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Las razones detrás del conflicto entre Mercado Libre y Temu
El enfrentamiento entre las plataformas llegó a la Corte Suprema tras acusaciones por publicidad engañosa, precios predatorios, abuso de posición dominante y maniobras procesales
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El desembarco de Temu en el mercado argentino no solo alteró el algoritmo de los consumidores, sino que desató una de las batallas legales más intensas del ecosistema digital. Y lo que comenzó como una denuncia ante el Ministerio de Economía, hoy se transformó en un complejo tablero de acusaciones cruzadas de competencia desleal y abuso de posición dominante, que escaló a la Corte Suprema de Justicia.
Según pudo reconstruir LA NACION a partir del expediente judicial, el conflicto estalló en julio de 2025. Fue cuando Mercado Libre presentó una denuncia administrativa contra Elementary Innovation -conocida como Temu- ante la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno.
Se trata de la autoridad de aplicación del Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial, que modificó la ley de Lealtad Comercial y tiene por objeto “asegurar la lealtad y transparencia en las relaciones comerciales y garantizar el acceso a información esencial sobre los productos y servicios comercializados”. Está a cargo de Hernán López Toledo y depende del Ministerio de Economía de la Nación.
Los argumentos de la empresa fundada por Marcos Galperin se centraron en tres pilares:
- Publicidad engañosa: acusó a Temu de presuntamente captar usuarios mediante promesas de productos gratuitos o descuentos del 100% que, en la práctica, eran imposibles de obtener.
- Precios predatorios: denunció una supuesta estrategia agresiva de vender por debajo del costos para ganar mercado rápidamente.
- Mecanismos coercitivos: advirtió el posible uso de juegos y dinámicas de “urgencia” que inducen al error del consumidor.
Uno de los documentos señala: “MELI indicó que la estrategia de Temu en el país se basa en prácticas consideradas desleales, tales como: publicidad engañosa; promociones con precios por debajo del costo real, incluso con falsos descuentos del 100%; juegos y dinámicas que prometen beneficios que luego resultan inaplicables; ofertas falsas sujetas a condiciones ocultas, como montos mínimos de compra no informados previamente; incumplimiento del deber de brindar información clara y veraz al consumidor”.
Desde el unicornio argentino señalaron que estas acciones revelan una estrategia comercial intencionalmente orientada a distorsionar el mercado, afectar la competencia y vulnerar los derechos fundamentales de los consumidores. “Esta situación está estrictamente vinculada al cumplimiento de normas sobre publicidad engañosa y no tiene ninguna relación con la apertura de las importaciones, que Mercado Libre apoya. De hecho, ya ofrece productos importados en su plataforma a través de la categoría de compras internacionales”, afirmaron a LA NACION.
Y enfatizaron: “Mercado Libre compite con grandes jugadores en toda la región. La compañía opera en uno de los sectores más dinámicos y abiertos de la economía, donde coexisten plataformas globales, cadenas físicas, canales digitales y una enorme diversidad de empresas que ofrecen alternativas todos los días”.
La denuncia de Mercado Libre llegó cuatro meses después de que el gigante asiático iniciara operaciones en el país, y luego de que armara una agresiva campaña para llegar a las redes sociales de los argentinos, y cerrara una alianza con el operador logístico Andreani para distribuir los paquetes. En julio ya habían reportado cerca de 300.000 envíos mensuales, fundamentalmente de bijouterie, juguetes, accesorios y ropa.
La contraofensiva de Temu
Temu no tardó en responder, calificando la acción de su competidor como una estrategia de “sham petitioning” o litigio abusivo. Según la firma de origen asiático, el objetivo de Mercado Libre “es hostigar a los nuevos entrantes mediante denuncias infundadas para así elevar los costos de ingreso al mercado para empresas emergentes como Temu, con el fin de asegurar a toda costa la consolidación en el tiempo de la posición de dominio que detenta”.
