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El desafío que enfrenta la Argentina para multiplicar por cinco las exportaciones de la minería
La senadora por Salta analizó el avance de los proyectos incorporados al RIGI, advirtió sobre el déficit de infraestructura y explicó qué impacto puede tener la actividad en las provincias
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RedactorIñaki Zurueta
La minería argentina tiene potencial para multiplicar al menos por cinco sus exportaciones, pero su crecimiento dependerá de la capacidad del país para resolver las deficiencias de infraestructura y convertir las inversiones en una plataforma de desarrollo para las provincias. Así lo planteó Flavia Royón, senadora nacional por Salta y exsecretaria de Energía y de Minería de la Nación, en una conversación junto a José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, en el marco del segundo capítulo del encuentro de Minería.
La actual secretaria ejecutiva de la Mesa de Litio sostuvo que los primeros resultados de los proyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) deben analizarse de acuerdo con los tiempos propios de iniciativas de gran escala. “El RIGI es un régimen para grandes inversiones. Son proyectos de envergadura que van a tener su maduración en el mediano plazo”, explicó.
En ese sentido, señaló que los desarrollos de gas natural licuado (GNL) y cobre comenzarán a producir divisas principalmente a partir de 2028. Algunos ya se encuentran en construcción y otros atraviesan las etapas previas de preparación e ingeniería.
La senadora comparó esa evolución con la trayectoria reciente del sector energético, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta. Según indicó, la balanza energética pasó de registrar un déficit de US$4000 millones en 2022 a un superávit mayor a US$8000 millones. “Vaca Muerta le dio una solución extraordinaria y estructural a la Argentina para un problema también estructural: el faltante de dólares”, sostuvo. “El sector energético dio vuelta su balanza y eso va a seguir creciendo”, añadió.
Para Royón, la minería todavía se encuentra en una instancia mucho más temprana. “El año pasado las exportaciones estuvieron en torno de los US$6000 millones, pero el sector minero recién comienza. La Argentina tiene potencial para multiplicar lo que vemos hoy por lo menos por cinco”, aseguró.
El impacto en las provincias
Aunque tanto la minería como la energía son actividades intensivas en capital y su incidencia sobre el empleo nacional puede resultar acotada en términos relativos, Royón remarcó que el efecto cambia cuando se lo observa desde cada territorio.
“La creación de 10.000 o 12.000 puestos de trabajo te cambia una provincia. Es claramente relevante. A nivel nacional puede perderse dentro del agregado, pero a nivel local tiene un gran impacto”, explicó. En ese marco, definió a la minería como “la revancha del interior del país hacia el desarrollo”, frente a una estructura económica históricamente concentrada en el centro de la Argentina.
Al mismo tiempo, Royón vinculó ese debate con el desafío más amplio de transformar los recursos naturales en beneficios duraderos para las economías provinciales. “El recurso minero no es renovable. Por eso hay que buscar que apalanque el desarrollo del turismo, de otros sectores productivos, de la mano de obra y de los proveedores locales”, afirmó.
En ese punto, destacó las leyes provinciales de compre local, pero advirtió sobre una desventaja para las empresas argentinas. “Hoy la importación tiene más ventajas que el proveedor local y esto es un problema”, dijo.
El déficit de infraestructura
La expansión de la minería y la energía, advirtió Royón, estará condicionada por las carencias que existen en la infraestructura. “Es un país muy extenso donde faltan rutas, ferrocarriles, gasoductos y líneas eléctricas, y eso es una gran limitante”, sostuvo.
En el caso de las rutas, pidió que las inversiones no sean evaluadas únicamente en función de un proyecto extractivo. “Detrás de una ruta pavimentada y en condiciones se desarrollan el turismo y el intercambio de productos y servicios. Es un vector de desarrollo”, explicó.
También consideró vital la recuperación del ferrocarril para conformar una matriz logística competitiva y mencionó el transporte de arena hacia Vaca Muerta como uno de los problemas que requieren una respuesta de infraestructura. El movimiento de grandes volúmenes de ese insumo, utilizado en la fractura hidráulica, aumenta la presión sobre las rutas y los sistemas de transporte.
Otro de los puntos señalados fue el abastecimiento de gas para el norte del país. Royón recordó que la segunda etapa del gasoducto proyectado para llevar gas hasta San Jerónimo y distribuirlo hacia el NOA y el NEA fue suspendida y que las obras posteriores de ampliación y repotenciación no resolvieron ese objetivo original. “Necesitamos resolver que el gas de Vaca Muerta llegue al NOA y al NEA para permitir el desarrollo industrial y tener una matriz energética competitiva”, afirmó.
Al mismo tiempo, la capacidad de transmisión eléctrica representa otro límite. “La red de alta tensión en la Argentina está colapsada”, dijo Royón. Según explicó, esa situación dificulta tanto la incorporación de proyectos renovables como el crecimiento de nuevos emprendimientos productivos.
“Hoy un parque solar o eólico se instala donde existe capacidad de transmisión y no necesariamente donde es más competitivo producir esa energía”, indicó. Resolver esa restricción permitiría, además, aprovechar una ventaja comparativa para la minería argentina como producir minerales con una huella de carbono menor que la de otros países.
“La minería es uno de los sectores más intensivos en energía. En el mundo muchas veces se abastece con carbón, gasoil o fueloil. La Argentina tiene la posibilidad de producir energía solar y eólica muy competitiva, además de contar con el gas de Vaca Muerta”, explicó.
La Ley de Tierras, un punto en debate
Durante el panel, Royón también se refirió al proyecto para modificar el régimen de propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros. Consideró que la iniciativa no fue explicada suficientemente y cuestionó algunas de las interpretaciones que circularon en el debate público.
“Ser dueño del terreno no te da derechos sobre el subsuelo. En la Argentina, el subsuelo es del Estado y tiene un régimen legal distinto”, aclaró. A su vez, defendió una mayor intervención de las provincias debido al carácter federal del país y a que los recursos naturales pertenecen a las jurisdicciones provinciales.
También señaló que el desarrollo del potencial agroindustrial requiere capitales que hoy no se encuentran disponibles únicamente dentro del país. Como ejemplo, mencionó inversiones extranjeras en bodegas e ingenios que operan bajo la legislación argentina, generan empleo y pagan impuestos. Sin embargo, aclaró que esa apertura debe estar acompañada por controles y resguardos específicos.
“Hay que tener un registro y una mirada que permita evitar las grandes concentraciones”, afirmó. También consideró necesario proteger las zonas de frontera, de seguridad y aquellas consideradas estratégicas, materias que definió como competencia nacional. Además, se mostró de acuerdo con impedir que otros Estados compren tierras en el país.
Al referirse a la experiencia internacional, dijo que países como Canadá, Estados Unidos y Australia no aplican un límite nacional uniforme similar al argentino y que muchas de las atribuciones corresponden a los Estados subnacionales. También destacó que Australia analiza las operaciones individualmente y señaló que Brasil cuenta con un tope del 25%, porcentaje contemplado en la modificación debatida en la Argentina. Su posición, resumió, consiste en “no demonizar al inversor extranjero”, pero sí distinguir entre una adquisición especulativa y una inversión que asume riesgos, incorpora capital y genera empleo.
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