Fusiones empresarias: negocios, poder y lobby en la era Trump
Denuncias judiciales sugieren que lobistas vinculados al movimiento MAGA negocian directamente acuerdos antitrust en nombre de grandes compañías
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“¿Tres en dos? Hay que demandar.” Ese fue el veredicto que Mike Davis, un abogado conservador combativo y cercano a Donald Trump, publicó en línea a fines de enero del año pasado. La propuesta de fusión entre Hewlett Packard Enterprise (HPE) y Juniper, dos de los tres principales proveedores de equipamiento de redes inalámbricas en Estados Unidos, junto con Cisco, le parecía a Davis un claro riesgo para la competencia en el mercado. El Departamento de Justicia (DoJ) coincidió. Ese mismo día había presentado una demanda para bloquear la fusión.
Al inicio del segundo mandato de Trump, parecía que este tipo de fusiones enfrentaría una fuerte resistencia. Durante la campaña, J.D. Vance criticó con dureza el poder de las grandes empresas, en particular las tecnológicas de Silicon Valley. En marzo del año pasado, Gail Slater, ex asesora del vicepresidente, asumió la dirección de la división antimonopolio del DoJ —uno de los dos organismos responsables de hacer cumplir las leyes de competencia en Estados Unidos— y pronto comenzó a negociar con dureza con HPE.
Mucho ha cambiado desde entonces. En junio, el DoJ llegó a un acuerdo con HPE y Juniper, permitiendo que la fusión avanzara con pocas concesiones. Otras megafusiones —incluidas las de Compass con Anywhere Real Estate, dos grandes firmas inmobiliarias, y Capital One con Discover, compañías de crédito al consumo— también fueron aprobadas. El mes pasado, el DoJ cerró una demanda antimonopolio contra Live Nation, dominante en la venta de entradas para grandes conciertos. Semanas antes, Slater había renunciado a su cargo, supuestamente forzada a hacerlo.
Todo esto podría tener una explicación sencilla: aunque Vance se vea como un nuevo Theodore Roosevelt, a su jefe le fascinan los acuerdos. Sin embargo, crece la evidencia de algo más preocupante. El 23 de marzo comenzaron audiencias en una demanda presentada por un grupo de fiscales generales estatales que cuestionan el acuerdo entre HPE y Juniper. Documentos judiciales y testimonios bajo juramento —incluido el de Roger Alford, abogado republicano y ex subordinado de Slater— sostienen que el DoJ está aprobando fusiones bajo presión de figuras influyentes del movimiento MAGA que, a su vez, cobran de las empresas investigadas.
El principal operador sería el propio Davis, contratado por varias compañías que lograron resultados notablemente favorables en sus negociaciones con el DoJ. Davis no tiene experiencia en litigios de fusiones ni está registrado como lobista. Aun así, fuentes indican que cobra US$300.000 mensuales más un bono de éxito de al menos US$1 millón (y a veces mucho más) por conseguir la aprobación de una fusión o un acuerdo favorable. A modo de comparación, el mayor pago mensual a un representante en Ballard Partners —el lobby más rentable de Washington— fue de US$200.000 el año pasado. La estructura de honorarios, con bonus por resultados, también es inusual. Un veterano de Washington lamenta: “Nunca fue tan venal”. El ascenso de Davis muestra el surgimiento de una nueva especie de operador político en Estados Unidos.
No hace mucho, Davis y Slater eran cercanos. En febrero del año pasado, el día de la audiencia de confirmación de ella en el Senado, él publicó una foto juntos y la elogió como alguien que ayudaría a “hacer a Estados Unidos competitivo otra vez”. Pero la relación se deterioró cuando Davis intentó capitalizar sus vínculos con MAGA, comenzando con el caso HPE-Juniper. Junto con Freshfields, un prestigioso estudio jurídico contratado como asesor principal, HPE incorporó a Davis, además de William Levi —quien había liderado la transición en el DoJ antes del regreso de Trump— y Arthur Schwartz, lobista cercano a Vance y Donald Trump hijo.
Según la presentación de los fiscales estatales, estos tres hombres —a quienes llaman “los lobistas”— comenzaron a negociar con el DoJ. Se reunieron con Omeed Assefi, entonces jefe interino de la división antimonopolio, en el Metropolitan Club, un exclusivo club privado, y elaboraron una propuesta de acuerdo. Cuando la presentaron al DoJ, Bill Rinner, subordinado de Slater, la rechazó por no abordar las preocupaciones sobre competencia. Slater tampoco quedó conforme.
