladores. Y en la práctica, entonces, no se debate alguna solución que vaya a la raíz de un problema que no es temporal, sino persistente.

Ante la realidad de que cae la cantidad de personas que llegan a la edad jubilatoria cumpliendo con lo exigido por ley, una recomendación que hacen economistas y previsionalistas es que, en lugar de insistir con medidas del tipo de las moratorias, se mejore el diseño de una prestación no contributiva que, con vigencia permanente, ya existe.

En la última década y media, las moratorias ganaron tal protagonismo que, de las 5.229.503 jubilaciones liquidadas cada mes en el primer trimestre de este año, 3.408.201 (65%) tuvieron esos planes, según datos de la Secretaría de Seguridad Social. Y de las 1.623.181 pensiones, 204.816 tuvieron moratoria. En total, son más de 3,6 millones los beneficios obtenidos a través de este mecanismo, para el cual no hubo cálculos de costos ni previsión del financiamiento.

El nuevo proyecto no implica una extensión directa de las moratorias vigentes (las de las leyes 24.476 y 26.970), para las cuales se reduce progresivamente la posibilidad de acceso. ¿Por qué ocurre esto último? Porque, como se permite declarar deudas por aportes correspondientes a ciertos períodos y hasta una fecha determinada, a medida que pasa el tiempo menos personas pueden entrar, y las que pueden ingresar lo hacen por períodos cada vez más cortos. Eso determina una desigualdad en el acceso a un beneficio, que finalmente depende de la fecha de nacimiento de cada persona.

“Hay un problema central: la seguridad social está armada con una lógica contributiva, en un país que tiene una informalidad que no la aguanta”, dice el economista Sergio Rottenschweiler, especializado en temas previsionales y docente en la Universidad de General Sarmiento.

Y agrega: “La moratoria siempre tuvo una lógica de excepción; se dispone para que rija mientras esperamos que el mercado laboral formal se recupere y vuelva a construir el círculo de inclusión a través del trabajo. Sin embargo, eso no termina pasando y son necesarias nuevas medidas para sostener la cobertura, sin una visión integral del problema”.

Cómo funcionaría el plan

El proyecto prevé un plan de pagos al que podrán acceder, durante dos años, quienes tengan o cumplan la edad jubilatoria (60 años las mujeres y 65 años los varones). Se permitiría en esos casos la declaración de aportes correspondientes a meses previos al inicio de 2009. Además, se habilitaría el ingreso a los planes de pago a quienes estén en edad laboralmente activa, pero a una distancia de hasta 5 años de la edad de retiro; en este caso, quienes tengan al menos 55 años (mujeres) o 60 años (varones) podrían comprar períodos hasta el 31 de marzo de 2012.

El mecanismo, diferente al de una moratoria en sentido estricto, funcionaría así: se definiría un valor en pesos para una “unidad de pago de deuda previsional”, que se adquiriría en una cantidad suficiente para llegar, en cada caso, a los 30 años. Cada unidad representaría un mes de aporte y valdría el 29% de la base salarial para calcular los descuentos a la seguridad social, que se actualiza trimestralmente. En la actualidad, el valor de cada mes de aportes sería de $3665,14. Es decir, se “compraría a crédito” una cantidad de esas unidades y luego se armaría un plan de pagos de hasta 120 cuotas, que se descontarían del haber mensual.

“Es una compra, ya no camuflada, de ‘trabajé pero no pagué’ de meses de ‘servicios’; para mí, es una burla a la ley, que exige servicios y no el mero pago de dinero”, cuestiona la abogada Elsa Rodríguez Romero.

Según una estimación del abogado Adrián Tróccoli, si adhieren en el corto plazo unas 750.000 personas (tal como indican las proyecciones oficiales), y si se considera una prestación promedio de $40.000 mensuales, a la cual habría que restarle el monto de las cuotas de los planes de pago (las cuotas de quienes se jubilen enseguida y las de quienes se inscriban estando en edad activa, para ir regularizando su situación), podría haber un costo inicial de $26.000 millones cada mes.

Todo cálculo, claro, se basa por ahora en supuestos sobre datos que solo se conocerán con la implementación. Y habría que descontar el costo de las pensiones para el adulto mayor (la PUAM) que se otorgarían en caso de no existir el régimen propuesto. Pero también, según advierte Tróccoli, hay que tener en cuenta que quienes hoy perciben esta última prestación podrían renunciar a ella para adherir al nuevo plan. Y eso sumaría más costo fiscal de mediano y largo plazo.

La PUAM, creada en 2016 y pensada como el reemplazo progresivo de las prestaciones otorgadas por moratorias, es una prestación para quienes tienen al menos 65 años, cumplen ciertas condiciones en cuanto a su situación socioeconómica y no cuentan con aportes suficientes, sin importar si no hicieron ninguna contribución o si acumularon varias, una cuestión esta última que no pocos dicen que debería corregirse. El monto, igual para todos (hayan hecho o no algunos aportes), equivale al 80% del haber mínimo.

“Si la PUAM es insuficiente o no alcanza a un grupo de mujeres [por el requisito de los 65 años], habría que hacer un proyecto para corregirla –dice el economista Oscar Cetrángolo–, en lugar de hacer más medidas de excepción”, como lo son las moratorias o, como en el caso del proyecto actual, los planes de compra de períodos de aportes.