Empresas argentinas en crisis: default corporativo y reestructuración de deuda
Este año hubo una serie de firmas que no pudieron cumplir con sus obligaciones de pago y acumulan un default de US$2000 millones; qué soluciones judiciales se encontraron
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El 2025 comenzó con una novedad poco frecuente en el mundo empresarial argentino: el regreso de los defaults y los procesos concursales en empresas denominadas “grandes”.
Hoy, las empresas Los Grobo, Surcos, Bioceres, Speed Agro, Celulosa Argentina, Rafael G. Albanesi, Generación Mediterránea y Aconcagua Energy sumadas, exhiben un nivel de default cercano a los US$2000 millones. Encabezan una nueva tanda de compañías que han debido iniciar procesos de reestructuración de deuda, algunos aún en instancias negociadas y amistosas, otros ya en vías judiciales.
El contexto económico de 2023-2024, marcado por el cepo cambiario, un exceso de liquidez en pesos y la búsqueda de rendimientos para protegerse ante una posible devaluación, empujó a los administradores de carteras corporativas a volcarse hacia títulos de deuda, como obligaciones negociables y pagarés bursátiles, de emisoras con EBITDAs débiles. Esta dinámica puso a disposición de estas empresas una financiación prácticamente sin costo. Sin embargo, con el aumento de los costos en dólares, la escasez de pesos y la imposibilidad del rollover, el default se volvió inevitable en estos casos.
El volumen de defaults podría haber sido mayor de no haberse incorporado en la reforma de la Ley de Obligaciones Negociables de 2018 las cláusulas de acción colectiva (CACs). En un camino inverso al habitual, estas herramientas —originadas en el ámbito de la deuda soberana— fueron adoptadas por el sector corporativo privado. Su impacto ha sido significativo: gracias a ellas, la última reestructuración de bonos soberanos de la Argentina se resolvió en cuatro meses, a diferencia del extenso proceso de 14 años que se inició en 2002 y concluyó recién en 2016.
Las CACs permitieron que empresas con altos niveles de endeudamiento pudieran refinanciar o reestructurar sus pasivos sin necesidad de recurrir a los tribunales judiciales. Hasta la reforma de 2018, evitar un APE o concurso requería, en la práctica, la unanimidad de los acreedores para aplicar una quita o espera, algo casi inviable en mercados atomizados como el de las obligaciones negociables.
Desde entonces, los propios términos de emisión prevén que, con el apoyo del porcentaje de tenedores que fije el contrato de emisión (65%, 75%, 90%), se pueda imponer un canje por nuevos títulos o enmendar condiciones para introducir quitas o esperas. En otras palabras, el contrato establece sus propias reglas de modificación por mayoría, habilitando así una solución contractual al default: más eficiente, menos costosa y más rápida que la vía judicial.
En casos complejos, en los que normalmente se negocia en forma directa con un comité de bonistas que aseguran un porcentaje relevante de apoyos, las CACs (que exigen mayorías por serie) pueden ir de la mano del APE (que permite agregar las mayorías, buscando los dos tercios del total). Actualmente, las empresas del Grupo Albanesi (GMSA, CTR, GELI y Albanesi Energía S.A.), con un default superior a los US$2000 millones y un menú muy amplio de ONs en default, tanto locales como internacionales, están transitando este camino.
Paralelamente, estos últimos meses también mostraron otra novedad alentadora en el mundo de la reestructuración de deudas corporativas: el reconocimiento de la prioridad de los derechos de los acreedores por sobre los de los accionistas ante una situación de equity negativo. Así, en Aconcagua Energía, el grupo de control debió aceptar, para salvar la empresa, el ingreso de nuevos accionistas (Vista y Trafigura) quienes aportaron los fondos necesarios para paliar la tormenta y asumieron el control del 93% equity.
El contraste es elocuente. Mientras que la solución de la crisis financiera en Aconcagua Energía llevó solo tres meses y en Molinos Cañuelas se extendió por cinco años (con ofertas del 12,5% a la homologación, 37% a seis años y 100% a 13 años), en Vicentín tomó más de cinco años llegar a la conclusión obvia: que, con el nivel de deuda que tenía la empresa, su equity era negativo. Mientras tanto, los bancos internacionales se desprendieron de sus créditos por más de US$400 millones a apenas 11 centavos por dólar, y el resto de los acreedores continúa esperando una solución.
Hace unos días se conoció que Celulosa Argentina, una empresa con acciones listadas en la Bola de Valores (BYMA) y una deuda superior a los US$120 millones, cambiaba de manos por apenas un dólar.
El cambio de control en situaciones de insolvencia y la capitalización de créditos existentes o provenientes de nueva financiación, o inclusive la venta de la empresa como unidad productiva en marcha, ya sea en concurso o en quiebra con continuidad, siempre con autorización judicial y asegurando la continuidad laboral, constituyen hoy las soluciones más comunes y eficientes para este tipo de crisis en los países que debemos tomar como ejemplo. Esperemos que esta tendencia siga consolidándose, y que se incorporen los cambios legislativos necesarios para alentar y facilitar estas soluciones.
Por Tomás M. Araya, Socio del área de Reestructuraciones de Bomchil
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