El documento judicial sostiene que hubo “intensos intercambios verbales y por mensajes” entre Slater y Davis, quien habría amenazado con hacerla despedir. El equipo de Slater insistió en negociar únicamente con los abogados oficiales. “No vamos a negociar acuerdos de fusiones entre martinis”, dijo Rinner en un discurso en la Universidad George Washington.
Según los documentos, los lobistas recurrieron entonces a Chad Mizelle, jefe de gabinete de la fiscal general Pam Bondi. Mizelle habría pedido a Stanley Woodward, funcionario del DoJ sin experiencia en competencia, que tomara el control de las negociaciones. El equipo de Slater no volvió a participar hasta horas antes de que se presentara el acuerdo a fines de junio. Un mes después, Alford y Rinner fueron despedidos. En agosto, Alford dio un discurso relatando algunos de estos hechos; luego se presentó una queja para que le quiten la matrícula por hablar de decisiones del DoJ.
Negocios al estilo Tunney
Que ahora salga más evidencia se debe a la ley Tunney de 1974, aprobada tras la corrupción del gobierno de Richard Nixon. En 1969, Richard McLaren fue nombrado jefe antimonopolio del DoJ y abrió tres investigaciones contra ITT, un gigante corporativo de la época. Las tres se resolvieron discretamente con acuerdos favorables dos años después. Luego se supo que Nixon había llamado a su vicefiscal general, Richard Kleindienst, después de que ITT prometiera donar US$400.000 (equivalentes a US$3,2 millones actuales) para financiar la convención republicana. “Quiero que esto quede claro: el tema ITT, ni te metas. ¿Está claro? Es una orden”, dijo el presidente.
Luego vino el escándalo Watergate. La llamada se hizo pública en 1974 como parte de las grabaciones del caso, tras lo cual Nixon renunció. Ese mismo año, su sucesor Gerald Ford promulgó la Ley Tunney, que obliga al gobierno a justificar por qué un acuerdo de fusión beneficia al interés público y exige a las empresas revelar todos sus contactos con el Poder Ejecutivo.
Desde entonces, muchos acuerdos fueron revisados bajo esta ley, pero ninguno rechazado. El caso HPE-Juniper exigía que HPE se desprendiera de “Instant On”, un producto para pequeñas empresas. El juez Casey Pitts parece escéptico: la medida poco hace para proteger la competencia en clientes corporativos grandes. Sin embargo, la fusión ya se concretó, y el juez solo puede aceptar o rechazar el acuerdo, no revertirla. Si lo rechaza, el DoJ podría simplemente abandonar el caso original.
Davis ha usado este acuerdo como carta de presentación. Representó a Compass en su compra de Anywhere Real Estate —una operación que, según informes, Slater no pudo investigar por decisión del vicefiscal Todd Blanche— y que se cerró en cuatro meses. También, junto a Kellyanne Conway, representó a Live Nation en su acuerdo por presunta monopolización del entretenimiento en vivo.
Ruido blanco
No está claro cuánto influye la Casa Blanca. Davis, que figuraba entre los posibles candidatos para dirigir el DoJ, asegura ser cercano a Trump. Según una investigación del Wall Street Journal, cuando comenzó el juicio contra Live Nation, Trump llamó a varios funcionarios preguntando por qué no se había cerrado el caso. A comienzos de marzo, el CEO de la empresa se reunió con Bondi, Assefi y el asesor legal de la Casa Blanca, David Warrington. El acuerdo se firmó ese mismo día. No hay evidencia de quid pro quo, aunque Live Nation donó US$500.000 al fondo de asunción de Trump.
El DoJ defendió todos los acuerdos. En HPE-Juniper, sostuvo que protegen la competencia; en Compass, que la visión de Slater era “defectuosa”; y en Live Nation, que el acuerdo generará “más anfiteatros independientes”. Davis, por su parte, afirma que su trabajo fue “malinterpretado” con fines políticos y recuerda que sus clientes “tienen derecho a representación legal y a peticionar ante el gobierno”.
Aun así, hay otras acusaciones de tráfico de influencias durante el segundo mandato de Trump. En noviembre de 2024, Boris Epshteyn fue acusado de pedir dinero a cambio de recomendar un nombramiento en la Marina (lo niega). En diciembre, Trump otorgó un indulto preventivo a Tim Leiweke, acusado de manipular una licitación, quien habría contratado a Trey Gowdy para ayudarlo.
Los adversarios del presidente ven una oportunidad. Demócratas como Amy Klobuchar, Cory Booker y Elizabeth Warren pidieron investigar los acuerdos antimonopolio y solicitaron información adicional. Si recuperan el control del Congreso en las elecciones de medio término, tendrán más poder para investigar. Mientras tanto, entre los círculos MAGA parece haber una sensación de oportunidad para enriquecerse. Por ahora, sigue abierta.