“La denuncia no persigue la tutela de la lealtad comercial ni del interés de los consumidores, sino la preservación de una posición hegemónica de MELI, lo cual configura un uso abusivo del aparato administrativo en beneficio particular de la denunciante”, dice Temu en su descargo.
Frente a ello, Temu solicitó sanciones contra Mercado Libre por falsa denuncia, argumentando que la denuncia original carecía de sustento fáctico y probatorio, y se basó en evidencia parcial, recortada o correspondiente a otras jurisdicciones.
“MELI adjunta selectivamente imágenes palmariamente recortadas que alteran el contexto real e impiden visualizar la interfaz completa del usuario. Esta manipulación omite deliberadamente información clave a la que el usuario tiene acceso en la plataforma, induciendo así al error sobre la verdadera experiencia de uso”, señalan desde Temu.
Y añaden: “La prueba presentada no solo no es idónea por carecer de certificación o constancias de autenticidad y por presentar claros signos de adulteración, como recortes. Sino que además se acompañan imágenes de juegos como ‘El Acuario’ y ‘La Granja’, omitiendo señalar que estas corresponden a operaciones en los Estados Unidos Mexicanos y no en la República Argentina”.
En su descargo, desde Temu expusieron que Mercado Libre también utiliza tácticas de urgencia como las “ofertas relámpago” y que incluso oculta costos de envío que duplican el precio final del producto.
“A modo de ejemplo, puede verse de la siguiente imagen del sitio web de MELI un Disco de Amoladora por $3626, y el valor de un Jeep Renegade a US$7800. Sin embargo, ninguno de ellos es el valor final de venta al público. Tampoco se aclara con anticipación que la condición de la compra es la contratación del envío impuesto por MELI, y que si no se paga el envío no se podrá concretar la compra”, explican en uno de los documentos que conforman el expediente.
La intervención oficial y el paso a la Justicia
En noviembre de 2025, la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno (DNPDMI) decidió imputar a Temu. Tras realizar una verificación de oficio, la autoridad constató que los productos publicitados como gratis en realidad requerían compras adicionales por “montos elevados” para ser efectivos.
Por ello, en noviembre, dictaminó una medida preventiva: le ordenó a Temu suspender toda publicidad efectuada en los canales digitales, propios o de terceros -sitio web, aplicación móvil y redes sociales- y anuncios o mensajes promocionales engañosos. La autoridad argentina tomó como antecedente un fallo del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria de Chile, que ya había sancionado a Temu por prácticas similares.
Este mes, el conflicto escaló a la Justicia Federal. Temu solicitó una medida cautelar contra la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno para que se abstenga de avanzar en el proceso. La empresa alegó que el proceso administrativo está “plagado de vicios”.
Por un lado, Temu denunció que la autoridad clausuró el período de prueba de forma arbitraria el 9 de enero, sin haber resuelto antes sobre la procedencia de las pruebas ofrecidas por la empresa, ni notificar la apertura del período, ni permitir su producción.
Por el otro, desde la firma aseguraron que, si no se frena el trámite, no solo sufrirían daños irreparables, sino que se “estaría validando el actuar arbitrario e inviable de la administración, que pareciera manejarse como un ‘todopoderoso’ ignorando el sistema jurídico argentino”.
En su presentación, Temu sostuvo que la imputación y la medida preventiva dictadas en su contra no solo “fueron ordenadas por un funcionario carente de facultades legales para hacerlo”, sino que “todo el procedimiento fue irregular y durante el mismo se violó su derecho de defensa”.
Inicialmente, el expediente fue asignado a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. No obstante, la Sala de Feria se consideró incompetente por cuestiones de constitucionalidad -en tanto un decreto no puede asignarle competencias al Poder Judicial- y reenvío el caso a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que también se declaró incompetente. Esto dio lugar a “un conflicto negativo de competencia”. A partir del próximo lunes 2 de febrero, cuando se reactive la actividad judicial, la Corte Suprema será la encargada de resolver quién tomará el caso.
